Es todo tan dislocado y absurdo que resulta difícil de creer. En el debate sobre la declaración del estado de alarma, Pedro Sánchez no estuvo. Fichó a su hora, como un funcionario o un currito cualquiera (¿recuerdan que este gobierno ha obligado a fichar a todos?), y se largó de un debate en el que se impuso un atraco a los derechos fundamentales y un secuestro de la Constitución.

Nada trascendente, a juzgar por el desprecio mostrado por este tal Sánchez, ignominioso hasta la afrenta, un «quidam», un don nadie al que expulsó su propio partido (Patxi López aún espera desde las primarias a que le explique qué es eso de la España plurinacional) y que luego no sumó votos ni para convocar a un bautizo.

Pero no fue sólo él quien escenificó la patada a la Constitución, sino que todo el gobierno desapareció del banco azul y dejaron a solas a esa «tonta del bote» llamado Illa, un concejal de un poblacho con 13 concejales en el que fungía como titular de Cultura y al que hicieron alcalde porque el alcalde falleció. Y a este tipo es al que dejan al frente de una pandemia y ante un desplome total de la economía.

El discurso de Pablo Casado fue impecable, diáfano y clarificador, pero no así su voto de abstención, por más que votar en contra tampoco sirviera de nada. El zigzagueo al que obligan a Casado, los de Vox con su legítima y razonada moción de censura y el tal Sánchez con sus fullerías y afrentas, no debieran hacerle perder pie, porque sus argumentos son válidos y los expone bien, pero toda su estrategia, recta y sencilla, se le desvanece con sus más que confusos posicionamientos que nadie, ni los suyos, pueden entender.

El entusiasmo y arrope que recibe de sus filas sería idéntico de haber apoyado la moción de censura o de haber votado no al estado de alarma, lo cual le genera a sus partidarios una desafección silenciosa, porque no entienden este juego de amagos que regatea hasta al portero para terminar echando el balón fuera cuando tiene ya la portería expedita para hacer gol.

De la manifiesta inconstitucionalidad de la decisión adoptada por el gobierno y las Cortes no dudan ni los jueces más progres y sectarios que pueda haber en el Alto Tribunal. Y no por una razón, sino por muchas. Y no sólo por el espíritu de la norma o por la intención del legislador, sino también por la letra y por la factualidad que genera la adopción de dichas medidas.

Casado, repito, lo argumentó bien y no se perdió ni se fue por las ramas. Ante un púgil aislado e ignaro, arrinconado en su soledad, Casado se abstiene, con un sentido de la benevolencia que para nada le sirve y que nadie, ni siquiera los suyos, sabe apreciar.

Si lo que pretendió trasladar a los españoles es que no quiere dejarlos sin las herramientas jurídicas para afrontar la batalla del virus, mal asunto, porque éstas de las que se ha dotado el gobierno son manifiestamente ilegales. Es más, cabe aún reprocharle que su ambigüedad confunda y le puedan recriminar, como así está sucediendo, que algo tiene pactado por detrás.

No hay aval posible que pueda dar cobertura a lo que es, de facto, un golpe de Estado, no menor que el asestado en su día por las autoridades engolfadas de Cataluña con sus manejos y desatenciones a la exigencia constitucional.

Hay motivos de sobra, a mi juicio, para denunciar ante la instancia penal a un gobierno insurgente que ha ignorado la legalidad y que ha dictado decretos fuera de los límites legales, con usurpación de los derechos y libertades de todos los ciudadanos en masa y con una vocación meridianamente clara de ignorar los imperativos legales que tiene comprometidos desde su toma de posesión.

Hay pruebas tan fehacientes de ello como que durante cien días Sánchez insistió que no podía excluirse de solicitar necesariamente las prórrogas al Congreso porque era el instrumento legal imprescindible para luchar contra la epidemia. Incluso condicionó a ello el pago de los ERTE, cosa que Arrimadas se tragó…, triste y vergonzoso papel.

Hasta que ahora, de repente, decide que se puede pasar por el forro la Constitución y adoptar medidas en contra, trocear la competencia indelegable y atribuírsela incluso a un fantasmagórico Consejo Interterritorial de Sanidad donde el voto de Ceuta o de La Rioja cuenta lo mismo que el de Cataluña, Madrid o Andalucía, lo cual equivale a que en el Congreso no se contasen los votos de cada diputado sino el del mayor número de grupúsculos, de modo que sumando las Mareas y las siete formaciones atrabiliarias obtendrían siempre mayoría absoluta frente a, por ejemplo, PSOE, PP, C’s y Vox, que sólo son cuatro.

Es tal la sarta de dislates, ya digo, que ni el voto de Casado tiene coherencia posible, ni debiera correr este mes sin que se presente una denuncia contra todo el gobierno por prevaricación y otros mil atentados contra la legalidad.

Por otro lado, para exigir esta movilización perenne de sacrificios extremos al pueblo se requiere tener al menos algo de confianza, carisma y liderazgo, cosa de la que carecen todos y cada uno de los miembros de este gobierno después del saco de engaños, estafas, incompetencias y triles que acumulan. Los ciudadanos no han encontrado aún el modo de armar una revuelta contundente, pero la desafección que ya crece no podrá ocultarla ni Tezanos, que empieza a dar risa con sus pinturas al fresco, así que se reivindican pasándose por la entrepierna muchas de las recomendaciones sanitarias.

Este gobierno insurgente debería estar sentado en el banquillo, y por ello las prisas por cambiar al CGPJ que seleccionará a los jueces que los han de juzgar.

He dicho.