En un magnífico editorial titulado “Impúdica ocupación de la Fiscalía”, el diario ”La Razón” ha afirmado que la sentencia condenatoria de Álvaro García Ortiz (AGO) ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de un Gobierno instalado en la complacencia, que se considera legitimado para instrumentalizar en el nombre del progreso todas las instituciones del Estado. De ahí la furibunda reacción de las terminales del sanchismo ante la decisión del Tribunal Supremo (TS), con declaraciones desde el ámbito gubernamental, que rozan peligrosamente la calumnia sobre unos magistrados en el ejercicio de su función, incapaces de entender que nadie pueda sustraerse al imperio de la ley y dispuestos a enviar un aviso a navegantes al poder judicial sobre las consecuencias de alterar el relato maniqueo impuesto desde La Moncloa. De ahí que la Fiscalía General (FGE) se haya convertido en el sujeto de una actuación del poder político que se quiere demostrar ejemplarizante, aunque para ello haya que pasar por encima de las normas y convenciones no escritas, en una actitud pública de reto al TS con pocos precedentes en los sistemas democráticos occidentales.

El espectáculo de la ocupación política del Ministerio Público que roza la impudicia no solo está revolviendo las entrañas del mundo jurídico para favorecer a los fiscales de su cuerda, afiliados a la Asociación Progresista más minoritaria, la UPF, sin que esté llegando a la opinión pública como una muestra más de la prepotencia de un  Gobierno cuyo presidente considera a la FGE un órgano fuertemente jerarquizado y con un amplio margen para la arbitrariedad en la designación de cargos y nombramientos como parte de los instrumentos de gestión del Ejecutivo, con el agravante de que la Fiscalía no se ha cortado a la hora de poner en solfa y desacreditar por la vía de los hechos la decisión del máximo Tribunal de Justicia de España, y lanza sin el mínimo pudor el mensaje de que el poder está en sus manos y en la de sus compañeros de filas, que pretenden ejercerlo sin cortapisas, incluyendo las represalias sobre aquellos fiscales que se atrevieron a defender la ley por encima de  jerarquías, y frente a la mayor de las presiones con las que se amenaza el normal desarrollo de sus carreras profesionales.

Según el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La Constitución lo incluye dentro del título VI relativo al Poder Judicial. Mientras se hallen en activo, los fiscales no podrán desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ni participar en elecciones legislativas, autonómicas o municipales. La Ley establecerá un régimen de incompatibilidades que asegure su total independencia.

El Estatuto Orgánico de la Carrera Fiscal reconoce a la FGE relevancia constitucional y personalidad jurídica propia (art.2) y establece que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia (art.7). Corresponde al Fiscal General (FG) proponer al Gobierno los ascensos y los nombramientos de los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal (art.13). El FG podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos (art.25). 

De todo ello cabe deducir que: 1) el Ministerio Fiscal  es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, que debe actuar con plena objetividad e independencia; 2) se rige por los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica; 3) está enormemente jerarquizado y el poder del FG es omnímodo, pues decide con plena libertad los nombramientos y los ascensos, puede dar órdenes e instrucciones a los fiscales de carácter general o en casos concretos, y es competente para proponer la suspensión o expulsión de los mismos de la Carrera en caso de condena por delito doloso o inhabilitación para cargos públicos; 4) el FG está blindado y es impune, porque no hay ninguna norma que prevea sancionarlo incluso si fuera condenado por un tribunal, como le ha pasado a AGO.

La independencia del Ministerio Fiscal es teóricamente un principio básico, pero su consecución no está asegurada en la práctica, pues se encuentra con impedimentos internos y externos. En el interior de la FGE, los fiscales no son independientes, dado que están férreamente sometidos a la voluntad del FG, que puede darles órdenes,  entrometerse en el ejercicio de sus funciones y oponerse a sus actuaciones. La única salvaguardia con la que cuentan es la de que, si recibieran una instrucción o una orden que consideraran contraria a las leyes o improcedente, podrían hacérselo saber mediante un informe razonado al FG, quien -tras oír a la Junta de Fiscales- resolvería (art.27).  Hacia el exterior, la independencia tampoco está asegurada ante un eventual enfrentamiento con el poder ejecutivo, como ha ocurrido con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien preguntó a un periodista que a quién pertenecía la FGE y cuando éste respondió que al Gobierno, el presidente le replicó ufano “!pues eso!”. El propio AGO ha afirmado que esa frase -que no se corresponde con la ley y que le iba a perseguir durante mucho tiempo-  ha perjudicado la imagen de la FGE, porque ha reforzado ante los ciudadanos la idea de su dependencia del Gobierno. Sin embargo, a Sánchez no le cabe la menor duda de que la FGE es un instrumento más de su Gobierno y el FG su ministro n° 21. Y lo malo es que los tres últimos FG que ha habido en España han asumido este axioma y actuado en consecuencia, totalmente entregados al Gobierno.

