El notable éxito del equipo nacional masculino de fútbol al ganar el Campeonato Mundial no debe hacernos olvidar la cadena de escándalos de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno, su partido y su entorno. El “penúltimo” escándalo ha sido el de su hermano David (DSP) -a) Azagra, para disimular- al que la Audiencia Provincial de Badajoz condenó el pasado 14 de julio a 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.  

Antecedentes del caso

El 17 de octubre de 2016, la Diputación de Badajoz creó con carácter de urgencia un puesto de Coordinador de Conservatorios, en contra de la opinión de los directores de los dos únicos Conservatorios de la provincia, que lo consideraban innecesario. El 8 de mayo de 2017, Sánchez inició  en Don Benito la campaña para su  reelección como secretario general del PSOE, lo que consiguió por amplia mayoría, y posteriormente fue nombrado presidente del Gobierno tras la moción censura contra Rajoy. Curiosamente, el ex líder socialista pacense, Ricardo Cabezas, declaró en sede judicial que Sánchez le había mencionado, “en pasant”, que tenía un hermano músico.

La plaza salió a concurso el 19 de mayo y, ese mismo día, el director de uno de los dos Conservatorios, Evaristo Valenti, envió a la directora del otro Conservatorio, Yolanda Sánchez, un correo bajo el titular de “hermanísimo”, en el que le comentaba que el puesto estaba predeterminado para DSP. Al concurso se presentaron 11 candidatos y, el 27 de junio, la Comisión seleccionadora elaboró un acta en la que se declaraban “no aptos” todos los candidatos salvo el “hermano músico”. El 3 de julio, el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Yáñez, denunció el hecho y, 7 días más tarde, la Comisión redactó otra acta, en la que se declararon “aptos” a 6 de los candidatos, si bien se mantuvo a DSP como ganador del concurso, con una puntuación de 95 sobre 100, y se indicaba como uno de los méritos más relevantes su respuesta a las preguntas que le hicieron. Ninguna de las dos actas fue hecha pública y la Comisión no informó a los concursantes de las puntuaciones que obtuvieron. 

Cristina Frutos -una de las concursantes más cualificadas- declaró que, antes de  la realización del concurso, había recibido un mensaje del director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, en el que le advertía que el puesto estaba concedido de antemano y le recomendaba que no se presentara. Frutos se presentó y la Comisión no le formuló ninguna pregunta  y le puso un 0 en Idiomas -a pesar de que hablaba inglés y portugués-y en Experiencia profesional -pese a ser una directora de orquesta con un bien ganado prestigio-. Frutos denunció el caso ante la Fiscalía de Badajoz y la fiscal  Begoña García Garó no le respondió. Cuando la directora le afeó su silencio, 1a fiscal replicó que recibía miles de correos y le reprochó que no hubiera recurrido la elección, a lo que Frutos le contestó que difícilmente podía haberlo hecho sin conocer las puntuaciones concedidas, ni la motivación para la designación de DSP. La fiscal no solo no investigó, sino que se convirtió en la defensora de Azagra y solicitó el sobreseimiento del caso por no haberse producido delito alguno.

