A fuerza de asegurar que somos iguales ante la ley hemos conseguido ser desiguales. Esta afirmación, en principio, contradictoria, no es más que la constatación de nuestra realidad político administrativa. Art. 1, 2 Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Perfecto. Pero como desde 1978 nos ha dado en España por jugar a ser más democráticos y avanzados que los que nos llevan, por ejemplo, más de 200 años de democracia, hemos conseguido que “el café para todos” acabe en barra libre. Si cogemos cualquier estatuto de autonomía podemos comprobar que todos esos textos legales no son sino una emulación, con leves matices o variantes, del texto constitucional del 78 en cuanto a los fundamentos jurídicos. No obstante, según la parte de la geografía donde nos encontremos, se han metido en el cuerpo legal de dichos estatutos particularidades al antojo de los sátrapas territoriales de turno, que operan de dos formas en el terreno práctico. Por un lado, duplicamos principios, derechos, libertades, organismos y burocracia. Por otro, salpicamos de hechos diferenciales dichos textos para marcar una pretendida diferenciación que lo único que en realidad diferencia son las expectativas y las oportunidades reales de unos ciudadanos frente a otros.

La soberanía del Estado emana del pueblo. ¿Y la de las Comunidades Autónomas de dónde emana, del campo? Si en ocasiones somos invocados doblemente como razón última de la autoridad política que después (ellos, los políticos) ejercen sobre nosotros o contra nosotros, en otras, esa clase política ha conseguido utilizar el mandato del pueblo, es decir, el nuestro, para desarrollar normas y leyes y mecanismos, y expectativas y oportunidades que nos hacen diferentes. Esta diferenciación no es positiva, ni buena, ni impulsora de nada, sino que es una diferenciación combativa, la cual se utiliza para hacernos ciudadanos –españoles- pero diferentes. Se ha llegado a tal punto de fricción social y jurídica que el Estado ha tenido que poner en marcha mecanismos de armonización de las distintas leyes (Leyes de armonización: Son leyes ordinarias dictadas por el Estado con el fin de coordinar disposiciones autonómicas, aun cuando éstas últimas hayan sido dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas) que, como no, emanan de los 17 pueblos que dicen, o eso creíamos, que son (somos) iguales ante la ley. ¿Ante qué ley, pues? ¿La Constitución, la Directiva Europea, la del Congreso de los Diputados, la del Parlamento Autonómico, la de alguna Consejería díscola (de alguna Autonomía) que quiere remarcar la notoriedad de calidad diferencial de sus ciudadanos para aparecer como el territorio más avanzado y progresista y democrático de todo el estado español? Dicho sea estado español sin ánimo de ofender. Aquí empieza a haber material para que el inolvidable Groucho Marx cogiera la cámara y rodara de nuevo la escena del camarote: todos en el mismo mar, en el mismo barco, en el mismo camarote, pero pisoteándonos unos a otros tratando de hacer lo que nadie sabe bien qué vino a hacer.

Creo en la descentralización del Estado y en que una gestión cuanto más cercana al ciudadano consigue ser más eficaz. Este es el caballo de batalla: la cercanía y la eficacia para ayudar a que la vida de los ciudadanos sea mejor. Leyes hay para dar y regalar, gran parte de las cuales no se cumplen. En España cuando una ley se muestra ineficaz o no se cumple, en lugar de poner los medios para que así sea, lo que se hace es otra ley, con el riesgo de que colisione con otra de otro ámbito territorial. Y vuelta la burra al trigo. Y vuelta a querer ser los más demócratas y progresistas. Y vuelta a tener que armonizar.

¿Tiene arreglo nuestro camarote? Desde luego Groucho ya no está para intentarlo, pero si encontráramos un humorista serio como él –no uno de los cientos de payasetes que tenemos- creo que sería posible. La idea es muy simple, se llama simplificar. ¿Para qué queremos hacer leyes y leyes que luego hay que corregir, armonizar y que no sirven sino para multiplicar la burocracia? La solución es tan sencilla como prescindir de los parlamentos territoriales. El ahorro sería mayúsculo. Tenemos un poder legislativo nacional, más que suficiente para legislar y darnos todas las leyes que necesitemos. Evitando, eso sí, las que no sean necesarias, como las últimas creadas por “legisladoras” de chichinabo. Mantengamos la descentralización. Mantengamos los gobiernos territoriales como gestores cercanos a los ciudadanos. Pero cerremos los hornos donde se cuecen leyes sectarias, partidistas, contradictorias, que vulneran y pisotean los principios generales del derecho y, sobre todo, que rompen caprichosamente la igualdad de los ciudadanos ante la ley. No por hacer más leyes somos más iguales. Ni por tener más Parlamentos, más democráticos. Ni porque metamos más gente dentro del camarote seremos tan buenos como los Hermanos Marx.