Triana está pagando un alto precio por gozar de fama internacional. El popular barrio sevillano es un foco de atracción para los turistas cuya presencia masiva se está traduciendo en un nuevo éxodo vecinal, incapaz de hacer frente a los desorbitados precios de la vivienda o el cierre de comercios tradicionales
La preocupación por los efectos de la masiva presencia de turistas en Triana va en aumento, como demuestra la reciente creación de CACTUS, un colectivo vecinal contra la turistización de Triana que ha puesto en marcha una campaña para denunciar «las injusticias sociales y la desigualdad espacial que provoca la actividad turística en Sevilla».
La presión turística en el mercado inmobiliario está provocando indudables efectos no deseados, desplazando a numerosos vecinos y familias que no pueden hacer frente a los altos precios del menguante mercado inmobiliario destinado a familias frente a turistas, especialmente el alquiler. Al respecto, este colectivo recuerda que los poderes públicos «deben impedir la especulación, no solamente de carácter urbanístico, también turístico».
Este miércoles, IU de Triana celebró un debate sobre la turistización del barrio en el que se expusieron situaciones reales por la que atraviesan los vecinos. Diego Parra, de la Asociación Vecinal Triana Norte, hizo hincapié en la importancia «de arraigar los vecinos al barrio, siendo necesaria una auténtica política en vivienda pública por parte de los Organismos Públicos». Amalia Vahi, profesora de derecho Público de la UPO, analizó el problema del turismo desde un punto de vista medioambiental, y reclamó la necesidad de tener un modelo de ciudad para Sevilla. También se produjeron críticas con respecto a los efectos de la peatonalización de parte de la calle San Jacinto «para el disfrute de los vecinos y ahora es más intransitable que antes por culpa de los veladores»
Los vecinos de Triana que se han agrupado contra la turistización, han demandado tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Sevilla una moratoria en la concesión de licencias a viviendas con fines turísticos en territorios saturados, la recuperación de una política de vivienda pública conforme a la demanda existente en la ciudad y la regulación de los precios de alquiler, «sobre todo en relación a las subidas desorbitadas que se están produciendo, para contrarrestar los efectos que la masificación turística provoca en el mercado». También exigen el incremento del personal de inspección dedicado al control de las viviendas con fines turísticos, especialmente las que no tienen licencia, así como una regulación efectiva para impedir que se publiciten en las plataformas Airbnb o Homeaway viviendas con fines turísticos ilegales.
Las decisiones y las políticas que vayan a ponerse en marcha en adelante deben contar con la opinión de los vecinos, que reclaman presencia en los procesos participativos «reales» a la hora de realizar estudios y diseñar políticas públicas sobre el turismo que se ejecuten de manera integral.