Al mismo tiempo, y en paralelo, la “cloaca” del PSOE intervino ante distintas instancias del Estado para obstaculizar el desarrollo del proceso y proteger al “Número Uno”.  Estaba aquélla dirigida a distancia por su secretario de Organización, Santos Cerdán, y liderada por la “militantes de base” Leire Díez, quien -pese a su insignificancia política- tuvo acceso a las altas esferas de la Guardia Civil y de la Fiscalía General. Se lanzó una campaña implacable para desprestigiar a la juez instructora Beatriz Biedma. Según declaró en sede judicial el presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, Díez le ofreció interceder para mejorar su situación procesal en el caso en que estaba envuelto, si le proporcionaba información que pudiera afectar a la reputación de Biedma. Díez argumentó que “cuando tú sufres en tus propias carnes la injusticia, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te darás cuenta de que hay que limpiar”. Parra la puso en contacto con el juez expulsado de la carrera Luis José Sáenz de Tejada, que ya había demandado a la juez, que lo había condenado, prometiéndole su reingreso en la carrera si colaboraba en la campaña de difamación. Sáenz de Tejada pidió personarse en la causa como acusación particular con el fin de recusar a la instructora, pero ésta lo rechazó por carecer de legitimidad.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, recriminó a los mandos de la UCO por solicitar a la juez la incautación de unos correos relacionados con DSP y les encargó que realizaran un informe que concluyera en que no había causa, y el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, instó a los agentes que “se pusieran de perfil” en la investigación de los casos que afectaran al presidente, como el de su hermano, según testimoniaron los que fueron jefes de la Unidad Alfonso López Malo y Rafael Yuste. Díez se entrevistó en tres ocasiones con la nueva directora general del Cuerpo, Mercedes González, lo que ésta negó -al igual que hizo el ministro del Interior, Grande-Marlaska- en su declaración en el Senado. González ordenó que se abrieran expedientes internos a varios agentes de la UCO por haber supuestamente filtrado datos del proceso con el fin de amedrentarlos, lo que el jefe de la Policía Judicial desmintió, ya que alguna de las imágenes eran posteriores a la fecha en la que se había producido la incautación de los dispositivos. 

La “fontanera” Díez, junto con el abogado miembro de la cloaca Jacobo Teijelo, se entrevistó el 6 de marzo de 2025 en la sede de la Fiscalía General con el número 2 de la misma, Diego Villafañe y -según la UCO- pudieron producirse otras cuatro reuniones más, sin que haya quedado constancia alguna en el registro de la Fiscalía. Villafañe ha declarado que informó de estas visitas a su jefe, García Ortiz, quien dio instrucciones a sus subordinados sobre el caso. Diez informó al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, que la reunión en Fiscalía era clave y podría hacer que “el presidente directamente me adore”. Una muestra más de la injerencia del Gobierno en el caso del “hermanísimo” es el certificado que, sin membrete ni firma, fue enviado el 4 de octubre de 2024 por la AEAT de Extremadura al Juzgado, en el que se exoneraba a DSP de cualquier delito contra la Hacienda Pública.

En junio de 2024, la organización Manos Limpias presentó una demanda contra DSP, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y 11 dirigentes de la de la institución, y Luis Carrero por los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias. A esta demanda se sumaron otras 6 acusaciones populares -Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox-, que solicitaron penas de 6 años  de prisión. Todas las defensas y la Fiscalía – pidieron la absolución de los encausados. Por un auto de 28 de abril de 2026, la juez Biedma procesó a DSP, y demás demandados. Gallardo obligó a los diputados que estaban delante de él en la lista de suplentes al Parlamento extremeño con el fin de  gozar de aforamiento. Biedma impugnó la maniobra del presidente de la Diputación por considerarla fraudulenta y el Tribunal Superior de Justicia de Badajoz le dio la razón y anuló su designación.

Las defensas solicitaron a la Audiencia Provincial de Badajoz que se anulara el juicio porque en el proceso de instrucción se había vulnerado el derecho a la tutela jurídica de los acusados al haberse realizado una investigación prospectiva. El Tribunal rechazó la petición, si bien exculpó a DSP del delito de aceptación de un nombramiento ilegal, y a Gallardo del de la contratación ilegal de Carrero. Del 28 de mayo al 9 de junio se celebró el juicio ante la Audiencia. DSP sólo contestó a las preguntas de su abogado y estuvo parco en palabras para evitar repetir los errores cometidos en sus declaraciones durante la instrucción, como cuando reconoció que no sabía dónde estaba ubicado su lugar de trabajo. Gallardo, por el contrario, se mostró agresivo y hasta dicharachero. Afirmó que cuando se creó el puesto de Coordinador de Conservatorios ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tuviera un hermano. A las incisivas acusaciones del teniente coronel Antonio Balas, replicó que había asistido “a la lectura de una novela de ficción propia de los tiempos de Felipe Trigo”. El testimonio de Balas fue decisivo para la condena de los procesados. Declaró que Gallardo -quién tenía la máxima capacidad política dentro de la Diputación- fue el motor de la creación de un puesto innecesario, cuyo beneficiario estaba predeterminado y cuya concesión se realizó mediante un “proceso selectivo maquillado”. Tanto de los correos que aludían al “hermanísimo”, como de las prisas de DSP por encontrar alojamiento en Badajoz cuando aún no se había resuelto el concurso, constituían indicios relevantes.  En los “delitos de despacho” -que van precedidos de conversaciones y actos preparatorios- resulta muy difícil  instrumentarlos en documentos oficiales, y el hecho delictivo debe deducirse a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano. Cada uno de los indicios por separado podían resultar insuficientes para una condena, pero, en conjunto, aseguraban una “convicción incriminatoria” y una  “conclusión probatoria”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz

