El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla solicita a la Junta de Andalucía la modificación de la gestión, los requisitos y la administración del Bono Alquiler Joven, tras analizar los problemas acumulados desde 2022 y constatar que el sistema actual “fomenta la exclusión de los colectivos más vulnerables” y no atiende de forma efectiva el problema social de acceso a la vivienda entre la juventud. 

La presidenta del Colegio, Angélica Gutiérrez, ha subrayado que la ayuda “no puede funcionar como una carrera de obstáculos en la que gana quien tiene más recursos digitales o más capacidad de reacción”. “Si hablamos de una medida con vocación social, debe diseñarse con criterios de equidad, accesibilidad e inclusión, y no al revés”, afirma.  

Según el comunicado, Andalucía ha sido de las primeras comunidades en abrir el plazo de solicitud, un hecho que el Colegio valora de forma positiva, aunque advierte de una contradicción de fondo: sigue habiendo solicitudes sin resolver y personas con ayudas aprobadas que aún no han recibido el importe concedido de convocatorias anteriores. 

Entre los principales problemas identificados, el Colegio señala que la solicitud se limita a la vía telemática, lo que excluye a quienes no cuentan con conocimientos o medios suficientes, y exige además certificado digital y la instalación previa de Autofirma, reduciendo aún más el acceso real.  

A ello se suma un modelo de concurrencia no competitiva, que, en la práctica, convierte el bono en una prestación “por orden de llegada”, favoreciendo a quienes disponen de mejores recursos y tiempo para completar la tramitación con rapidez. “No se puede pedir a la ciudadanía que compita por una ayuda social como si fuera la entrada para un concierto”, advierte Gutiérrez.  

El Colegio recuerda que, para 2026, la convocatoria prevé un máximo de 15.000 personas beneficiarias, una cifra superior a la del año anterior, pero “todavía limitada” si se considera el contexto del mercado inmobiliario y el volumen de población joven en Andalucía.  

En su posicionamiento, la entidad argumenta que el diseño vigente puede afectar a derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la igualdad (por la brecha digital y el requisito de rapidez), el derecho a la participación (por no incorporar las realidades de las personas destinatarias) y el derecho a la asistencia social, al dificultar un acompañamiento eficaz cuando las citas de atención llegan después del cierre de solicitudes.  

Por todo ello, el Colegio solicita a la Junta de Andalucía que habilite la presentación por vía telemática y también presencial, mediante registro en oficina física, sin trasladar la carga a los Servicios Sociales y que establezca un sistema de concurrencia competitiva en ayudas de carácter social, que priorice a quienes acrediten circunstancias más desfavorables.  

“Desde el Trabajo Social vemos a diario cómo las trabas burocráticas y la brecha digital expulsan a quienes más necesitan apoyo. Por eso pedimos cambios concretos y ofrecemos colaboración técnica para que esta política pública sea realmente justa y efectiva”, ha concluido la presidenta.