Tras estos ocho años de gobierno del PP en Andalucía, que han permitido la alternancia política en una región que, durante cuatro décadas, incluso en la etapa preautonómica, estuvo gobernada por el socialismo, la pregunta clave, además de obligada, es obvia: ¿está Andalucía mejor ahora que con el PSOE?

La izquierda nos dice que los andaluces viven ahora peor, pero cabe contrastar sus consignas con la realidad inapelable de los hechos. 

El principal caballo de batalla de la oposición de socialistas y comunistas ha sido la Sanidad, aseverando que está peor que nunca. No obstante, los hechos evidencian lo contrario: 

• Según el informe de la Cámara de Cuentas, cuando la propia María Jesús Montero era consejera de Sanidad, se despidieron a 7700 empleados de la Sanidad Pública, de los cuales 1200 eran médicos, siendo el resto enfermeros, administrativos y auxiliares de enfermería, se redujeron en 600 las camas hospitalarias, se generalizaron los contratos a jornada reducida, de un 75 % o menos y se redujo el presupuesto en Sanidad en 1500 millones de euros, esto es, un 15 %. 
• Desde que gobierna Moreno, la Sanidad Pública andaluza cuenta con 30.000 empleados más, estabilizando al 96 % de la plantilla, de modo que los contratos de jornada reducida al 75 % ahora son residuales, consolidando, además, la jornada de 35 horas semanales, que ha permitido reducir la carga horaria estándar, que era de 37.5 horas a la semana. 
• Bajo el Ejecutivo del PP, se ha aumentado en un 60 % el gasto en Sanidad que ha pasado de 9800 a 16.200 millones de euros, alcanzando un récord histórico, siendo la primera vez que el gasto sanitario per cápita (1765 euros) supera a la media nacional (1757 euros).
• Se han reducido las listas de espera en operaciones quirúrgicas de 214 a 173 días y en consultas médicas de 176 a 136.

¿Cuál es, entonces, el problema al que se enfrenta la Sanidad andaluza? Al mismo que el resto de España: la falta de médicos, que en el caso de Andalucía se ve agravado porque los salarios percibidos por los profesionales sanitarios siguen siendo inferiores respecto a otras comunidades autónomas, a lo que se suma la ausencia de un ratio mínimo de enfermeros por paciente, lo que da lugar a que, lógicamente muchos profesionales prefieran trabajar en la Sanidad privada o en otras regiones donde van a tener la misma carga de trabajo pero van a cobrar algo más. 

La falta de médicos obedece a un cúmulo de factores estructurales como las jubilaciones masivas, unas condiciones laborales poco competitivas y una oferta de contratos precarios de pocos días o semanas, a lo que se suma la propia naturaleza geográfica de Andalucía, con muchas zonas rurales y dispersas donde la retribución no compensa dicho destino. 

No es un problema de fácil solución afrontar, al menos, a corto y medio plazo, un incremento salarial generalizado que permita revertir la pérdida de 2000 enfermeros y 500 médicos al año que se marchan de nuestra región, ya que el margen presupuestario es limitado, toda vez que se tiene que aumentar el gasto en fármacos, tecnología e infraestructuras, a lo que se suma el importante desembolso extraordinario que se tuvo que asumir durante la pandemia.

Socialistas y comunistas nos dicen que los populares han apostado por la Sanidad privada, pero, ¿se adecúa su relato a la realidad?

• El gasto en conciertos sanitarios ha aumentado de 400 a 600 millones de euros. No obstante, la inversión en Sanidad Pública ha sido mucho mayor, dando lugar a que el porcentaje de los conciertos con centros privados tenga menor impacto sobre el presupuesto, de modo que se ha pasado del 4.2 % de los socialistas al 3.9 % actual, siendo Andalucía una de las regiones que menos gasta en conciertos, lo que contrasta con la que lidera la lista, que es Cataluña con un 23 %, gobernada por el socialista Illa, que además ha sido ministro de Sanidad de Sánchez.

