Nací con parálisis cerebral. Fui representante del alumnado en mi colegio de educación especial. Cuando mis ideas no coincidían con las del profesorado, dialogaba con ellos con tal de defender a mis compañeros. 

Este elemental criterio representativo no lo han aceptado el CERMI ni la ONCE, grandes entidades asociativas que alardean de actuar en nombre de las personas con discapacidad, pero que prostituyen su ineludible defensa para rendir pleitesía a un Gobierno que compra su silencio a cambio de la golosa subvención anual, quedándose más callados que en misa ante la pretensión de la “Ley Celaá” de liquidar los colegios de educación especial. 

Únicamente cuando los españoles decidamos las entidades a las que deseamos destinar el 0,7% de nuestro IRPF, acabaremos con este pícaro monopolio propio del patio de Monipodio, que impide la inclusión de todos en un umbral de igualdad.