En España los jueces fueron los únicos acreditados para establecer “hechos probados” hasta el año 2004. Pero desde la llegada de ZP al poder -con su famosa ley 1/2004, de violencia de género- este monopolio de la verdad fue sustraído a los jueces para serle entregado a la mujer en algunos supuestos clave:  cuando a quién se enjuicie sea a su pareja o expareja masculina. La mera palabra de ella -es decir, la acusación- se ha convertido en “prueba de cargo”, suficiente para condenarlo a él (nótese que la acusación no es una prueba de nada, cuanto menos lo será “de cargo”). Se pretendía así que la intervención judicial quedara en una formalidad, consagrándose legal y jurisprudencialmente la superioridad moral femenina -las mujeres nunca mienten- y su “derecho” a configurar unilateralmente los “hechos probados”, es decir, la verdad.

Aun así, los jueces -con el poco margen que les quedaba- osaron sobreseer, archivar, o absolver al acusado en más del 75 % de los casos de denuncias de violencia de género. Dejando fuera de esta red clientelar de diseño político a la mayoría de sus potenciales beneficiarias (y potenciales votantas agradecidas), unas 120.000 denunciadoras anuales sin sentencia condenatoria contra sus ex. Por eso el “consenso progre”, el mismo que aprobó por unanimidad la ley de ZP, el que dice que las denuncias falsas no existen, y el que con Rajoy aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género, vuelve ahora a la carga.

El pasado 11 de noviembre el gobierno de Sánchez pactó con todas las Comunidades Autónomas, tanto las del PP como las del PSOE un nuevo “título habilitante” para acreditar a una mujer como “víctima” de violencia de género, ahora ya sin necesidad de intervención judicial alguna (BOE del 13 de diciembre 2021).  Con este acuerdo unánime y presidido por Irene Montero, para que no haya dudas, una mujer podrá auto declararse víctima, aunque el caso haya sido judicialmente sobreseído, archivado, o absuelto el acusado por sentencia judicial. El fondo ideológico-cuasi filosófico- de este acuerdo es que la palabra de una mujer no solo está por encima de la de un hombre, sino que prevalece sobre la de un juez. Confiriéndose a la mitad de la población el derecho divino a configurar la realidad misma, con el fundamento de su propio deseo, su propia rabia o de su propia subjetividad. El tan traído y llevado empoderamiento era esto, disponer a su antojo no de sus propias vidas, sino de las de los demás.

Porque detrás de cada “víctima” tiene que haber un “maltratador”, ahora declarado administrativamente sin derecho a defensa, ni al honor, ni siquiera con derecho a ser informado de su nueva catalogación institucional. Lo que supondrá, según la profesora de Derecho Verónica del Carpio la infracción de una larga lista de preceptos constitucionales, pudiendo tener efectos jurídicos demoledores incluso mucho años después. Bastará una instancia, el DNI y una autodeclaración para obtener el carné de víctima. Hurtándose la competencia judicial, y no sé cuántos preceptos constitucionales más, a través de un patatero acuerdo administrativo. Tampoco Hitler derogó la Constitución de la República de Weimar, le bastaba con ignorarla.

Los privilegios de ese carné de “víctima” incluyen reducción de jornada, trabajar a distancia, preferencia en la contratación pública, derecho a ausencias y faltas de puntualidad, nulidad del despido disciplinario, movilidad geográfica, suspensión unilateral del contrato con reserva del mismo, o su extinción voluntaria, pensión de jubilación anticipada, ayudas económicas, preferencia en el acceso a las viviendas públicas, y un largo etc. de privilegios que no dejará de crecer. Resulta obvio que la cifra de maltratadas en España se va a disparar, más carnaza preparada para las próximas elecciones.

Este último acto aberrante resulta esclarecedor para recordarnos que cierta casta política carece de límites racionales o morales cuando de defender su estatus se trata. Ya lo sabíamos. Por eso sucede lo inverosímil. Pero cuesta acostumbrarse al malabarismo moral de la incompetencia o la corrupción para mantenerse en el poder. A la perversión sistemática de todo el sistema desde sus cimientos. Incluidos los ciudadanos, a quienes se arrastra a la misma miseria moral. También con su indiferencia.

Aquí ya no valen rebeldías de salón tipo Cayetana Álvarez de Toledo, que al cabo solo sirven para blanquear el consenso progre al que ella pertenece. Aquí solo cabría una revolución. Y si no, irse a otra parte. O meterse a cura. No tengo muchas esperanzas, pero alguna conservo -la maldita esperanza-, espero que no sea una lenta agonía hacia Lo inevitable. Por eso, por esta pequeña y verde esperanza, hoy toca -de nuevo- defender lo obvio. Por muy obvio que nos parezca. Porque, de lo contrario, lo inverosímil será lo único seguro. Porque en la España del “consenso progre” lo inverosímil es ya lo único seguro.