Dolores Delgado

En 2019, María José Segarra -una fiscal progresista pero no suficientemente alineada con las tesis del Gobierno- fue sustituida como FG por Dolores Delgado -antigua diputada del PSOE-, porque no había conseguido que los fiscales del ”procès” acusaran a los inculpados de sedición en vez de rebelión. La ex ministra de Justicia  pasó así, en solución de continuidad, del Ministerio a la Jefatura de la FGE. El 13 de enero de 2020 cesó en su puesto ministerial y el 26 de febrero fue nombrada FG, pese a que el art. 29-1 del Estatuto establece que no podrá ser propuesto para dicho cargo quién, en los 5 años anteriores, hubiera sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado. Por tanto, carecía de legitimidad de origen y, durante sus dos años y medio de mandato, no se ganó  la legitimidad de ejercicio. Este paso inhabitual  fue -como ha señalado Olga Sanmartín- el primer golpe contra la independencia de la FGE. Lo primero que hizo Delgado fue obligar a los fiscales a que cambiaran la acusación en el juicio contra los independentistas catalanes. Después vinieron sus injerencias en los casos de Trapero o de  Stampa y su sesgada política de ascensos basada en criterios ajenos al mérito y a la capacidad.

Socia de la UPF, inició la práctica sectaria de nombrar para los altos cargos de la FGE a miembros de esa Asociación, pese a ser minoritaria en la Carrera. De los 8.800 fiscales que hay, 1.489 no están asociados y, de los 959 que lo están, el 63,7% pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales y solo el 26,06% a la UPF. Sin embargo, de los 39 miembros que forman la Junta Fiscal, 17 militan en la Asociación progresista. Casi la totalidad de los altos cargos nombrados por Delgado procedían de la UPF. Baste citar el caso notorio del nombramiento en 2022 como fiscal de Sala de Menores de Eduardo Esteban, miembro de la Unión, que carecía de experiencia en la materia, frente a la candidatura de José Miguel de la Rosa, fiscal de Sala mucho más antiguo y que tenía un amplio currículo en justicia de Menores, quien recurrió el nombramiento. El TS lo anuló por falta de motivación y por la superioridad manifiesta de La Rosa. Dos meses después, Delgado volvió a nombrar a Esteban, alegando que tenía discrecionalidad para realizar nombramientos, pero el TS volvió a anular el nombramiento por estimar de nuevo insuficiente la motivación presentada.

La FG apartó de forma irregular al fiscal Ignacio Stampa de la investigación del ”caso Villarejo”, lo expedientó y sancionó por una supuesta filtración de datos a la letrada de Podemos Marta Flor, aunque el verdadero motivo fue su afirmación de que Delgado no podía intervenir en el caso por sus evidentes relaciones con el comisario. Stampa recurrió y el TS le dio la razón, y condenó a Delgado y por desviación de poder, pero a su lugarteniente AGO retuvo su expediente y el fiscal perdió su puesto en la Fiscalía Anticorrupción. El afectado describió sus desventuras en el libro “El complot”, en el que acusó a los dos fiscales de corrupción por tratar de torpedear el “caso Villarejo”. Delgado tuvo una actuación controvertida, y se rodeó de malas compañías, especialmente del juez réprobo Baltasar Garzón y del comisario José Manuel Villarejo. Hay grabaciones de varios encuentros de lo tres y de otros mandos de la policía nacional, en uno de los cuales -que tuvo lugar en 2006 en el restaurante “Rianxo”– Lola “Espejo Oscuro” acusó a algunos jueces y fiscales de mantener relaciones con menores en Cartagena de Indias, tildó de “maricón” al juez Fernando Grande-Marlaska, celebró que Villarejo tuviera un prostíbulo -porque era un éxito asegurado- y mostró su acuerdo con el sistema de “información vaginal” del comisario. 

