Los dirigentes del PP que heredaron a Arriola, el gurú demoscópico de Aznar, sobrino de Juan Ramón Jiménez y casado con la cacicona Celia Villalobos, parecen haberse convencido de que aquellos enunciados de pasividad cuando ves al adversario hundirse y que le granjearon dos mayorías consecutivas tanto a Aznar como a Rajoy, son inamovibles.

Creo que entendieron el «laissez faire, laissez passer» del liberalismo con los pies.

Cuando llegó Pablo Casado, Arriola desapareció del mapa antes de morirse y ya ven cuál fue el resultado, pero es que el demérito de aquel muchacho y de su guardian Teodoro, campeón de lanzamiento de huesos de aceituna con la boca, pronosticaba lo peor sin necesidad de buscarles connivencias de otros responsables.

El problema para los atornillados a aquel paradigma arriolista (y para todos nosotros) es que el panorama puede haber cambiado y aquellos enunciados quizá no sean ya los necesariamente aconsejables para estos tiempos en los que un psicópata dispuesto a todo se encuentra al frente de los mandos. Feijóo se cruza de brazos. Y silba.
Por no enredar demasiado, a mí me asombra que, al menos hasta hace cuatro telediarios, Núñez Feijóo le insistiera a Sánchez todavía en la necesidad de alcanzar acuerdos en temas de

Estado. ¿Acuerdos con un tipo que jamás dice una verdad ni cumple su palabra? Ni siquiera «por el interés de España» ni como fórmula de protegerse del saqueo de votos, mayor o menor, que sufren simultáneamente ambas fuerzas a cada uno de sus lados.

Francamente, ni habiendo declarado, al igual que Moreno Bonilla, su proclividad juvenil hacia el PSOE, el señor Feijóo está autorizado por sus futuros votantes a llegar a acuerdos con alguien cuya promiscuidad con la mentira es de tal categoría que supera los límites no de la legitimidad y la legalidad, sino del crimen. Ahí están los casos abiertos en racimo sobre las togas y hasta los muertos. Por otro lado, tampoco resulta razonable ni prudente afirmar que él respetará cuando llegue al poder aquello que funcione y cambiará lo que no funcione.

Semejante afirmación supera con mucho la calamitosa concepción que parece tener Feijóo de la propia democracia y nos hunde a todos en la agonía de lo que se nos avecina, porque podría significar, por ejemplo, que no piensa descolonizar de quintacolumnistas todas las instituciones a las que el PSOE ha atravesado con sus capos y sus oficiantes.
El CIS, por ejemplo, funciona divinamente, según esta concepción pretendidamente aséptica de Feijóo, por citar un sólo ejemplo, pero son miles las oficinas y despachos envenenados donde ni siquiera la digna encargada de un proyecto se atreve a rebelarse o a denunciar a sus superiores cuando sus jefes le insisten en que haga la vista gorda con la ‘sobrina’ metida a puta de un ministro. Se da de baja y punto. Y sólo el capricho de la casualidad, en ocasiones, brinda la ocasión de exhibir la dignidad que habitaba en la inmundicia como un mojón flotante en una charca.

La Faffe andaluza, con centenares de causas pendientes en los juzgados y una cantidad en juego superior a la del caso ERE, donde colocaron por la cara a cientos de enchufados, es otro ejemplo de esas cosas que, según la filosofía anunciada por Feijóo y que ya adoptó Moreno Bonilla en su feudo, ¡funcionan! ¿Para qué tocar a miles de fijos e interinos o introducirlos en el túnel de la sospecha si, a la postre, será difícil removerlos y mejor esperar a que se conviertan?

Pero todo esto nos conduce a un argumento superior que se compadece mal con la tragadera de la pasividad arriolista y feijoyana, porque la razón más devastadora que contradice esa mamerta actitud del líder del PP es que todo o casi todo lo aprobado en estos siete años por el socialismo de Sánchez debe ser reducido a cenizas, incluso si se cree necesario volver a implantar escogidamente ciertas cosas e incurrir en el abuso de las disposiciones transitorias.

Y es que lo primordial, llegado el caso, para una labor regeneradora de la democracia y de nuestra Constitución, será sanar el sistema exigiendo la obligatoriedad de que las normas en vigor hayan sido aprobadas no a la remanguillé en claro abuso intensivo de los decretos tramposos, pactados además bajo la coacción o bajo la extorsión de delincuentes o enemigos netos de la Constitución y de la Monarquía parlamentaria, lo que puede incluir tanto al Rey de Marruecos como a los servicios de espionaje rusos, además de a Otegui, ERC o Puigdemont, por supuesto.

Funcione o no, todo lo que ha entrado en vigor bajo el sanchismo (incluidas las subidas de impuestos) ha de estar necesariamente anulado antes aún que bajo sospecha, no ya por su dudosa bondad o utilidad, sino por su propia ilegitimidad, porque fue aprobado en condiciones intolerables y sin transparencia, con el apoyo de delincuentes o de, abiertamente, beneficiarios directos de la extorsión, no en favor del interés general sino de parte, consagrando privilegios y desmanes y con grave perjuicio incluso para la Jefatura del Estado, pieza clave de nuestro ordenamiento.

Es todo esto y mucho más lo que convierte cualquier medida aprobada por el sanchismo en ilegítima y lo que exige que todas sean revisadas a la luz de los nuevos apoyos parlamentarios reales adaptados a la nueva situación que surja de las urnas, sea la que sea que se nos esté viniendo encima con Indra, la Junta Electoral, el CGPJ, el TC y tantas otras instituciones pasteleadas, tal vez con una ingenuidad demoledora, por el propio PP de Feijóo.

Aceptar lo que funciona (?) sin las garantías debidas sobre cómo y con qué intención las instituciones fueron adaptadas e intervenidas y sin conocer otra repercusiones ocultas cuando para ello se pactó con espurios agentes, nos conducirá a ahondar en la ilegitimidad en la que nos han instalado a todos y en la que también el PP quedará instalado a partir de ese momento.

Al menos quizá le sirva a Patxi López para explicarse por qué les odiamos tanto.

He dicho.