El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quitado su penúltima careta y ha reiterado su intención de conceder un indulto a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del “procés”, para salvar el interés general de España y, de paso, el suyo propio particular. 

Editorial de “El País”

Las brigadas mediáticas del Gobiernos del PSOE lideradas por el diario “El País” llevan varios días machacando a sus sufridos lectores y oyentes para convencerlos de las bondades de una concesión que hará por el bien de España y de Cataluña, para lo que está dispuesto a llegar al noble sacrifico de soportar los costos políticos derivados de su patriótica generosidad. Hace un par de días, el BOE-bis del Gobierno publicó un editorial de prodigiosa finura jurídica para justificar la concesión de unos indultos calificados de “reversibles”. Informaba de que el Gobierno tendría listo dentro de un mes un texto de indulto muy medido, que cerraría todos los flancos jurídicos para evitar que pudiera ser rechazado por el Tribunal Supremo en el caso de recurso. 

El equipo dirigido por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo –experto en indultos-, con la inestimable colaboración de la vicepresidenta, Carmen Calvo –experta en decretos-leyes para casos de inexistente urgencia- ha previsto que la medida de gracia será condicionada y quedaría anulada si los indultados volvieran a violar la ley. Ha centrado sus argumentos en los criterios de justicia, de equidad y –sobre todo– de conveniencia pública, de forma que resulte positivo para el interés general del país, ya que ayudaría a resolver el conflicto de Cataluña. En su argumentación, el Gobierno evitará poner en tela de juicio la sentencia del Supremo sobre el “procés”, que tanto Sánchez como Campo aplaudieron públicamente en su día.  Lo malo es que la situación ga cambiado de forma radical, al pasar Sánchez de considerar la actuación de los independentistas catalanes como rebelión y afirmar que las penas a ellos impuestas por el Tribunal Supremo deberían ser cumplidas en su integridad, a calificar de revanchistas a quienes mantengan esa tesis y de acusar al Supremo de no actuar de conformidad con los valores constitucionales y dejarse llevar por un espíritu de venganza.

La concesión será jurídicamente inatacable, porque los indultos condicionados y serán “reversibles”, mediante la inclusión de una cláusula que prevea que quedarían anulados si los indultados volvieran a incumplir las leyes. La reiterada intención de los condenados de  “volverlo a hacer” no tendría –a su juicio- una traslación política en Cataluña, porque el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha apostado por un referéndum pactado con el Gobierno –apartándose de la unilateralidad- y por la reactivación de la mesa de diálogo. La concesión del indulto sería lo peor que le podría pasar al independentismo más duro, porque rompería su discurso de que España es como Turquía.

Ante esta brillante argumentación, cabe alegar lo siguiente: 1) Según la vigente Ley de 1870, los indultos son irrevocables (artículo 18). Si los indultados volvieran a incumplir la ley, serían enjuiciados y eventualmente condenados por los tribunales por el delito que cometieran y no porque hubieran sido anulados los indultos, que no son de quita y pon. 2) El Gobierno carece de argumentos de justicia o de equidad para respaldar los indultos, por lo que tendrá que basarse en el criterio metajurídico de la conveniencia pública o política. 3) ¿Hay algún ingenuo que pueda creer que la concesión de un indulto -que, no sólo no ha sido solicitado, sino que ha sido rechazado por los agraciados- va a resolver el conflicto de Cataluña? 4) Difícilmente podrá evitar el Gobierno criticar la sentencia del Tribunal Supremo, cuando ha manifestado que ha sido inspirada por la venganza y la revancha y no está conforme con el espíritu de la Constitución. Sánchez ha hecho un flaco servicio a España con sus palabras –pronunciadas precisamente en Bruselas-, cuando está pendiente de decisión la demanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que condene a Bélgica por negarse a conceder la entrega del prófugo Carles Puigdemont y sus secuaces a los tribunales españoles para su debido enjuiciamiento.5) Aragonés también ha dicho que los objetivos del Govern son la amnistía y la autodeterminación, y que, si no las concede el Gobierno, las conseguirá por la vía unilateral. 6) el inconveniente que pudiera suponer para el independentismo duro -¿pero hay un independentismo blando?-  la concesión de un indulto no significa necesariamente que sea una ventaja para España, y el otorgamiento de un indulto injusto e injustificado no puede ser aceptado. Por otra parte, por mucho indulto que se conceda, los separatistas catalanes seguirán comparando a España, no ya con Turquía, sino con Kazaajstán o Ruanda.