Delgado intentó que se dictara una norma “pro domo” por la que, cuando un FG cesara en su cargo, ascendiera automáticamente a fiscal de Sala, pero no lo consiguió. Al dimitir por motivos de salud, obtuvo del Gobierno el nombramiento como sucesor de AGO, a pesar de que solo tenía 24 años de antigüedad en la Carrera y no era un jurista de reconocido prestigio. Delgado tuvo el dudoso honor de ser reprobada en tres ocasiones por las Cortes, dos en el Congreso y una en el Senado.   

Álvaro García Ortiz

AGO es un jurista mediocre y un personaje turbio, que aprovechó su paso por la presidencia de la UPF para ir ascendiendo en la escala jerárquica, más por intrigas que por méritos profesionales. Se arrimó a la sombra de la FG, que generosamente lo cobijó, lo ascendió a fiscal de Sala en 2020 y lo nombró jefe de la Secretaría Técnica, dónde se convirtió en su eminencia gris. Cuando llegó a la  jefatura de la FGE, AGO -“noblesse oblige”- le devolvió los favores ascendiéndola a fiscal de Sala y nombrándola para dos altos cargos, nombramientos que fueron anulados por el TS. La nombró jefa de la Sección Militar del TS, pese a carecer de experiencia en la materia, pero su contrincante, Luis Rueda, recurrió la decisión y el Tribunal anuló el nombramiento, por estimar que los méritos de éste eran muy superiores a los de aquélla.

Pese al descalabro, AGO no cejó en su empeño y la nombró jefa de la nueva Sección de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a pesar de la oposición del Consejo Fiscal, en base a que el art.58 del Estatuto no permite que las fiscalías en cuya circunscripción territorial se encuentren el cónyuge o la pareja del nombrado, ejerza una actividad industrial o mercantil que pudiera obstaculizar el imparcial desempeño de su función, y era obvio que había un conflicto de intereses, porque Garzón dirigía el bufete de abogados Ilocad, especializado en cuestiones de Derechos Humanos, que entraban bajo la competencia de Delgado. De la Rosa recurrió el nombramiento, por haberse hecho sin haberse obtenido el preceptivo informe del Consejo Fiscal y el TS volvió a anular el nombramiento.  Delgado recurrió en amparo al Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido, que -siempre al servicio de S.M. el Gobierno- se lo concedió solícito, por lo que Delgado recuperó su rango de fiscal de Sala y la jefatura de Derechos Humanos. Pese a ostentar esta condición, la ex-FG se manifestó en las Salesas, junto con su flamante marido Garzón y un grupito de progres, para protestar contra los magistrados de dicho Tribunal, sin que recibiera por ello ni siquiera una  amonestación, cuando era motivo más que sobrado para su destitución.

AGO siguió con la política sectaria de su predecesora en los nombramientos en beneficio de los asociados de la UPF. Así, Nombró a Miguel Ángel Aguilar jefe de la sección de Delitos contra el Odio, y a Julio Cano y a Pablo Varela fiscales jefes de las Audiencias provinciales de Baleares y de Pontevedra, respectivamente, pese a ser los candidatos más jóvenes de los presentados, en contra de lo dispuesto en el art.36-5 del Estatuto, que prevé que los destinos de los fiscales se proveerán mediante concurso de los funcionarios de la categoría, “atendiendo al mejor puesto escalafonal” (sic). También nombró fiscal de la Sala de lo Penal del TS a Felipe Briones -el menos cualificado de los 25 candidatos presentados-, fiscal de Sala de lo Social a María Elena Carrascoso, teniente fiscal Antidroga a Dolores López -experta en tráfico- e Inspectora Fiscal a Carmen de la Fuente, todos ellos miembros de la UPF. Renovó en su puesto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al progresista Jesús Alonso, pero no hizo igual con su teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, por tener éste la mala fortuna de no estar afiliado a la Unión y fue sustituido por la inexperta Marta Durante.