La Audiencia exoneró a los encausados del delito de tráfico de influencias, pero los condenó por un delito de prevaricación administrativa, y fueron sancionados con penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público y el ejercicio pasivo de derecho al voto, durante 18 años para Gallardo y 9 para los demás procesados.

1.-Condena por prevaricación administrativa

La Audiencia destacó que DSP era una persona ligada por lazos familiares con quien ostentaba la máxima responsabilidad en la ejecutiva del PSOE y sería investido presidente del Gobierno en julio de 2018. La Diputación de Badajoz creó una plaza de Coordinador de Conservatorios, que era “innecesaria y vacía de contenido esencial”, y que obedecía al interés particular de su adjudicatario y no al interés general. Dicha plaza estaba destinada a él y, siendo consciente de ello, “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo al conseguir que se adaptaran las condiciones del puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”. Hubo un plan preconcebido con unidad de acción para llevar a cabo actos arbitrarios, con el objetivo de favorecer a DSP. Se cambiaron luego la denominación del puesto y sus funciones para adaptarlo a sus preferencias personales. Finalmente se creó a instancias de éste otro puesto igualmente innecesario y se contrató a su colaborador Carrero. Los procesos de selección fueron “puramente cosméticos o de escaparate, sin fundamento real alguno”. El Tribunal  consideró que Gallardo – al que atribuyó la principal responsabilidad- creó el puesto con el objetivo de que fuera ocupado por DSP, pero no lo condenó por ello, porque el delito ya había prescrito. Sí lo hizo por la modificación de su cargo inicial, “que supuso una transformación sustancial del puesto, suprimiendo la incompatibilidad del mismo, con el propósito de adaptarlo a las apetencias personales de David”. Hablando en plata, “un traje a la medida”. La condena  le afectó en su calidad “de cooperador necesario”. También fueron condenados todos los encausados por la creación del puesto de Jefe de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y la adjudicación del mismo a su “hermanito” Carrero. La Audiencia concluyó que a DSP y a su amigo les entregaron “sendas plazas de nueva creación retribuidas con fondos públicos, para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

La condena de los delincuentes se ha conseguido gracias a que ha habido unas acusaciones populares, ya que la Fiscalía -como en el caso del fiscal general García Ortiz-se transmutó en defensa y, no solo no acusó, sino que defendió a los encausados. El PSOE, que consideró excelente la condena de Iñaki Urdangarín gracias a la  acusación popular de la ahora denostada Manos Limpias y que ha recurrido a dicho medio de acusación en diversos casos, se muestra radicalmente en contra de la misma cuando pueda afectar adversamente al Gobierno o al partido, y trata de eliminarla o reducir su alcance, pese a estar consagrada en el artículo 24 de la Constitución.

