Artículo 47 CE.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Así reza nuestra Carta Magna desde 1978. Ya lo ven: el papel lo aguanta todo.
Cualquiera que toque el tema vivienda debe hacerlo con respeto y cautela. No en vano el techo es una de las patas más singulares de la “mesa social” con el pan, la escuela, el hospital y pocas cosas más. Sorprende que hayamos llegado a 2026 con la casa por hacer, y nunca mejor dicho. Porque de la casa se trata.
Estamos ante un dolor social antiguo que salta, no ya de una legislatura a otra, ni de un régimen político al que le sucede, sino de un siglo al siguiente: la prórroga forzosa de los alquileres se introdujo por Real Decreto en 1920, se afianza luego en la República, se consolida en el franquismo en 1964 mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos, y solo se cuestiona en 1985 con el famoso Decreto Boyer (aunque sin efectos retrospectivos).
En 1985, el debate se centraba en torno a los efectos de la prórroga forzosa y los alquileres congelados: pisoplones de renta antigua en la Calle Mayor (por ejemplo), por un alquiler de risa que no permitía al casero-propietario mantener el inmueble. Fue el hundimiento relativo de los cascos históricos.
Con todo, las décadas pasaron; España se había convertido en un país de propietarios. Ello desesperaba a los gobiernos de la joven democracia, porque era la época más dura del paro y la propiedad de la vivienda limitaba la movilidad social.
Pero ser propietario tenía y tiene aún fuertes fundamentos sociológicos: somos (aún) un país de sueldos bajos y pensiones ridículas, pese a los esfuerzos al respecto del gobierno. Varias décadas tras nuestra incorporación a la UE, se aprecia en ello una escasa convergencia con las realidades al norte de los Pirineos. Ello se explica en buena medida sobre nuestra estructura económica, que tanto dificulta la mejora de la productividad (aunque curremos más horas que nadie).
La España pospandemia, regida por Pedro Sánchez, ostenta unos indicadores macroeconómicos envidiables con una población cuyos indicadores de renta disponible yacen exangües desde la gran crisis de 2008. Bajos salarios, ya digo, que se recortan más al convertirse en pensiones y descubrir uno o una, además, lo limitadas y tardías que llegan las prestaciones por dependencia. La antiquísima sabiduría del pueblo español, fajado en estas realidades, te recomienda que el techo sea tuyo. Que no te echen a la calle, viejo y enfermo. Este saber, transmitido de padres a hijos, hizo de nosotros una nación de propietarios. Y ahora que ya no se puede, en propietarios frustrados, justamente enrebenchinados.
Pero ahora no se puede, lo acabo de escribir. El artículo 47 de la CE es más papel mojado que nunca. La necesidad de vivienda, alquilada o en propiedad se ha convertido en una misión imposible de repercusión variopinta: la falta de nuevos hogares hunde (más) la natalidad e, indirectamente, favorece la inmigración (que a la fuerza se aloja en condiciones indignas). El terrible esfuerzo realizado para pagar hipotecas y alquileres se detrae de otros sectores económicos y, por otra parte, la inversión inmobiliaria (con todo lo que ello mueve) duda entre el papeleo de los permisos necesarios, y el miedo a una burbuja como la de 2008 o a las consecuencias de una hipotética legislación intervencionista.
Y, en esto, se desahucia a Maricarmen y los activistas plantan sus tiendas en Sol. Hay que subrayar aquí que Maricarmen hubo muchas, muchísimas antes de esto. Desahuciadas en silencio, sin que conste qué fue de sus huesos y sus suspiros.
Debemos decir, además, que Maricarmen llega a la calle cuando lleva nueve años en el poder el gobierno más izquierdista de la España reciente. Un ejecutivo que no se ha dignado a tocarle una coma a la legislación que ha puesto a Maricarmen en la calle. Hasta este momento justo, en caliente, aprisa y corriendo.
Puesto a pergeñar un decreto (¿bienintencionado?) que no contenta ni a Junts ni a las Inquilinas de Sol. A los primeros, porque fastidia al pequeño ahorrador que invirtió en un piso para ponerlo en alquiler y compensar así una pensión miserable. A las segundas, porque están hasta las narices de dejarse en el alquiler el cincuenta por ciento de los ingresos netos, con el miedo sempiterno al desahucio o a las subidas agresivas. Españoles contra españoles, vaya. “Nos conviene que haya tensión”, Zapatero dixit.
No sé si Sánchez conseguirá aprobar este decreto; ya lo veremos. Intuyo que, así formulado, no sirve para construir ni un solo piso de los cientos de miles que hacen falta. No soy inversor inmobiliario pero, ahora, ni se me ocurre la idea de aventurarme en el sector. Sería devaluar o perder unos ahorros, ganados con tantísimo esfuerzo. Y como yo, tantos otros “pequeños” que huiremos del sector. Un sector que genera empleo, impuestos y una gran actividad por parte de las industrias auxiliares.
No tengo propiedades en alquiler pero, si las tuviera disponibles, las retiraba de inmediato del mercado del alquiler. Por riesgo plausible de secuestro de la propiedad. La consecuencia del decreto “de aquí a 2030” será, probablemente, la contracción (aún más acentuada) del parque de viviendas en alquiler. Y, a menos oferta, alquileres más caros. ¿Empujados a la expropiación, como piden algunas voces? Lo veremos. Del PSOE de la reforma agraria de 1931 al de la reforma inmobiliaria de 2027.
¿Y qué hará Sánchez si no consigue aprobar el decreto, Junts en contra? ¿Y qué hará de un modo u otro el Sindicato de Inquilinas acampado en Sol?
Tiene el hombre (tenemos todos) un buen lío en Ceuta, sin visos de solución a corto. Se me ocurre que lo de la pobre Maricarmen le ha venido como agua de mayo: que la gente deje de mirar al sur y mire al centro, al reino de Ayuso y Almeida.
No obstante, de la sala de máquinas de relatos le dicen que lo del decreto de los alquileres ya no cuela después de haber despreciado el tema vivienda a lo largo de su prolongado ejercicio en el poder. A ver qué conejo se saca de la chistera para evitar un nuevo 15M mientras Ceuta sigue pudriéndose.
