Entre las críticas a las importantes intervenciones policiales y judiciales de estos días contra las cloacas del PSOE y las presuntas actuaciones delictivas de los prebostes socialistas, algunos han afirmado que estaríamos ante una conspiración para derribar al Gobierno «progresista» de Pedro Sánchez, e implican en esto a jueces y periodistas.

Y no se trata de un exabrupto más, sino de una elaborada consigna tras la que se adivina el mensaje profundamente antidemocrático de que sólo la izquierda y el «progresismo» serían los legítimos ocupantes permanentes del poder; de modo que llegar a cuestionar la legalidad y moralidad del ejercicio de ese poder, significa colaborar en una conspirativa forma de golpe de Estado. Es la misma tesis que asoma también cuando a través de las urnas llega al poder cualquier fuerza política no progresista; ya que para el progresismo esto sólo es posible si ha existido alguna anomalía democrática que induzca a los electores al error de votar a fuerzas no progresistas.

Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es que, a través de tantas trapacerías de dudosa legalidad, existe hoy tal imbricación del PSOE ocupando todas las estructuras e instituciones fundamentales del Estado, que ya resulta difícil distinguir entre uno y otro. De modo que al final vendrían a tener bastante razón quienes identifican intervenir frente al PSOE y sus gerifaltes de antaño y hogaño, con golpear a este Estado.