“¿Cuál será el próximo escándalo, señor González? ¿A qué extremos se ha tenido que llegar para que esta sola pregunta resuma el estado de la Nación?”. Esta magistral frase fue pronunciada por Aznar en el Debate sobre el Estado de la Nación de 1994, cuando acuñó su más que célebre “¡Váyase, señor González!”.
Para aquellos que lo hayan vivido, la etapa de Felipe González, tan loado hoy por el PP, se caracterizó por una corrupción sistemática y generalizada que afectaba a todas las instituciones del Estado, desde el director de la Guardia Civil al gobernador del Banco de España pasando por la directora del BOE. Unos niveles de corrupción sin precedentes desde el gobierno del Duque de Lerma en nombre de Felipe III, el mismo que no dudó en trasladar la Corte de Madrid a Valladolid y para evitar caer en manos de la Justicia, se hizo cardenal, motivo por el que en el Madrid de la época circularon unas coplas que decían: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón del reino se vistió de colorado”.
Tres décadas después, los mayores escándalos de los tiempos más oscuros del felipismo son de risa al verse eclipsados por los del sanchismo, que supera al Ejecutivo de Felipe González en el ominoso puesto del gobierno más corrupto de la democracia. Para sustentar esta contundente afirmación no basta más que enumerar los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PSOE de Pedro Sánchez desde que alcanzó el gobierno:
Caso Isofotón: Los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, pese a los informes negativos concedieron un préstamo a Isofotón, y pese a la ayuda recibida, la empresa entró sospechosamente en concurso de acreedores.
Dicho caso ha sido finalmente archivado por un defecto de forma, ya que la investigación había sido prorrogada fuera de los plazos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Juan Espadas: El líder del PSOE andaluz y exalcalde de Sevilla está bajo la sombra de la sospecha por la contratación de su esposa en la Faffe, reclamando los juzgados al SAE las bases reguladoras para ocupar un puesto de trabajo en el citado organismo ante un presunto caso de enchufismo.
Delcygate: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene la entrada prohibida en la Unión Europea, entró en España sin que se controlase el contenido de sus maletas y violando las sanciones comunitarias, ya que, desde el gobierno, presuntamente, se dio orden a la Policía Nacional para que no se le detuviera.
Caso Ábalos: El exministro de Fomento y hombre de estrecha confianza de Sánchez, mantuvo una relación extramatrimonial con una chica de apenas 20 años (Jessica Rodríguez), la cual había sido escogida de un catálogo de prostitutas por la mano derecha del entonces ministro, su asesor Koldo García. Ésta le acompañaba en todos sus viajes oficiales, pagándole 1500 euros al día y el alquiler de un piso de lujo de 2700 euros mensuales.
Además, fue enchufada en dos empresas públicas, a las que la chica en cuestión nunca fue a trabajar pese a cobrar por ello, como ha reconocido en sede judicial.
Dicho caso fue desvelado por la brillante periodista Ketty Garat desde The Objective.
Caso Koldo: La persona que da nombre al caso, Koldo García, había sido asesor del ministro Ábalos y luego, consejero de Renfe, dando información a una empresa para que recibiese adjudicaciones públicas y agilizase sus trámites, por lo que recibió comisiones de 1.5 millones de euros.
La misma empresa recibió pagos de 3.7 millones de euros del gobierno balear presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, por un material sanitario que se comprobó inservible y almacenado por falta de calidad, el cual fue pagado con fondos europeos.
La misma empresa fue contratada por el ministro del Interior Marlaska, recibiendo un importe de 3.5 millones, del mismo modo que por el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, de quien se benefició de adjudicaciones por 12 millones de euros.
David Sánchez: El hermano de Pedro Sánchez fue beneficiario de un contrato de Alta Dirección en la Diputación de Badajoz, sin acudir a su puesto de trabajo, residiendo fiscalmente en Portugal para evitar pagar impuestos. Para colmo, no se planteó antes la necesidad del puesto de trabajo que le asignó, relativo a la coordinación de los conservatorios de la provincia, siendo publicadas las bases de la convocatoria del mismo tan sólo dos días antes de que Sánchez fuese elegido líder del PSOE en 2017.
