La Fiscalía archiva la denuncia contra Millán por supuesta financiación ilegal al no apreciar delito
La Fiscalía de Sevilla no aprecia lacomisi N de delito alguno tras la presentación de una denuncia por parte del que fuera portavoz de Ciudadanos (Cs) en Camas Juan José Jurado, en la que se le acusaba a Javier Millán de malversación de caudales públicos y financiación irregular de partidos
Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, tras el análisis de la denuncia y la documentación que se aportaba la misma, el fiscal Luis Martín ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas al no apreciar la presunta comisión de delitos.
Además, las citadas fuentes han precisado que la Fiscalía de Sevilla no tiene competencias para pronunciarse sobre la denuncia de financiación irregular de partidos, algo que tendrían que denunciar en los órganos judiciales correspondientes.
La denuncia, cuyo archivo ha sido adelantado este jueves por Diario de Sevilla, solicitaba la incoación de las diligencias de investigación para comprobar la existencia de un posible delito, señalando una presunta malversación de fondos públicos al asegurar que se imputaban gastos al grupo de Cs en la Diputación que eran realizados para el grupo del Ayuntamiento.
Además, Jurado afirmaba que hay otras «irregularidades» en el grupo en la Diputación y menciona la contratación de un entre octubre de 2015 y marzo de 2017 «contraviniendo el artículo 73.3 de la ley de bases de Régimen Local», por lo que apunta a un «fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria».
A ello sumaba que, cuando esta persona es despedida en marzo de 2017 «se le invita a seguir trabajando induciendo a un falso autónomo hasta el 31 de mayo de 2017, donde se disuelve cualquier tipo de relación contractual». También achacaba esa figura de «falsos autónomos» en otros dos casos de asesores.
El denunciante señalaba, además, que desde 2015 Cs establece un protocolo de apertura de cuentas e instrucciones contables para «compeler el uso de los fondos públicos desde directrices del partido presuntamente ajeno a la Ley de bases de Régimen Local y a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos».
La denuncia exponía que los grupos municipales de Cs en Sevilla, Alcalá de Guadaíra y en la Diputación destinaban los ingresos públicos a una cuenta central en Madrid desde la que se transfiere «sólo el 70 por ciento de cada ingreso mensual a la cuenta de pagos, acumulándose el 30 por ciento de todos los periodos» en la cuenta nacional de Cs.
