La votación sobre la reforma laboral del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso nos ha dejado varias lecciones de fondo que nos permiten analizar con minuciosa precisión el panorama político nacional.
Por un lado, se evidencia la enésima contradicción de Ciudadanos, que temeroso de su extinción continúa dando palos de ciego con reiterados bandazos, aunque el de estos días ha sido sin duda uno de los más llamativos: el de un partido que se presenta como liberal y apoya una reforma laboral impulsada no sólo por el PSOE sino por Podemos, es decir, por socialistas y comunistas, sobre todo cuando la ministra de Trabajo del gobierno y flamante sustituta de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, es una destacada militante del PCE. En este sentido, si el PP fuese un partido serio debería tomar nota de la credibilidad que merece la formación de Arrimadas, pero muchos sabemos que los prefieren como socios de gobierno antes que a un partido leal, coherente y firme en sus convicciones como VOX, algo que no debería extrañarnos, habida cuenta de que el partido que lidera Casado salvó en su día a Pedro Sánchez de una moción de censura presentada por Abascal.
Otro factor que se debe tener presente es la decencia de los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se han saltado la disciplina de partido para mantenerse fieles a sus votantes y al discurso que han mantenido a lo largo de la legislatura frente a los cambalaches y los opacos pactos de despacho de su jefe de filas Javier Esparza en aras de conservar el Ayuntamiento de Pamplona y salvarse de una reprobación y posterior moción de censura, cediendo cual Rajoy al chantaje del PSOE, el mismo partido que pactó con Bildu para evitar que gobernasen Navarra, de modo que salvarle en una votación decisiva hubiese supuesto apuntalar a un gobierno sustentado por los herederos de Batasuna, los mismos que se niegan a condenar y justifican los asesinatos de los concejales de UPN, por lo que, ante esta tesitura, lo más sensato que pueden hacer los regionalistas navarros es coser unas costuras que han saltado por los aires, pero todo apunta a que Esparza pretende reafirmar su débil liderazgo a costa de dividir e incluso condenar a la escisión a su partido, pues si tal y como ha exigido, Sayas y Adanero abandonan sus escaños, las dos actas pasarán a manos de PP y Ciudadanos, pues no debe olvidarse que UPN se presentó a las generales bajo las siglas de Navarra Suma, la coalición de centro-derecha en torno a la cual se unieron los tres partidos.
Otro elemento sumamente significativo que arroja esta votación es el punto de inflexión que marca en esta legislatura tan funesta para España la ruptura de la precaria mayoría de gobierno que Sánchez articuló para aislar a la derecha española a modo de actualización del Frente Popular de 1936, la del experimento del “gobierno Frankenstein”, que ha concurrido por primera vez dividido en una votación de primer orden al haber contado con la oposición de ERC, Bildu y PNV e intentar apoyarse sobre los mismos a los que pretendió aplicar un cordón sanitario como es el caso de Ciudadanos y UPN, cuyas cúpulas no han dudado en traicionar a sus votantes al prolongar la vida de un gobierno radical al que debían hacer oposición.
Aunque pueda parecer una anécdota, el factor que ha decantado la balanza de la votación por un decisivo voto, es la acreditación de una deriva autoritaria del gobierno social-comunista, algo que no debe sorprender a propios y extraños al estar en el seno del Ejecutivo los chavistas españoles, pues los titulares no deben centrarse en el hecho de que un diputado del PP haya registrado un error en el voto telemático (según su partido, debido a un fallo informático) sino al incumplimiento del Reglamento del Congreso y a la presunta prevaricación en la que habría incurrido la presidenta de la Cámara Meritxell Batet, que tiene la obligación de verificar por vía telefónica el sentido del voto de los diputados que lo hayan emitido por medios telemáticos, además de negar el derecho al sufragio del diputado una vez que se persona físicamente en la Cámara Baja, en cuyo caso, la Mesa del Congreso decide si éste puede votar presencialmente, pero todo apunta a que ésta no ha sido convocada ni ha decidido, habiéndolo hecho en su lugar la presidenta de forma unilateral.
La arbitrariedad con la que presuntamente ha actuado la tercera autoridad del Estado como es la presidencia del Congreso es insólitamente grave, no sólo porque deja tocada de falta de legitimidad algo tan importante para un país como la regulación de las relaciones laborales sino que nos devuelve a épocas afortunadamente superadas marcadas por el caciquismo y en las que la voluntad del Estado coincidía con la del gobernante como en tiempos del absolutismo.