Caso Begoña Gómez: La esposa del presidente del gobierno ha sido imputada (término que ha sido sustituido por investigada) por tráfico de influencias y corrupción en los negocios porque el director de su máster en la Universidad Complutense recibió una carta de recomendación en favor de una empresa que formaba parte del mismo máster para participar en un concurso público en el que se benefició de 12 millones de euros procedentes de fondos europeos.
El empresario en cuestión ha afirmado haberse reunido varias veces con ella en Moncloa, dos de las cuales estaba presente el propio Sánchez.
El director general de la Faffe, Fernando Villar, pagó con dinero público del caso de los EREs en prostíbulos, manipulando la contabilidad de la entidad para que pareciese que había devuelto el dinero, gastando en una noche 15.000 euros, con un saldo total de más de 30.000 euros en fiestas y orgías.
Tito Berni: El diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, recibió comisiones en dinero y en especie a cambio de su intermediación para conseguir subvenciones en favor de un empresario canario, consistiendo dichos pagos en especie en fiestas en prostíbulos con alcohol y cocaína.
Caso Pérez de los Cobos: El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, fue cesado por el ministro del Interior Marlaska por negarse a proporcionarle los informes de sus investigaciones sobre las responsabilidades en la pandemia del delegado del gobierno en Madrid, del PSOE, como de Fernando Simón. Dichos informes estaban bajo secreto de sumario, y de haber obedecido al ministro (que le dio una orden ilegal) habría cometido un delito.
Creo haber citado en alguna ocasión la magistral frase de mi admirado Vidal-Quadras, cuando dijo respecto a este gobierno social-comunista que “hemos tenido gobiernos que mentían, pero ahora tenemos una mentira que gobierna”. En efecto, este gobierno se sustenta desde el principio en una gran mentira, presentando una moción de censura contra Rajoy basándose en un párrafo de la sentencia del Caso Gürtel que luego ha sido anulado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en el que se condenaba al PP como partícipe a título lucrativo en un importe de 243.000 euros por dos actos electorales en Boadilla del Monte en 2003 y 2007, es decir, por haberse beneficiado de dinero procedente de la comisión de un delito sin tener conocimiento de ello, pues de tenerlo sería acusado de malversación o blanqueo de capitales, por lo que en el caso que nos ocupa tenía una responsabilidad civil y no penal, que ya pagó al abonar los importes.
El mismo Sánchez que entró prometiendo transparencia, una vez en el gobierno ha declarado secreto de Estado el importe de sus comentados viajes en Falcon y ha rebajado las penas por malversación, algo de lo que se han beneficiado los condenados del caso de los EREs.
El mismo que llamó “indecente” a Rajoy, tiene imputados incluso a su esposa y su hermano, su núcleo familiar más estrecho, una situación nunca antes vista en una presidente en democracia. ¿Se imaginan cuál habría sido la reacción si la esposa o el hermano de Rajoy hubiesen sido los encausados? ¿A qué feroz campaña mediática se habría enfrentado? No debemos olvidar a las terminales mediáticas de la izquierda, Cuatro y La Sexta, mostrando las imágenes de Rajoy dirigiendo elogios y palabras de apoyo en campaña a políticos luego procesados y condenados como Carlos Fabra, Matas, Alfonso Rus o Camps, este último, además, absuelto después de diez años de calvario mediático y judicial. ¿Ahora no hacen lo propio con la fotografía de Sánchez con el comisionista Aldama, del que dijo que no se había cruzado nunca una palabra con él? ¿Aquellos que le daban credibilidad a todas las acusaciones sin pruebas que Bárcenas lanzaba no se las dan ahora a Aldama cuando dice que Sánchez conocía plenamente la trama corrupta? ¿No van a emitir una vez tras otra el vídeo electoral en el que Sánchez apoyaba a su candidato al Congreso por Canarias Juan Bernardo Fuentes, también conocido como Tito Berni?
