Lo malo de Susana Díaz no es que Pedro Sánchez se la tenga jurada desde que en aquellas primarias le espetó: «Tu problema, Pedro, eres tú». Bueno, en realidad eso sólo fue un problema a partir del momento en que ‘el tal Pedro'» ganó esas votaciones.
Desde entonces para acá, su destino quedó prefijado en la agenda de Sánchez y, en cuanto se hizo con el Falcon, todos supimos que, a la primera ocasión que se le presentara, veríamos al flamante nuevo secretario general y presidente lanzarle a Susana por encima del hombro las llaves del Mystère para que se lo aparcara, al modo que los nuevos ricos hacen con el botones de la puerta cuando llegan a un restaurante.
Más aún a partir del momento en que Moreno Bonilla, con la ayuda de Juan Marín y del juez Serrano, le arrebató el gobierno de la Junta. Sic transit gloria mundi…
Cabe anotar, es cierto, que Susana se resiste como gato panza arriba y algunos hasta consideramos deseable que le aguante la pelea a esta horda desquiciada del PSOE de Sánchez, arrojada en los brazos de los independentismos y del comunismo.
Pero digo que lo malo para Susana Díaz no es sólo aquella sucesión de descalabros internos y externos, sino que lo peor es que sobre su futuro cae como una losa una retahíla de 144 procesos judiciales pendientes referidos al desfalco de unos 700 millones de los ERE, buena parte de ellos heredados, pero en los que participó de muy diversos modo, ya fuese como vicepresidenta de Griñán o como gestora luego del proceso de instrucción de Alaya en los juzgados. Es decir, que aparte de las cuentas pendientes con Sánchez, lo de Susana es un calvario, una condena y un peregrinaje destinado al fracaso.
El actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (me cuesta tanto llamarle «Juanma» a secas, como hace el pelotilleo periodístico al uso, como me costaba llamar «Manolo» a Chaves), revelaba ayer en el Parlamento andaluz que el ejército de funcionarios de la Administración autonómica no encuentra ni un jodido papel referido al desfalco y despilfarro de otros casi 26 millones de euros por parte de la Agencia IDEA.
Caben dos posibilidades y no son excluyentes: o la dicha agencia entregaba la pasta a destajo en modo bolsas de basura a capricho de sus dirigentes (cosa comprobada y cierta) o bien durante los años en que Susana se encontraba al frente del Gobierno ordenó la destrucción minuciosa y masiva de la documentación, más o menos fragmentaria, de aquellos simulacros de expedientes que le solicitaba Alaya.
Lo cierto es que conociendo un poco la mecánica de funcionamiento del PSOE de Andalucía durante 36 años de gobierno en la Junta, ambas posibilidades resultan verosímiles y perfectamente compatibles, aunque cabe decir en descargo de Susana Díaz que, si de verdad a Sánchez le importara un bledo la pulcritud de lo ejecutado por los miembros de su partido en este territorio, a su ministra actual de Hacienda, María Jesús Montero, la tendría que esconder como ocultan los piratas de novela los tesoros, en una caverna de un islote del diablo en las costas de Indonesia, como poco.
La Montero fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz cuando en los despachos de la Junta echaban humo las trituradoras de papel a medida que los juzgados reclamaban los restos del carbón quemado en los años precedentes y de ella dependía la tramitación y libramiento de pagos de todas aquellas cantidades que se iniciaban mayormente en la Consejería de Empleo y en otras entidades de la llamada Administración paralela, tales como IDEA.
El entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, como experto fiscal en Sevilla, actuaba desde su parcela para atascar en lo posible la instrucción de aquel macroproceso ya iniciado por la juez Alaya, pero la Montero, como responsable última de la Intervención General de la Junta, sería la encargada de borrar las huellas y de limpiar hasta los ceniceros para que la policía judicial no encontrara colillas ni el olor pestilente al humo del dinero.
Parece que se aplicaron a fondo en la limpieza, porque ahora un tropel de funcionarios no dan ni con un sólo papel de esos 26 millones colocados en los bolsillos de vaya usted a saber quién, sin olvidar que la timba de aquel garito la manejaban, entre otros, un tipo que guardaba los billetes debajo de un colchón y aseguraba que allí tenía suficiente «para asar una vaca».
Lo increíble es que ayer en el Parlamento, mientras el presidente, no sin asombro, denunciaba todo esto, Susana Díaz asistía al espectáculo en silencio como si se hubiera acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que a tal efecto establece que «Ninguna persona estará obligada… a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal».
Ella y su ex consejera de Hacienda, la hoy ministra, no deberían tener nada que temer si no participaron nunca en ese mejunje de dilaciones y destrucción de documentos que se adivina en este monumental abuso de poder. Si así fuera, no tendrían tal vez ningún problema en darle pistas a los jueces de dónde terminó la pasta otorgada a la agencia IDEA, aunque si la pasta se esfumó y la documentación fue destruida, tal vez sería muy oportuno acogerse al derecho a guardar silencio y a no declarar en contra propia.
En definitiva, Susana, ahora tu problema… eres tú.
Ah, por cierto, la referida Quinta Enmienda termina señalando que a nadie «se le ocupará su propiedad privada para uso público sin una justa indemnización»; pero eso es otro tema.
He dicho.





