La Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento ha decidido no abrir expediente para inscribir en el inventario municipal lo que le corresponde, para evitar un conflicto con Huelva y para, sobre todo, no pagar el 10% de su valor a los investigadores

Cuando los funcionarios del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla estudiaron la denuncia presentada el 22 de junio de 2015 por Carranza y Font supieron al instante que tenían en sus manos una «patata caliente«. Dos ciudadanos, un historiador jubilado y un abogado, advertían a la Dirección General de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio, que 150 hectáreas de terreno del término municipal de Almonte son propiedad de Sevilla, instándolos a proceder a la acción investigadora sobre la titularidad de los terrenos, que incluye una playa en Matalascañas, al amparo del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Los demandantes aportaron en enero de 2016, y a instancias de la jefa del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, Raquel Barea Vázquez, una serie de documentos que acredita la presunción de titularidad municipal de la parcela en cuestión, entre ellos, una nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Almonte. Desde entonces, y hasta la publicación, el pasado sábado, de la noticia sobre la propiedad de la playa que ha causado un notable revuelo, el Ayuntamiento de Sevilla no se ha interesado lo más mínimo sobre este particular, a pesar de que la funcionaria responsable del patrimonio municipal de Sevilla reconoce que el artículo 48 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, establece la necesidad de que el Ayuntamiento lleve a cabo un estudio previo sobre el ejercicio de la acción investigadora, una vez recibida la comunicación o denuncia de un particular.

Sevillainfo ha podido conocer que el Ayuntamiento se ha limitado a consultar el inventario municipal sin que aparezca constancia alguna de esos terrenos cedidos en 1255 por el Rey Alfonso X el Sabio a la ciudad de Sevilla y que no fueron incluidos en el proceso de desamortización del siglo XIX. Al respecto, fuentes municipales confirman a este diario que « no se ha abierto expediente alguno y tampoco se plantea abrirlo«.

En esta ocasión, a diferencia de otros bienes que sí fueron reclamados o situaciones de derechos reales parecidos a este caso, como los castillos de Cortegana, Alcalá de Guadaíra o Fregenal de la Sierra, el Ayuntamiento de Sevilla no quiere saber nada de la playa ni de los 150 hectáreas de terreno que los demandantes aseguran es propiedad de todos los sevillanos, en teoría para evitar polémicas con la vecina provincia de Huelva y en especial con Almonte. No obstante, la apertura de un expediente conllevaría, con casi toda seguridad, la confirmación, en toda su extensión, de las investigaciones desarrolladas por Carranza y Font, lo que implicaría una resolución favorable y el pago, a los demandantes, del 10% del valor líquido que el Ayuntamiento de Sevilla obtenga por la enajenación de los terrenos. Es decir, la simple cesión de los terrenos propiedad de Sevilla al Ayuntamiento de Almonte obligaría al Ayuntamiento hispalense a abonar una importante suma de dinero a los demandantes.