Artículos en “El País” en favor del indulto

Siguiendo su cruzada pro-indulto, “El País” incluyó en su edición de ayer día 31 cuatro artículos sobre el tema. En “Indultos:¿A Tejero sí y a Junqueras no?”, Xavier Vidal-Folch ha insistido en esta última idea, citando las palabras de la presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, de que la concesión de indultos sería una decisión inteligente del Gobierno porque políticamente les desarmaría e internacionalmente serían nocivos para el independentismo. Por eso, había que concederlos, al margen de cualquier consideración de justicia o equidad, porque demostraría que España no era la “enemiga ontológica de los catalanes” (¿?). La concesión encajaría en el socorrido supuesto de “conveniencia pública”, porque reduciría la fractura social y mejoraría la convivencia cívica (¿?). Para redondear su lamentable argumentación, Vidal Folch quitaba importancia a la voluntad de los condenados de reincidir, afirmando erróneamente que sólo Jordi Sánchez había hecho semejante aserto. De los doce encausados sólo Santiago Vila -y quizás alguno de los que sólo han sido condenados por desobediencia- han sido lo únicos que no han proclamado solemnemente su intención de reincidir. ¿Tiene España que demostrar que no es enemiga de Cataluña? Más bien sería lo contrario, pues las autoridades catalanas han manifestado en numerosas ocasiones que el principal enemigo de Cataluña era España, que la oprimía y explotaba.

El en artículo “Justicia planea agilizar la reforma de la sedición para reforzar los indultos, Carlos Cué ha argumentado que lo mejor para justificar los indultos sería rebajar las penas al delito de sedición. Lo ideal sería suprimir el delito, como propone la CUP, porque “muerto el perro se acabó la rabia”. Ha afirmado incluso que se podría ya invocar este hecho aunque no se hubiera modificado todavía el Código Penal, porque el Gobierno ya ha manifestado en diversas ocasiones su intención de hacerlo. Para este sagaz comentarista, basta la intención para modificar las leyes. En este proceso de “striptease” de las normas penales para permitir la liberación de los condenados, ¿tiene asimismo el Gobierno intención de rebajar las penas a los delitos de malversación de caudales públicos y de corrupción?

Según Mariola Urrea en “Hablemos del problema a resolver”, el proceso judicial contra los responsables del referéndum ilegal del 1-O ha quebrado la armonía entre catalanes y ensanchado el desafecto con el resto de los españoles. “¡Chapeau!”. Ahora resulta que las reiteradas declaraciones de soberanía del Parlament,  la adopción de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y transicional de la República, la violación de las Constitución y de las leyes y el incumplimiento de las sentencias de los tribunales por las autoridades catalanes, la inmersión escolar y la prohibición de la enseñanza en castellano, la discriminación padecida por los catalanes no nacionalistas, la celebración de  dos referendos ilegales. la declaración unilateral de independencia, los disturbios callejeros violentos y las agresiones a las fuerzas nacionales de seguridad  no habían afectado en lo más mínimos la armonía existente en el oasis catalán, y que ha sido precisamente la actuación de los tribunales para ejercer su función de juzgar a quienes cometan delitos –por muy políticos que sean sus autores y hayan sido elegidos por el pueblo catalán- la que ha provocado la ruptura de la feliz armonía reinante en la Arcadia catalana. Como ha observado Rafa Latorre, “si alguien tiene motivos para la ira en Cataluña es quien ha visto que una parte cada día mayor del presupuesto nutrido con sus impuestos se ha destinado a  agredirlo; quien ha sufrido el desfalco sentimental y económico que fue la doble malversación del procés; quien vio el agravio convertido en programa autonómico y consistorial. Es tan endeble la representatividad de la Cataluña no nacionalista, que cualquier política en su beneficio es considerada como una involución”.

Tan sólo es digno de análisis –según Melitón Cardona- el sibilino artículo del profesor Tomás de la Quadra-Salcedo “Gracia y Justicia”, que reconoce que no hay motivos de justicia ni de equidad que respalden los indultos, existiendo tan sólo el de conveniencia pública. De ahí que concluya que, ”si el Gobierno cree que la medida es la única forma de arreglar las cosas en Cataluña, entonces no sólo es que pueda darlos, sino que debería darlos […] La única razón para otorgarlos sería el interés superior de España y la unidad”. Este razonamiento es falaz –en opinión del embajador Cardona- porque tanto los gobernantes condenados, como los no condenados en el exilio, han manifestado que volverían a hacerlo y que los indultos serían insuficientes, por lo que exigían una amnistía, que está prohibida por la Constitución (artículo 62).