El FG influyó sobre el fiscal del caso ”Tsunami Democratic”, Álvaro Redondo, para que cambiara su informe, en el que mantenía que Carles Puigdemont había cometido un delito de terrorismo. Once miembros de la Sala de lo Penal del TS eran de esta opinión frente a tres que estimaban lo contrario, pero -so pretexto de que uno de ellos, Joaquín Sánchez Covisa, tenía rango de fiscal-jefe, AGO sometió a arbitraje la discrepancia y nombró como árbitro a su incondicional teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, que se alineó con la minoría y exoneró a Puigdemont de responsabilidad.

AGO estimaba que los tribunales debían ser permeables a las órdenes del Gobierno y adaptar los criterios jurídicos a las estrategias de los despachos. Así, adoptó una posición errónea en el juicio contra Arnaldo Otegui, ferviente aliado del Gobierno y -como opinó Maite Alcaraz–, el supuesto defensor de la legalidad pisoteó su deontología profesional para mirar hacia otro lado y protegió sin pudor a delincuentes políticos por ser cercanos al Gobierno. Muestra de ello fue su rechazo a la petición del Senado de que la FGE presentara un informe valorativo sobre la Ley de Amnistía y ordenó a los fiscales involucrados en el caso del “Procès” que elaboraran un informe favorable a la concesión de la amnistía a todos los implicados en el proceso independentista. Zaragoza, Moreno Madrigal y Cadena se negaron por considerarlo contrario a las leyes e improcedente, y le pidieron que lo ordenara por escrito. AGO dictó un decreto en el que apoyaba la Ley de Amnistía por ser fundamental para la normalización institucional, política y social de Cataluña, y acusó a los fiscales de utilizar argumentos que desbordaban el plano estrictamente jurídico, con lo que comprometían la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal. Los fiscales se habían limitado a señalar que los delitos de malversación no eran  amnistiables de acuerdo con la propia Ley y que la actuación de los condenados perjudicaba los intereses financieros de la UE, lo que era asimismo motivo de exclusión de la aplicación de la Ley. De conformidad con el artículo 27 del Estatuto, solicitaron que se pronunciara la Junta de Fiscales de Sala y AGO hizo cuanto estuvo en su mano para obtener un dictamen favorable de la misma: Aportó su voto personal -lo que no era habitual-, permitió el voto de Delgado pese a haber sido anulado su nombramiento como fiscal de Sala, y logró que votaran telemáticamente una fiscal hospitalizada y otra que estaba de viaje. Gracias a estas artimañas, consiguió un dictamen favorable a la amnistía por 19 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención. Acto seguido, relevó a los fiscales del caso y los sustituyó por el dúo de incondicionales formado por Sánchez Conde y Sánchez Covisa.

Pese a haber sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial para desempeñar el cargo y condenado por el TS por desviación de poder, AGO fue renovado por el Gobierno en su puesto. En correspondencia, siempre cumplió fielmente sus instrucciones, como cuando pidió el archivo de las causas contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, o contra su hermano, David Azagra.

Pero AGO llegó a la cima de su actitud prevaricadora con su increíble intervención en el caso “López Amador/Ayuso”, en el que cometió muchas irregularidades, tales como ordenar de forma intempestiva a la fiscal-jefe provincial de Madrid -Pilar Rodríguez- que le enviara urgentemente el expediente fiscal de un ciudadano particular investigado por supuesto fraude, elaborar y publicar una nota oficial en la que se revelaban datos confidenciales de un particular, exigir a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid -Almudena Lastra- que publicara la nota como suya, de forma inmediata, para que no le ganaran el relato al Gobierno, filtrar la nota a la Cadena SER y a “El País”, borrar los datos de sus teléfonos y sus ordenadores y cambiar de teléfono el mismo día en que fue imputado, obstruir la investigación al negarse a contestar a las preguntas del magistrado instructor, impugnar a los magistrados del TS o negarse a dimitir tras ser imputado, e incluso después de haber sido condenado. Por primera vez en España se ha condenado e inhabilitado a un FG por la comisión de un delito. AGO presentó un recurso ante el TS y, al ser rechazado, recurrió en amparo al TC, que ha nombrado ponente a la magistrada progresista María Luisa Segoviano, que el día en que el TS dictó su sentencia condenatoria, abrazó en público a AGO y le deseó suerte. No hace falta ser muy perspicaz para prever cómo será la sentencia del TC.

