Que a todo un fiscal general del Estado se le someta a un registro minucioso de su oficina por parte de la Guardia Civil y por orden expresa del Tribunal Supremo, es como para que semejante espécimen, sin dilación de ningún tipo, ponga las manos en alto, se arrodille y presente su dimisión. Por el bien de los ciudadanos de esta nación que aún seguimos creyendo en la justicia.