El artículo de De la Quadra es hábil y bien hilvanado –no en vano fue ministro de Justicia en uno de los Gobiernos de Felipe González-, pero está pleno de ambigüedades y sofismas, por lo que resulta más perverso que los otros bien ramplones. Para fundamentar los indultos, el Gobierno va a prescindir de los criterios objetivos de  justicia y de equidad, y dar preferencia al subjetivo de la conveniencia política. Si Sánchez “cree” que su concesión permitirá solucionar el conflicto en Cataluña, deberá conceder el indulto al margen de cualquier otra circunstancia. ¿Es correcto prescindir de los criterios de justicia y equidad, o supeditarlos al de la conveniencia política? Si este último es el único criterio a tener en cuenta, desaparecerá la institución del indulto. ¿Para qué hacer referencias a la justicia y a la equidad, o a la exigencia de  que el Tribunal examine las pruebas o indicios de arrepentimiento de los condenados, si el Gobierno puede conceder los indultos sobre la única base de su subjetiva presunción “iuris et de iure”, de que es la única fórmula posible para resolver un gravísimo problema? Como ha dicho un innominado miembro del Gobierno, el indulto se concederá “para dar una salida al mayor problema político de España en cuarenta años de democracia […] Es la lucha entre la España posible -con acuerdo sobre Cataluña- y la imposible. Veremos quien triunfa”.

Una de las afirmaciones más cuestionables del antiguo ministro es la de que la única razón para otorgar los indultos sería el interés superior de España y la unidad”. ¿Realmente cree de la Quadra que, por conceder unos indultos no solicitados ni aceptados van los independentistas a renunciar a su principal objetivo de separarse de España y proclamar la independencia de Cataluña? 

Al no existir razones de justicia ni de equidad para conceder los indultos, había que centrarse en el criterio de conveniencia pública. “Es la única justificación a la que nos abona una ley que quiso dar un tratamiento distinto a la sedición” (¿?). La conveniencia pública no tiene nada que ver  con aliviar la situación personal de los condenados. Con esta afirmación, el ex-ministro se deja llevar por la tendencia incorrecta de ignorar el rasgo de individualidad que tiene el indulto. La defiende por considerar que es la única manera de que se restablezca la posición de España en Cataluña y se rebaje de alguna manera la tensión que existe en la sociedad catalana. Me parece un deseo piadoso ajeno a la realidad, Por otra parte, de la Quadra –como Sánchez- ignoran olímpicamente la situación de marginación de la mayoría de los catalanes que no son nacionalistas.

Tribuna en “El País” de varias “viejas glorias socialistas”

“El País” ha culminado hoy su triada dialéctica pro-indulto con una Tribuna sobre “Necesidad y utilidad social del indulto”, firmada conjuntamente por personas respetables de la izquierda como Joaquín Almunia, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo y Enrique Barón, en la que han insistido en la teoría de la “utilidad pública” del indulto, basándose fundamentalmente “en la creencia de que tal medida podría allanar el apaciguamiento del llamado conflicto catalán y, con ello, a la inauguración de la política como medio de resolución de conflictos”. Han afirmado que “el Gobierno está legitimado –le ampara la Constitución y la ley- para adoptar la decisión de indultar. En nuestra opinión ha de hacerlo. Ha de indultar con sabiduría y reposo (¿?), así como la posible reversibilidad en caso de reincidencia (sic),  reclamando diálogo y explicando sus razones con publicidad y didáctica, y asumiendo los costes políticos que tal medida supone”.

Los autores han vuelto a hacer un acto de fe laica en las capacidades taumatúrgicas de Sánchez para solucionar el problema de Cataluña, con el rollo del diálogo, la concordia, el entendimiento  y demás bellas palabras carentes de sustancia, porque las ha privado de contenido el sectarismo de los independentistas catalanes. Lo único que  parece preocupar a Sánchez es el posible coste político de su cacicada. No hace falta que nos den explicaciones de ningún tipo, ni en reposo ni en movimiento, ni con didáctica o sin ella, porque todos conocemos el motivo de su decisión: la obvia necesidad de los votos de ERC para seguir en la Moncloa, principal –si no único- objetivo de su política, que no es otra que la de la auto-conservación por medio de un auto-indulto.

Como ha señalado Iñaki Gil, “la teoría del indulto que aventa el presidente Sánchez busca acomodar los efectos de la teoría indepe en el relato de la supuesta reconciliación. Como si entre el lobo y la oveja todo fuera fruto de la discrepancia por el reparto del rancho. Es un error. Está cambiando la verdad por un plato de votos. Es legítima su disposición al perdón, pero debería esperar a que admitan su responsabilidad”. Éste es precisamente uno de los problemas éticos que plantea la concesión de unos indultos a unos delincuentes que creen no haber delinquido –de nuevo el elemento subjetivo de la creencia “über alles”-y se eximen de culpa alguna.

