Reclaman que se impulsen las iniciativas políticas y legislativas necesarias para mejorar el estado de la Justicia, «abandonada legislatura tras legislatura y condenada a funcionar gracias al esfuerzo personal y responsable de cuantos estamos directamente a su servicio».

El Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria junto a Juezas y Jueces para la Democracia y las tres de fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales reclaman reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales.

En el comunicado que se leerá a las puertas de los juzgados, también se hace referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no sólo se pide el «impulso inmediato» de la modificación de esta normativa para la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal; sino la retirada de esas 50 enmiendas que «coartan el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, las asociaciones exigen la presentación de un proyecto o proposición para la reforma de esta ley en lo que respecta al CGPJ para garantizar que la elección de sus vocales sea directamente por los jueces y magistrados y que se asegure «la igualdad de género y la representatividad».

Entre otras cosas, los jueces y fiscales piden al Ministerio de Justicia un plan de inversión «suficiente y prolongado» para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea. También, piden la convocatoria «inmediata y formal» de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

Con respecto al Ministerio Público, se interesa que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; el refuerzo de la independencia de la Fiscalía y su autonomía presupuestaria, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien forme a sus integrantes.