Teresa Peramato

Tras la forzada dimisión de AGO, el Gobierno nombró como FG a Teresa Peramato, una profesional con prestigio, como revela que -a diferencia de AGO- fuera respaldada unánimemente por el CGPJ-, pero es afiliada de la UPF y fue ascendida a fiscal de Sala y promocionada por aquél, y se ha situado en la equivocada senda seguida por sus predecesores. Peramato estuvo entre los forofos de AGO que lo ovacionaron antes de iniciarse el juicio, ha considerado injusta su condena y ha puesto entredicho a los magistrados del TS, tanto profesional como éticamente. En su toma de posesión declaró que AGO había dado lo mejor de sí mismo para luchar por la justicia, le expresó su admiración y respeto, y manifestó su intención de sanar la herida abierta en la FGE, pero lejos de procurar superar la fractura producida en la Carrera, ha optado por seguir  una lamentable línea de continuidad.

Está practicando la política sectaria de promover solo a los “upefianos” y aprovechado para tomar represalias contra los que no apoyaron a AGO, como ha sido el caso de Lastra. Ha premiado al “clan de Fortuny”, ascendiendo a la jefa de la Secretaria Técnica, Ana García a jefa de la Sección Penal del TS, y al teniente fiscal de la misma, Diego Villafañe, a fiscal del Supremo. Ha nombrado teniente fiscal de Galicia a la esposa de su protector, Pilar Fernández, dándole prioridad sobre otros 7 candidatos gallegos más antiguos que ella, el primero de los cuales la superaba en 800 puestos (¡!),  y a Pilar Rodríguez, -a) “Lady Cianuro”- la ha colocado en la Sección Social del TS, pese a su escasa preparación en la materia y su novatez. La gran represaliada ha sido Lastra, fiscal de gran prestigio y n° 424 en el escalafón y que va ha a ser sustituida por Isabel Martín, n° 1.306 en el mismo ¡Todo sea por el respeto al “puesto escalafonal!”.

Otra de sus cacicadas ha sido evitar la expulsión de AGO de la Carrera, que ha   cometido con alevosía y nocturnidad, haciendo una interpretación tramposa de la sentencia -el TS solo lo ha inhabilitado como FG, pero no como fiscal raso- y de la normativa vigente, que no puede ser más categórica. Están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales “los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación” (art.44-2)-, y la condición de fiscal se pierde por “pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos” (art.46-d). El Reglamento de la Carrera Fiscal establece que se perderá la condición de fiscal por una condena que prevea “una pena principal o accesoria e inhabilitación para cargo público, o una condena por delito doloso” (art.32-1). Ninguna disposición requiere que la pena tenga que ser de prisión, como ha alegad la FG para excluir su aplicación a AGO. Tres particulares han pedido el indulto del condenado y la FGE se ha apresurado a apoyar la propuesta. AGO se le trata como a un independentista más.

La última barrabasada de la FG ha sido la de hacer valer su superioridad jerárquica para evitar que el fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidiera una rebaja mayor de pena al comisionista Víctor de Aldama por apreciación de un atenuante cualificado. Como ha editorializado “El Mundo”, resulta grave que la FG cierre la puerta a este atenuante, que implicaría una mengua del aliciente a un acusado para que colabore con la justicia. “La Fiscalía no puede convertirse en un instrumento para desalentar la colaboración en las causas que incomodan a Sánchez[…]  Desactivar ese incentivo equivale a proteger las zonas oscuras del poder y, hacerlo desde la cúspide del Ministerio Público, agrava la herida abierta por Álvaro García”, quien -según Joaquín Manso- es el símbolo de la quiebra de la neutralidad institucional en España y de la identificación partidista como guía inmoral de algunos servicios públicos. En opinión de Sanmartín, AGO ha dejado una FGE rota, desprestigiada y con fracturas internas. Su sucesora Peramato ha confirmado con su purga que será difícil -como prometió- sanar las heridas abiertas. “Todo ello, unido a la utilización de la Fiscalía como arma en los casos judiciales del hermano y de la esposa de Pedro Sánchez, y en paralelo a una persistente campaña de desprestigio contra los jueces y los medios de comunicación independientes, muestra la degradación institucional a la que el Gobierno está conduciendo al Estado de Derecho”.