He referido en no pocas ocasiones que la norma constitucional contiene muchas cuestiones de fondo y otras formales cuyo cumplimiento son exigibles en igual medida para otorgar la debida garantía a los actos de las instituciones y de los ciudadanos.

Suelo poner de ejemplo lo ocurrido tras las pasadas elecciones de 2019, cuando 48 horas después de celebradas, con S.M. el Rey fuera de España, de visita en La Habana, Pedro Sánchez anunció por su cuenta y riesgo que formaría un gobierno de coalición con Podemos, rubricado con un abrazo televisado, sin que ni siquiera las juntas electorales hubieran celebrado aún la sesión de escrutinio general, que es el único acto que permite validar los resultados electorales oficiales.

Pero, además, es que el artículo 62.d. establece con meridiana claridad que «Corresponde al Rey: …d. Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo…», y no cabe olvidar que bien podría decidir proponer a un candidato que no necesariamente fuese el de la fuerza más votada, habida cuenta la menguada representación obtenida, por ejemplo.

De modo que adelantarse a la decisión del Rey y obviar su prerrogativa no es sólo una descortesía inaudita, sino también un acto de riesgo que podría poner al presuroso en una situación crítica, amén de bochornosa.

Sólo ese hecho anunciaba que los meses que vendrían serían un permanente asalto a los límites constitucionales y una continua afrenta a la figura de Su Majestad, pero también al Congreso de los Diputados y a todos los Poderes del Estado.

Así ocurre que casi no hay día que no asistamos al derribo o al ataque frontal a un artículo de la Constitución, que está siendo modificada de facto ante los ojos de los ciudadanos, una veces con la excusa de la pandemia (los derechos fundamentales usurpados y restringidos casi uno a uno, por ejemplo) y otras veces por la mera conveniencia política y oportunista del ególatra, que lo mismo pacta con los que desean derribar el Estado para arrumbar la lengua española que agarra de las solapas al Título VIII y asalta las competencias autonómicas atribuidas en materia fiscal.

El más grave intento de todos, la amenaza más importante, no hay duda, fue la pretendida modificación del sistema de elección de los órganos de decisión judiciales, en cuyo intento continúan empeñados y sólo un error de Pablo Casado, si terminase de aceptar en este contexto la renovación de los mismos y del Tribunal Constitucional, conduciría a la demolición absoluta de nuestra democracia.

Sabemos, en todo caso, que la coalición de gobierno lo continuará intentando y presionando para ello, e incluso llegará a cualquier tipo de chantaje y extorsión que estime necesarios, por más que esta vez haya sido la UE quien llegó a pronunciarse con celeridad para frenar tanta barbarie.

Cada nueva iniciativa legal y casi cada pronunciamiento del ejecutivo o de un ministro por su cuenta propende a ello e intenta establecer una realidad en la que la Constitución se haya convertido ya por la vía de los hechos en un kleenex inservible y lleno de los mocos y las babas del capricho del gobierno, que hace, ya digo, lo que le sale de las narices.

Mucho me temo que lo próximo que ensayen sea una modificación de la Ley Electoral en España que permita desmantelar definitivamente la salvaguarda aún existente de la celebración de las sesiones de escrutinio general que corresponde hacer a las juntas electorales provinciales en cada circunscripción.

Aunque dichos escrutinios son vulnerados grave y sistemáticamente por todas ellas y sólo se celebran simbólicamente sin cumplir los requisitos legales, la mera posibilidad de que una o varias de ellas decidan un buen día llevarlo a cabo con la minuciosidad legal exigida, pudiera servir de disuasión a cualquier intento de fraude, pero por desgracia ahora mismo la convicción de que nadie lo hará pudiera estar permitiendo la comisión de delitos muy graves y, en todo caso, de ‘errores’ de bulto en la obtención de resultados.

Creo que ni lo que está ocurriendo en EE.UU. ni lo detectado en otros muchos países, servirá a ninguna junta electoral en España para activar el celo requerido, lo que deja nuestro sistema de recuento en manos por completo de unas empresas privadas bajo contrato del gobierno y, en realidad, sin ningún compromiso exigible u obligación legal específica, de no hacer trampas ni de actuar limpiamente. Si el contratante decide, las empresas, como es lógico pensar, harán lo que se les mande, que para eso cobran más de cien millones de euros por cada convocatoria de generales.

Así las cosas, al gobierno de las grandes trolas no cabe suponerle rectitud ninguna y, para asegurarse el desarrollo deseado, bien podría incorporar una modificación legal (introdujo varias en relación al voto por correo y a los censos) antes de las pasadas elecciones que le permita arrinconar aún más el papel asignado a la autoridad electoral encargada de certificar los resultados mediante el uso exclusivo de las actas de papel.

Si el conteo termina pasando en exclusiva, como sucede de hecho ahora mismo, a manos de las empresas informáticas, la democracia estará definitivamente acabada y nadie podrá dudar de la capacidad de pitonisa del Marqués de Bousselham y de las Pandemias, quien ya adivinó hace unos meses que la derecha no volverá al poder en mucho tiempo, lo que se parece mucho al presunto lapsus de Biden cuando reveló que su partido había desplegado una maquinaria insólita e inmensa «para el fraude electoral».

Y es que lo malo de hacer trampas es que siempre hay un bocazas al que se le engrasa demasiado la neurona y se va de la lengua.

He dicho.