La posibilidad de que la Administración permita a centros médicos privados operar en el sistema público viene de la Ley de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión de 1997, aprobada con el voto favorable del PSOE, haciendo Andalucía uso de esa facultad durante los gobiernos de Chaves, pasando del 2.5 al 4 % entre 2010-2018, es decir, con sus sucesores Griñán y Susana Díaz, llegando al 5 % en 2014, durante la presidencia de esta última, y además en un gobierno de coalición con IU. 

No deja de resultar esquizofrénico no sólo que los socialistas se dediquen a criminalizar este tipo de fórmulas que luego aplican allí donde gobiernan, de hecho, en la propia Andalucía tenían 17 hospitales operando en la red pública, sino que pudiendo derogar la misma ley que ellos mismos aprobaron, no lo han hecho, y han tenido ocasión de hacerlo bajo los gobiernos de Zapatero y Sánchez, este último, para más inri, en coalición con los comunistas de Podemos e IU. 

Dentro de su neomarxista relato de clase, la izquierda dice que, desde que gobierna Moreno, fruto de “las deficiencias de la Sanidad Pública”, un 25 % de los andaluces (uno de cada cuatro) se han visto obligados a contratar seguros privados. No obstante, según los datos del propio Ministerio de Sanidad de Sánchez, el aumento de la contratación de seguros privados no ha sido un fenómeno exclusivo de Andalucía sino generalizado en toda España que, en no pocos casos obedece a razones no políticas, como que las empresas utilizan estos instrumentos cada vez más como pago en especie de sus empleados. 

En línea con lo anterior, hay ocho regiones en las que las que la contratación de seguros privados ha crecido más que en Andalucía desde 2018, año en el que Moreno accedió al gobierno, cinco de ellas bajo el liderazgo del PSOE. Es el caso de Navarra (48 %), Castilla-La Mancha (38 %), Asturias (35 %) y Extremadura (30 %). 

En otro orden de cosas, los social-comunistas nos dicen que Moreno beneficia fiscalmente a los ricos, otra acusación que, de nuevo, se da de bruces con la tozuda realidad: 

• A diferencia del gobierno de Sánchez, Moreno ha deflactado el IRPF para aquellos que ganan menos de 40.000 euros anuales. 
• Ha establecido una deducción para el alquiler destinada a los menores de 25 años, aumentando el umbral de los que pueden beneficiarse de la misma, que ha pasado de 19.000 a 25.000 euros anuales.
• Ha concedido ayudas de hasta 7000 euros para jóvenes por adquisición de primera vivienda si ésta asciende hasta 200.000 euros. 
• Ha establecido una deducción de 200 euros por hijo nacido.
• Ha bonificado al 99 % el confiscatorio Impuesto de Sucesiones, del que se libraban los grandes patrimonios por medio de la ingeniería financiera al poder permitirse el mejor asesoramiento, recayendo sobre la depauperada clase media.

La política fiscal de Moreno contrasta con las más de 140 subidas fiscales que ha llevado a cabo Sánchez en ese mismo período de tiempo. 

Los datos económicos evidencian una mejora de la situación económica como de la calidad de vida de los andaluces, reduciéndose la tasa de paro del 21 al 14 %. Si bien es cierto que sigue siendo superior a la media nacional, el diferencial se ha reducido, siendo inferior al 4 %, algo que no sucedía en la región desde 2006, en el pico de la burbuja inmobiliaria, ya que en años de bonanza económica como 2004 y 2005, dicho contraste era del 5 %.

A día de hoy, Andalucía es la región que crea más empleo de España, disputándose el liderazgo de creación de empleo con la Comunidad de Madrid y Cataluña, de modo que Andalucía crece más que la media. No obstante, en lo que se refiere a los niveles de riqueza permanece anclada en el puesto 16 de un total de 17 comunidades autónomas, y ello se debe a que el resto de regiones también crecen y a que Andalucía es la región más poblada de España, teniendo que repartir dicho crecimiento entre una mayor población. Esto se podría solucionar por medio de una proeza tan extraordinaria como a priori poco viable, y es que Andalucía crezca mucho más que las restantes autonomías.

