Voy a abrir un melón que, hasta ahora, ningún partido político ha abierto, y que las fuerzas políticas tradicionales, a derecha e izquierda, no creo que vayan a abrir, por motivos puramente electoralistas. Me refiero a la drástica segregación de la población española entre los que sin trabajar seguirán cobrando su sueldo durante la crisis sanitaria, y los que no; entre los que tienen garantizado su puesto de trabajo, y los que se irán al paro, o permanecerán en él; entre aquellos para los que el confinamiento será una experiencia novedosa, y aquellos otros para los que es, y será, un verdadero drama. Me refiero a cómo esta crisis ha puesto en evidencia una estructura social asimétrica en España. Con diferencias drásticas entre aquellos que cuelgan de “lo público”, y el resto de una población “proletaria” o auto empleada, sin la más mínima seguridad vital en momentos de tormenta. Así de crudo es el asunto, al margen de la absoluta legitimidad individual de aquellos que, con esfuerzo y dedicación, hayan accedido a sus puestos. Esta clase socio económica de los empleados públicos incluye a los políticos, a los funcionarios, y a todos los miembros de las administraciones paralelas “a dedo”, que duplican la estructura funcionarial a nivel tanto nacional, como autonómico, provincial y local; podríamos añadir a la lista a los subvencionados “fijos” del sistema. Y restar a todos aquellos que, de un modo u otro, exponen sus vidas para protegernos a los demás, cuyo privilegio esta netamente justificado en esta crisis sin precedentes. Esta división económica de los ciudadanos –y asumiendo que es una simplificación que obvia singularidades- creo que es, dadas las circunstancias actuales, injusta, pues deja caer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de una parte de la población, precisamente aquella que con su esfuerzo genera la riqueza para que lo público pueda seguir funcionando mes a mes.

En marzo, al inicio de la crisis, Pedro Sánchez apuntó que eliminaría su recién aprobado incremento salarial del 2 por ciento a los funcionarios –más de 3 mil millones de euros anuales- pero luego no he vuelto a oír del asunto, salvo la congelación del mismo por parte de algunas CCAA. Los votos de la clase pública parecen tener suficiente peso como para hacer renegar al gobierno de su retórica de estar del lado de los más débiles; a los que quiere contentar ahora con promesas de pura miseria de mínimo vital. Pero cuando la realidad supera a la ficción, como ahora nos está sucediendo, ya no caben los relatos políticos, ni los privilegios más o menos encubiertos. Porque hablamos de supervivencia. Y si el barco se hunde, nos hundimos todos. Si Europa ya no tiene dinero para el rescate, tendremos que hacérnoslo nosotros mismos. Las intervenciones en Grecia o Portugal –afortunados ellos- implicaron bajadas puntuales de los sueldos de los funcionarios de hasta un 40%, pues se llegaba muy tarde. Cuanto más tarde, peor. Quizás hoy una moderada bajada en los sueldos públicos podría ser parte de la solución. Aunque no sé siquiera si alguien ha hecho estos números. Porque todos callan.

Y es que, números aparte, la cuestión de los privilegios implica, en momentos de crisis, una cuestión hondamente moral. Un país que enarbola la bandera de la Igualdad no debería tolerar sistemas de clases tan rígidos que lleguen a rozar la injusticia. Una injusticia social que depende, en tiempos de crisis concomitantes, del privilegio, o no, de vivir bajo los pantalones –o faldas- del Estado. Nadie pone el dedo en la llaga. Quizás estén esperando a que otro lo haga. Yo, en mi inocencia, aún espero que alguien se adelante a lo inevitable, y sea capaz de decirnos la verdad: que asistimos, de la mano de los de siempre, a otra merma de una ya maltrecha Igualdad. Que, de no corregirse, nos igualará definitivamente a todos los españoles, pero por abajo.