2.-Exoneración por tráfico de influencias

El Tribunal reconoció que la prevaricación cometida obedeció al designio de favorecer a DSP, pero estimó que no estaba acreditado quién o quiénes influyeron para la creación de los puestos, ni que se ejerciera una presión enorme sobre los creadores de los mismos. No ha quedado probado, a su juicio, que la decisión de crear el puesto se hiciera a petición del beneficiario o de personas de su entorno o relacionados con el mismo, conocedores de la necesidad del músico, o “si tal decisión se realizó motu proprio con el designio de favorecer al Sr Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Péréz-Castejón”. Se podría conjeturar que la prevaricación fuera la respuesta a una previa presión o influencia sobre los responsables de la Diputación, pero “se ignora quién o quiénes ejercieron ascendencia o influjo sobre ellos”.

Según ha editorializado ”El Mundo”, par que el Tribunal apreciara la existencia de tráfico de influencias, faltaba el eslabón de la influencia real ejercida con prevalimiento y, sin él, por fuerte que fuera la sospecha, no cabía condenar por un delito cuyo verbo nuclear es “influir” y “la duda sobre ese elemento se resuelve absolviendo”. No obstante, la directiva de la UE 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción – que no es tan garantista como la normativa española- precisa que “la conducta constituye delito con independencia de que se ejerza realmente la influencia o que la supuesta influencia conduzca a los resultados previstos”. La directiva obliga al Estado español, aunque no haya sido aún formalmente incorporada a su legislación.

En el caso de la creación el puesto de Jefe de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, creo que está más que probado que el inductor fue DSP, que advirtió a su amigo Carrero con antelación de la futura creación del puesto y éste -que estaba a la sazón trabajando en Presidencia- le comunicó, 27 días antes de que se creara el puesto, que “Moncloa ya había soltado la liebre”. En cuanto a la creación del puesto originario, me recuerda un acertijo de mi infancia que rezaba: “Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come y a la calle se tiran los cascarones ¿qué es?”. Pues, para la Audiencia de Badajoz no es el huevo.

Aquí cabe hacerse la vieja pregunta de “Cui prodest?- ¿A quién beneficia?- Resulta obvio que el principal beneficiado es DSP, pero éste carecía del poder y de la capacidad de presión que sí tenía su hermano mayor. Carente de escrúpulos y siempre dispuesto a utilizar la máxima presión, no solo sobre sus enemigos, sino también sobre sus amigos, el presidente del Gobierno en ejercicio encarna la figura ideal del inductor del delito en último término. El inductor inmediato fue Gallardo, que era la máxima autoridad en la Diputación y que ansiaba congraciarse con Pedro Sánchez, tras haber apoyado a Susana Díaz en la pugna por el liderato en el PSOE. Hay numerosos indicios, miguitas de pan que señalan el camino hacia el inductor real del delito, que acogió en la casa fraternal de la Moncloa al hermano pródigo que regresó de la Rusia putiniana con una mano adelante y otra atrás. Parafraseando al Padre Peyton, “famitia que delinque unida, permanece unida”.

Los indicios abundan en efecto: La coincidencia en el apellido Sánchez Pérez- Castejón, la mención en Badajoz del futuro presidente de que tenía un hermano músico, la acogida del pródigo durante algún tiempo en la Moncloa, las prisas de DSP de encontrar alojamiento en Badajoz antes de que se conociese el resultado del concurso para Coordinador de Conservatorios, los correos y los rumores referentes al “hermanísimo”, la comunicación de las dificultades burocráticas de éste a la dirección de correo pedrosanchez212@gmail.com…

Es cierto que no ha habido pruebas concluyentes tipo de “pistola humeante” y se ha llegado a la condena por prevaricación a base de indicios, pero éstos no han sido suficientes, a juicio de la Audiencia, para condenar a los acusados por tráfico de influencias. El Tribunal no ha tenido en cuenta en este caso el acertado comentario del teniente coronel Balas de que, si bien los indicios considerados aisladamente resultaban insuficientes para justificar una condena, considerados en su conjunto, aseguran una convicción incriminatoria y una conclusión probatoria.