No es de extrañar, teniendo en cuenta que los que se manifestaban ante la sede del PP gritando “Tu sobre, mi recorte”, no cercaron las sedes del PSOE en Andalucía, después de que 680 millones de euros de los parados se repartiesen entre afines al PSOE, una trama por la que han sido procesados seis consejeros y dos presidentes de la Junta, que, además, habían sido presidentes del PSOE a nivel nacional.
Ya sabemos que a algunos no les molesta la corrupción sino el signo político de quien la perpetra, pero lo preocupante no es la doble moral de muchos como la reacción de este gobierno corrompido, que supone una verdadera amenaza para nuestras libertades como para la propia democracia.
Para encubrir una corrupción que ha hecho metástasis y actuar con absoluta impunidad, Sánchez trata de emular a déspotas como Putin y Maduro, tratando de imponer por ley la creación de un Registro de medios de comunicación, lo que supone volver al Registro de Periodistas creado por el Franquismo en 1967, un modelo que en Europa sólo se da en Rusia, que no se caracteriza precisamente por ser un sistema democrático. En definitiva, será el gobierno quien marque los criterios para señalar qué es un medio de comunicación y qué es un “pseudomedio”, según sus propias palabras, lo que implica conferir al gobierno el poder para decidir quién puede informar y quién no.
Hemos visto a la líder de Podemos Ione Belarra acusar de llevar a cabo una “estrategia golpista” a la “derecha política, mediática y judicial”, señalando de manera dictatorial a la oposición, los medios de comunicación y los jueces por cumplir con sus deberes democráticos. De la ultraizquierda totalitaria de Podemos, la misma que por boca de Pablo Iglesias habló de acabar con los medios de comunicación privados, se podían esperar, pero desde que accedió al gobierno, ese estilo puramente fascista ha sido asumido por el PSOE.
El mismo gobierno que tacha de bulos las informaciones sobre sus casos de corrupción sin dar explicación alguna, es el principal difusor de éstos. No hay más que recordar que María Jeús Montero, Pilar Alegría como el propio Sánchez acusaron a Feijóo de conceder una ayuda por más de 100.000 euros a la empresa de su esposa cuando era presidente de Galicia, una información publicada por Infolibre, que tuvo que hacer una rectificación integral al tratarse de una noticia falsa, como reconoció el propio medio que hizo difusión de la misma. No obstante, ninguno de los tres integrantes del gobierno rectificaron ni se disculparon por contribuir a esparcir tal bulo.
El mismo Ejecutivo sanchista que se erige en luchador contra los bulos se alinea con un medio que ha difundido uno tan grave, publicando una información que no estaba contrastada en lo que supone una completa falta de profesionalidad periodística. En efecto, ocho ministros y el propio Sánchez fueron a los actos de Infolibre, un medio con apenas 60.000 lectores, mientras que otros en orillas ideológicas opuestas como El Debate, con 1.2 millones, son sistemáticamente boicoteados por el gobierno social-comunista, algo que incluso sucede con medios de masas como El Mundo y la COPE, ya que aquí se premia la fidelidad y el servilismo mediático al gobierno por parte de anti-periodistas que en su día no habrían contribuido a desvelar el Watergate sino a encubrirlo.
El referido a la esposa de Feijóo no ha sido el único bulo difundido por el propio Sánchez. No debe olvidarse el que atañe al hermano de Ayuso, al que acusó en sede parlamentaria de estar implicado en un caso de corrupción pese a que su causa había sido archivada mucho tiempo atrás hasta por dos Fiscalías distintas.
El bulo no ha sido la excepción sino la dinámica de juego de Sánchez, de quien emanan las mayores falsedades de España en mucho tiempo: del no pactaré con los nacionalistas a no dormiría tranquilo pactando con Podemos, pasando por que la pandemia no iría más allá de unos pocos casos aislados, un Comité de Expertos que tenía en común con la Santa Compaña que era fantasma al ser completamente falso, hasta llegar a la amnistía, que se declaró reiteradamente inconstitucional hasta que dejó de serlo cuando precisó de los siete escaños del partido del prófugo Puigdemont.