Exclusión del arrepentimiento

Con  esta concepción,  se produce otra desfiguración del indulto adicional a la advertida por el Tribunal Supremo sobre la pretensión de los condenados de sustituir su responsabilidad individual por la colectiva de los “presos del procès”. De ahí su renuncia a reconocer su responsabilidad, a arrepentirse de sus actos o a asumir cualquier tipo de culpa. Como afirmó en 1993 el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente –asesinado por los terroristas de ETA- “tanto el tribunal sentenciador como el Gobierno han de tener en cuenta, no sólo la solicitud de gracia del indulto, sino especialmente las pruebas o indicios de arrepentimiento del delincuente-recluso que lo solicita. Si el arrepentimiento consta, puede concederse el indulto. Si no, no”

Como acertadamente han subrayados los fiscales del Tribunal Supremo en su informe, el indulto no puede  ser concedido a un condenado que no haya aceptado “la gravedad de los delitos cometidos, ni la responsabilidad por haber intervenido en su ejecución, y sin que hayan mostrado indicios de arrepentimiento”. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, “los indultos están pensados en un momento determinado y en función de circunstancias personales, pero nunca por otros criterios de oportunidad o rentabilidad”. Es una figura excepcional que sólo debe concederse cuando haya razones patentes de justicia, sea equitativo y la pena carezca del sentido que podría haber tenido. Preguntado por la periodista sobre si consideraba que Sánchez podía conceder los indultos, del Río contestó que, como poder, podía, dado que se trataba de una decisión política sometida a criterios políticos y de oportunidad, pero que –como había advertido el Tribunal Supremo- no debía concederlos por no reunirse los requeridos criterios de justicia y equidad.

Desde otro plano, el antiguo vicepresidente del Gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, ha afirmado que, si el tribunal sancionador admitía que no había obstáculos legales, el Gobierno podía indultar o no hacerlo, pero si decía que no, no podía conceder el indulto. Había una razón palmaria para ello. “Si la gracia fuera una medida de libre disposición, no podría existir recurso alguno contra ella”. Según el profesor Gonzalo Quintero, si el derecho de gracia se entendiera como un poder discrecional y libérrimo, no sería posible admitir el indulto, aunque sólo fuera por respeto a la disposición constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9-3), y esa garantía que ofrece  la Constitución no puede reducirse a una exhortación al buen hacer, sino que ha de plasmarse en vías jurisdiccionales que permitan denunciar lo que se considere arbitrario. Aunque la Ley de 1870 no lo contemple expresamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha consagrado en circunstancias excepcionales en casos de arbitrariedad o de desviación de poder

Obstinación de Sánchez en conceder los indultos

Sánchez dijo que tomaría en el tema de los indultos las medidas que estimara más oportunas para salvaguardar el interés general de España, tras realizar las consultas oportunas. No sé con quién habrá consultado el presidente, salvo consigo mismo y su gurú particular, que está dispuesto a tirarse por un barranco si se lo pide su jefe. No sólo no ha consultado con la oposición, sino que tampoco lo ha hecho con su propio partido, para evitar el “fuego amigo”. Es consciente de la gran oposición que encuentra, incluso dentro del PSOE, a su empecinada decisión de conceder unos indultos injustos e inequitativos, que sólo obedecen a la conveniencia, no pública, sino privada de Pedro Sánchez. Se ha topado con la oposición no sólo de la vieja guardia –Felipe González ha dicho que él no los concedería y Alfonso Guerra que políticamente eran indeseables y jurídicamente ilegales-, sino también de los barones menos contaminados con el cesarismo presidencial, como Emiliano Garcí-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, pero la militancia socialista permanece sumida en el “dolce fare niente, anestesiada por el virus sanchista.

Edmundo Bal –que fue destituido por Sánchez de la jefatura de la Sección Penal de la Abogacía del Estado por negarse a rebajar la acusación a los insumisos políticos catalanes de rebelión a sedición- ha comentado que lo concesión de los indultos por parte de Sánchez a sus socios separatistas sería utilizada por éstos para reescribir la Historia democrática de España, poner en cuestión la Justicia del Estado de Derecho e intentar arrastrar por el lodo el buen nombre de nuestro país. Y todo para poder seguir en la Moncloa, pues está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder, y carece del más mínimo escrúpulo. “Sabemos que está dispuesto a todo, pero no a acatar el informe del Supremo –exigencia obligada para cualquier demócrata-, y  cruzará la mayor de las líneas rojas. De todas las aberraciones que estamos sufriendo por parte de este Gobierno, ésta sería, sin duda, la peor. España no se merece un presidente que se crea más importante que su país y sus ciudadanos, y que crea de verdad que está por encima del bien y del mal”.