Se tiende a hablar de la financiación autonómica y el agravio que sufre Andalucía con respecto al resto de España, algo que es consecuencia directa del sistema diseñado por Zapatero en 2009 siguiendo las exigencias de sus socios, los separatistas de ERC, que atendía a la capacidad fiscal de las autonomías. Dicho sistema contó con el voto en contra del PP y la abstención de IU, algo que es menester recordar a los mismos que se presentan ahora bajo la denominación “Por Andalucía”, ya que entonces parece que no les generó tanto rechazo. 

El actual sistema, si bien es cierto que aumentó los recursos que percibían tanto Andalucía como el resto de regiones, aumentó la brecha de ésta con respecto a las demás, pues Andalucía representa el 18 % de la población de España, pero recibe el 17 % de los recursos, lo que supone una pérdida de 1500 millones de euros anuales que la convierten en una de las cuatro regiones peor financiadas de España junto a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Ahora el PSOE propone una alternativa para camuflar su nueva concesión al lobby más depredador de la política española, que era y sigue siendo el separatismo catalán, ya que, a la condonación de deuda de Cataluña, la entonces ministra de Hacienda y autoerigida candidata “para salvar Andalucía”, María Jesús Montero, propuso condonar también la deuda de nuestra comunidad. ¿Significa que la deuda desaparece y los acreedores se quedan sin cobrar? No es más que un juego de trileros que no dejarán de pagar los andaluces, que no viven en una isla al margen del resto de España, y, por tanto, al asumirla el gobierno central, éstos la pagarán igualmente como contribuyentes de la Hacienda Pública española. 

Otra cuestión que preocupa especialmente tanto a aquellos que votaron al PP como los que votamos a VOX es la losa de una Administración paralela creada a lo largo de cuarenta años de gobiernos socialistas, que cuesta 2000 millones de euros anuales y lastra nuestro crecimiento y futuro como región. 

Dicha Administración paralela cuenta con 300.000 empleados públicos que fueron contratados desde la época de Escuredo sin seguir los principios de la función pública, basados en la igualdad, el mérito y la capacidad, creando duplicidades por medio de entes que hacen las mismas funciones que las consejerías. ¿Por qué el Ejecutivo de Moreno no ha prescindido de ellos y ha liberado los recursos públicos que cuesta su mantenimiento en favor de partidas más esenciales? Por la realidad que se ha encontrado en el gobierno: los socialistas se encargaron de blindar a sus enchufados convirtiéndolos en personal laboral fijo, de modo que, con independencia de la forma en la que fueron contratados, han adquirido los derechos propios de los funcionarios. 

En caso de despedirlos, no sólo habría que abonarles a todos ellos la correspondiente indemnización por despido improcedente, obligándoles la Justicia a readmitirlos en algunos casos, y en otros en los que se admita el despido, previo pago de indemnización, habría que contratar a otros que los sustituyeran, lo que supondría un desembolso adicional, haciendo un monto total inasumible que conduciría al colapso económico de la propia Junta de Andalucía. 

¿Qué alternativa ha llevado a cabo Moreno? La mejor posible ante tan limitadas opciones: suprimir las agencias y fundaciones e integrar a sus empleados en el organismo o entidad matriz del que directamente dependían, realizando en su lugar funciones esenciales relacionadas con el empleo, el medio ambiente y las infraestructuras.

Esta es la valoración empírica que se puede hacer de la evolución que ha seguido Andalucía a lo largo de estas dos legislaturas, lejos del simplismo y el histrionismo demagógico de las formaciones de izquierdas, que ya han detentado antes el gobierno de la Junta, con resultados tan funestos como sobradamente conocidos. En otra ocasión, pasaré a analizar el camino que, a mi juicio, Andalucía debe seguir no sólo para mantenerse sino para mejorar sus potencialidades.