Con el actual sistema, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende presentar el gobierno de manera inminente, dando protagonismo al fiscal en la instrucción en detrimento de los jueces, resultará inviable si no se cambia el Estatuto Fiscal respecto a la jerarquía y dependencia de este órgano respecto del gobierno, ha manifestado el ex portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, en el trascurso de una entrevista realizada por nuestro compañero Eugenio Narbaiza, en su habitual sección semanal, dentro del programa Agárrate de la cadena de Miami Factores de Poder, que dirige la periodista Patricia Poleo.

Ante la inmediata presentación por parte del gobierno del nuevo proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que podría producirse en los días cercanos al aniversario de la Constitución, en la que se pretende modificar tanto el papel de la fiscalía como de los jueces en la instrucción, Raimundo Prado, uno de los más antiguos miembros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, cree que es imprescindible la reforma a su vez del estatuto de la fiscalía, porque de lo contrario, la viabilidad de esta reforma, sería incomprensible, dada la dependencia de este órgano desde la jerarquía del gobierno, lo que podría provocar ciertos problemas de cara a una instrucción, especialmente en casos delicados. Por otra parte, el ex portavoz de la Asociación, nuevamente reivindica la necesidad de que los nombramientos del CGPJ cuenten con la participación en la designación por parte de los jueces, de cara a garantizar la independencia del órgano rector del funcionamiento de la justicia, puesto que no es de recibo que sean los políticos y no los jueces, quienes designen a los representantes de la judicatura.

También y como suele ser habitual, cuando se conversa con los representantes de las asociaciones judiciales, Raimundo Prado ha resaltado la necesidad de que de una vez por todas, los jueces sean dotados de los medios necesarios para desarrollar su trabajo, para lo que es necesario que las inversiones económicas se incrementen para mejorar tanto la administración de la justicia como las capacidades de los jueces para sus investigaciones.

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