Reacciones tras la sentencia

Según ”El Mundo”, la condena de DSP por prevaricación tiene una relevancia política trascendental, ya que constata la resistencia de los contrapoderes del Estado frente a quienes, desde el mismo Estado, han intentado debilitarlo. La desaforada reacción el Gobierno y del PSOE contra la sentencia unánime de la Audiencia de Badajoz retrata la campaña populista de descrédito de la justicia emprendida por la Moncloa, que proclama su inocencia y enmarca el fallo en una pretendida conspiración derechista, que convierte a DSP en la última víctima del ”lawfare”. Con esta sentencia, “la función social de la acusación popular queda claramente reforzada con mecanismo de control cuando la Fiscalía renuncia a acusar”.

A toque de corneta, ministros y dirigentes del PSOE han salido en tromba para defender a la víctima de la Justicia, enarbolando un argumentario sumamente débil. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la inocencia  de DSP, expresado su confianza en que los Tribunales superiores rectifiquen la condena en una causa cuyo origen estuvo en una denuncia de una organización ultraderechista, señalado que la Fiscalía había desmontado durante el juicio todas y cada una de las acusaciones en un proceso donde nunca había habido acusación particular (¿? solo ha habido 7), y mostrado su confianza en que la Justicia consagrará la inocencia de DSP, “que es en lo que creemos”. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pontificado que “la del fiscal general del Estado y ahora la de David Sánchez y Gallardo, dos sentencias y el mismo mensaje: ‘No ha quedado probado que…’, ‘no ha quedado acreditado que…’  A la Justicia solo le pedimos una cosa: que los ciudadanos podamos entenderla. A mi me parece TREMENDO”. Y el portavoz socialista en el Congreso, ese fino jurista que es Pachi López -tras leer y subrayar las 377 páginas de la sentencia-, la ha descrito como una “auténtica barbaridad”.

DSP ha pedido a la Audiencia que se excluyan de la sentencia todas las expresiones referentes a su participación en la creación y adjudicación de la plaza de Coordinador de Conservatorios, hecho por el que no fue condenado -porque prescribieron los plazos-, y la mención de sus “preferencias personales” por la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Su abogado, Emilio Cortés, considera que esa parte de la sentencia ha quedado a extramuros del caso. Sánchez Sr. no ha dicho ni mu, como suele ser habitual, y en las redes sociales circula un meme en el que se ve a un encolerizado presidente que afirma: “Qué hermano, ni qué narices. Yo soy hijo único”.

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que los demócratas no interpretan las sentencias judiciales en función de si les gustan o no. Respetan todas las sentencias de todos los Tribunales. Un verdadero demócrata no ordena a sus ministros salir a señalar a jueces con nombres y apellidos, no da cobijo a las cloacas para destruir a quienes persiguen los delitos, no mantiene que alguien pueda estar por encima de la ley por ser familiar del presidente del Gobierno, ni califica de fachas a quienes dictan sentencias que no le gustan. Santiago Abascal ha acusado al PSOE de destinar recursos a las “cloacas de Leire” para perseguir a jueces y fiscales, y recordado que más de un centenar de personas vinculadas al círculo de Sánchez se encuentran imputadas. “Lo que rodea al ejecutivo socialista es una mafia que continúa gobernando”.  Alma Ezcurra ha rematado esta referencia al señalar que “no existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia”.

Según ha comentado Antonio Naranjo en “El Debate”, pese a no saber dónde estaba Badajoz o la ubicación de su oficina, y ni siquiera el cometido de su trabajo, DSP logró una plaza en la Diputación, que más tarde fue mejorada para darle mayor rango y retribución. Para Leyre Iglesias en “El Mundo”, a DSP no se le ha tratado como a un ciudadano cualquiera. Primero fabricaron un empleo público para alguien que carecía de un trabajo estable, apenas si acudió a su puesto de trabajo y no cumplió con las obligaciones laborales a que se había comprometido. Más tarde, la Diputación hizo los cambios precisos para liberarle de la gris gestión y que pudiera centrarse en el proyecto “Ópera Joven”, que es lo que le apasionaba. Y por último, crearon otra plaza para su amigo Carrero, que vivía ya en Badajoz, pese a trabajar en Madrid.  Al fin y al cabo, era “el hermanísimo”.