Los izquierdistas siempre han sido maestros en izar banderas engañosas que reúnen a las masas bajo consignas de odio. Así, un enemigo estratégico bien elegido se presenta como encarnación del mal absoluto y se preconiza la lucha contra él como si fuera una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, en los años treinta del siglo pasado, los comunistas lograron reunir a partidos socialistas, organizaciones burguesas y sindicatos anarquistas bajo la engañosa consigna del “antifascismo” representado por el Frente Popular. Luego convencieron a muchos incautos de que el antifascismo era el grito de guerra de la democracia, pero no la meramente “formal” que se practicaba en el Reino Unido o en EEUU, sino la “real”, la que decía defender el padrecito Stalin y la Komintern. Pero ¿quién se va a fijar en ese pequeño detalle? 

Con una técnica similar, el malvado Zapatero se inventó una Ley de Memoria Histórica que venía a ajustarle las cuentas a Franco, treinta y dos años después de su muerte y cuando prácticamente nadie se acordaba de él. Como suele ocurrir con las leyes ideológicas, la oposición de centro-derecha quedó paralizada, incapaz de responder a este insidioso planteamiento. Porque si alguien decía que estaba en contra de dicha Ley de Memoria Histórica, se interpretaba que estaba defendiendo la dictadura franquista. Si, por el contrario, la aceptaba, considerando que Franco era una figura amortizada que no significaba nada en la España del siglo XXI, lo que hacía era colaborar con la agenda ideológica de sus rivales de izquierda. 

El señuelo estaba bien presentado, porque la ley venía revestida de un aparente sesgo humanitario, que no era otro que el de recoger los huesos de los represaliados que, supuestamente, atiborraban las cunetas de media España: ¿quién se podía oponer a esa piadosa aspiración? Aunque, de hecho, no parece que desde 2007 se hayan encontrado muchas fosas. Pero eso es lo de menos.

Por supuesto, ya sabemos cuál fue la reacción de muchos “conservadores”: admitir la ley creyendo que no les perjudicaba y que incluso les proporcionaba un marchamo democrático. Lo que no acababan de entender es que, con dicha aceptación, todos los antifranquistas militantes recibían un plus de legitimidad moral. Las viejas organizaciones de izquierda y nacionalistas: PSOE, PCE, ERC, UGT, PNV, más la ETA, cobraban pedigrí democrático precisamente gracias a su antifranquismo programático, por muy aberrante que hubiera sido su comportamiento real. Y ese inmerecido plus de legitimidad que recibían estas organizaciones iba en deterioro proporcional al descrédito de sus rivales, que quedaban estigmatizados como franquistas vergonzantes. No se pierda de vista que la derecha en España siempre va a ser tildada de franquista.

Da igual que el franquismo, como proyecto político, sea una reliquia comparable con la propuesta carlista o con el deseo de restaurar el Antiguo Régimen. Los pocos franquistas que se reconocen como tales en España son más bien nostálgicos de su parafernalia simbólica y apenas si reivindican el restablecimiento de la Ley de Principios del Movimiento Nacional o el Fuero de los Españoles, por ejemplo. Sin embargo, nunca se habla tanto del peligro del franquismo como hoy, porque la izquierda, deseosa de buscar vestigios de su memoria partidista, ha identificado como franquista el legado de la Transición: la monarquía, la unidad nacional, la continuidad de la España tradicional…

El consenso sobre el que se construyó el Régimen del 78 fue el de la “libertad sin ira”, que venía a reconocer de forma implícita el fracaso de nuestra anterior etapa democrática de los años treinta, precisamente por su exceso de furia y odio. En 1975, tal vez de manera un poco simplista, cundía la sensación de que las dos Españas simbolizadas en los hermanos Machado habían rivalizado en la tarea de tratar de hacer imposible la convivencia. Y estábamos convencidos de que, durante la guerra, ambos contendientes cometieron excesos de todo tipo y crímenes horribles. 

Un poco ingenuamente creímos que, estando ya “en Europa” y con la lección bien aprendida, iba a predominar a partir de entonces la reconciliación nacional que venía preconizando el PCE desde los años cincuenta y a la que nos urgía la Iglesia del Vaticano II. Incluso Carrillo había aceptado la bandera bicolor, se declaraba “juancarlista” y esbozaba una confusa disculpa sobre las matanzas de Paracuellos. Por si alguien no lo sabe, recordemos que dichas masacres siguen siendo los mayores crímenes de guerra que se cometieron en aquella terrible guerra fratricida.

Por eso, aceptar la Ley de Memoria supone dinamitar la convivencia democrática de los últimos cuarenta años y equivale a reavivar el odio ideológico según el cual la lucha entre las dos Españas de 1936-39 fue un conflicto entre buenos, muy buenos y malos malísimos. Las falsedades históricas, impuestas como dogmas desde el Boletín Oficial del Estado, tienen consecuencias. En caso contrario, no se esforzarían tanto por imponerlas.