Ciencia, pura ciencia… El consorte de la «catedrática» sobrevenida en Transformación Social Competitiva y sin licenciaturas anuncia que van a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, nada menos, «para proponer a la sociedad española eliminar la obligatoriedad de las mascarillas a partir del próximo 26 de junio», todo ello, claro está, coincidiendo con otras cuestiones menores, como la concesión de indultos «contra legem» a una manga de golpistas que anuncia que volverán a ensayar un golpe de Estado, lo cual coloca al Rey en una tesitura insólita desde que se inició la transición democrática.
Un dictamen particular del conocido abogado del Estado Mario Conde, brillante como jurista antes de convertirse en acaudalado empresario y en víctima propiciatoria por desafiar al stablishment en su momento, señala con fineza que en el artículo 62 de la Constitución se recoge que «corresponde al Rey:… f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros», lo cual vendría a sugerir que el Monarca está obligado a firmar y dar el pase a las decisiones que apruebe el Gobierno, sin más. Pero señala en el dictamen que, acto seguido, en el apartado i), ese mismo artículo de la Constitución recoge lo que sin duda tiene trazas de ser una excepción a la regla general, pues una más de las funciones asignadas al Rey en el mismo artículo es la de «…i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales».
Entre «expedir» los decretos aprobados por el Gobierno como norma general y «ejercer» una prerrogativa específica para un asunto, cabe un mundo de contradicciones que sólo parece poder salvarse en pura hermenéutica jurídica considerando la segunda una excepción a la regla genérica.
Cosa diferente serían las consecuencias políticas que se derivarían del hecho de que el Rey reclame este distingo y se niegue a firmar sin más ese decreto ateniéndose al criterio técnico del Tribunal Supremo, quien en su informe preceptivo estima y advierte con meridiana claridad que se estaría incurriendo en una ilegalidad al conceder dichos indultos sin cumplir con los requisitos o, en palabras de la propia Constitución, «con arreglo a la ley», único modo viable de ejercer la prerrogativa excepcional que concede el Derecho para invadir la separación de poderes de modo tan descarado.
A la falta de arrepentimiento y de solicitud de los reos cabe unir la exigencia constitucional que expresa que «no podrá autorizar indultos generales». No resultará abusivo considerar que en este caso se están concediendo nombre por nombre pero a todos los condenados por la misma causa, lo que constituye sin lugar a dudas una aplicación genérica, no «ad hominem» como exige la ley, sino en función de la causa por la que todos ellos resultaron enjuiciados; es decir, un indulto general, sea cual fuere el objetivo político que se persiguiere con ello, y cuya consecuencia corrompe el espíritu mismo de la prerrogativa, que es la de indultar a un delincuente y no la de eximir la culpa o aminorar la gravedad del delito mismo.
«Odia el delito y compadece al delincuente» es uno de los aforismos de la gran jurista y pensadora decimonónica gallega Concepción Arenal (1820-1893) que figuraba en el frontispicio de muchas viejas cárceles españolas y que recoge el espíritu de esa habilitación excepcional para el indulto. Hay que ver lo que conseguían las verdaderas feministas de entonces…
Pero Arenal, precursora de muchas cosas importantes, también sostuvo que «Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie», argumento igual de válido ahora que cuando los nazis encausados ante el Tribunal de Nuremberg pretendieron adecuarlo a sus circunstancias, que es lo mismo que el Gobierno de Pedro Sánchez hace en este instante para culpabilizar a todo el país de los delitos cometidos por unos cuantos en Cataluña o cuando expande la responsabilidad suya e intransferible a todos en el desastre de su gestión de la pandemia.
Una más de Concepción Arenal que manda a Sánchez a los albañiles y a la Celáa a los albañales de la Historia: «Abrid escuelas y se cerrarán cárceles», pero las escuelas que permiten pasar de curso sin estudiar ni aprobar sólo conducirán a que se haga necesario abrir prisiones sin desmayo y tendríamos al gobierno convertido en una fábrica de indultos a destajo.
Nadie dude que lo que subyace en la intención de Sánchez es colocar al Rey en una situación insalvable que algún día le permita a él situarse en el lugar de preeminencia de los «besamanos» en el Palacio Real, como ya intentó con su «consorta» y no recibió el indulto del protocolo del Estado
He dicho.
