Se juzga a 45 personas, entre ellos 37 policías locales, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidos en el años 2012 por el Ayuntamiento hispalense para cubrir puestos de la Policía Local

El juicio comenzará un año después de que el titular del Juzgado de lo Penal 10 suspendiera ‘sine die’ el juicio contra los 45 acusados, entre los que se encuentra el superintendente de la Policía Local, Juan José García, para quien la Fiscalía reclama 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por dos delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y de prevaricación, al igual que para los otros miembros del tribunal de las oposiciones y un funcionario del Ayuntamiento.

Por su parte, el Ministerio Público pide para los agentes locales que aprobaron estas oposiciones investigadas una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

Asimismo solicita que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario a efectos de las consecuencias administrativas y económicas que ello acarree.

El juicio dará comienzo este martes y durante las sesiones fijadas para el mes de septiembre –días 11, 13, 14, 20 y 21– las partes plantearán las cuestiones previas, estando previsto el inicio de las declaraciones de los acusados para el día 2 de octubre, comenzando por el superintendente de la Policía Local.

Juan José García, superintendente de la Policía Local.

ESCRITO DE ACUSACIÓN

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación, que fue el 11 de septiembre de 2008 cuando se publicó la convocatoria de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes existentes en el Cuerpo de Policía Local, mientras que el 1 de abril de 2011 se convocó un nuevo proceso de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes.

Comenzando por la convocatoria de 47 plazas, señala que el Tribunal estaba formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales que son agentes también del Cuerpo.

El fiscal explica que, a dicho proceso selectivo, «se presentaban determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar pos los miembros del Tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de sus méritos y aún cuando dicha resolución resultara injusta», poniendo como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.

Este último imputado, «pese a concurrir en el mismo causa de abstención por dicho doble motivo, no se abstuvo de participar en dicho proceso ni comunicó formalmente a la autoridad que lo había nombrado miembro del Tribunal dicha causa», dice el Ministerio Público, quien también cita el caso de un opositor acusado que era hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme).

El alcalde pasa revista a una dotación de la Policia Local

FILTRACIÓN «SELECTIVA»

Al hilo, dice que uno de los imputados, como afiliado de aquel sindicato, a fecha de la celebración del proceso selectivo era miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y había compartido «muchos años de labores sindicales» con el padre del opositor citado, que además «era su superior jerárquico en el sindicato», no obstante lo cual «no se abstuvo de participar en dicho proceso».

Agrega el Ministerio Público que los miembros del Tribunal acusados «filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico» a un total de 19 aspirantes, precisando que «las bases de la convocatoria ordenan taxativamente a los miembros del Tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección el mismo día del examen e inmediatamente antes de éste».

Sin embargo, el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal, «con desprecio absoluto de esa norma, elaboraron el caso práctico y la plantilla de corrección días antes del examen y filtraron de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección a los aspirantes a que tenían intención de favorecer», mientras que, con posterioridad a la elaboración de dicha plantilla de corrección «y su filtrado selectivo a determinados aspirantes», un vocal del Tribunal elaboró una ampliación o complemento a dicha plantilla «al entender que era preciso complementar algunas de las respuestas en la primera confeccionadas».

La Fiscalía señala que la plantilla de corrección inicial «filtrada» a los aspirantes seleccionados «contenía varias erratas», de manera que «los aspirantes beneficiados con la filtración de la plantilla de corrección copiaron todas estas erratas y algunas otras peculiaridades que contenía esta plantilla en sus respuestas al supuesto práctico, así como otras que contenía la plantilla complementaria elaborada».

«OPACIDAD ABSOLUTA»

«Para garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del Tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada», asevera el fiscal, que sostiene que, tras la realización de las pruebas y «conociendo la manifiesta injusticia de la resolución», el superintendente y varios miembros del Tribunal firmaron el acta y resolución finales declarando superada la prueba y aptos a los 17 aspirantes mencionados.

Entre los opositores beneficiados por la «filtración» figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa suministra ropa a la Policía Local de Sevilla, «beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario» para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.

Por lo que respecta al proceso selectivo de 56 plazas, el Tribunal estuvo conformado por el superintendente, tres vocales, un suplente y, actuando como secretario, un funcionario del Ayuntamiento, destacando que «la principal novedad para esta convocatoria era la entrada entre los miembros del Tribunal de dos funcionarias de la Junta», a cuya instancia se decidió que el caso práctico se leyera por cada opositor en audiencia pública y no a puerta cerrada como en la primera oposición, «lo que dotaba al proceso de mayor transparencia».

El fiscal asevera que a la oposición «concurrían determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar» por parte del superintendente «con independencia de sus méritos y aún cuando dicha resolución fuera injusta».

Según el Ministerio Público, y en lo que se refiere al tercer ejercicio de esta convocatoria, «que era el único en el que podían favorecer a los opositores seleccionados», el superintendente y otro acusado «idearon una filtración selectiva dirigida únicamente a aquellos opositores aspirantes a los que tenían intención de favorecer», de forma que «revelaron con antelación al examen 80 respuestas del cuestionario tipo test» a 16 opositores.