“El censo de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en 444.335 personas con respecto a las últimas generales de 2023”

El pasado lunes decíamos que el debate político seguía centrado en dos cuestiones paralelas de cara a las urnas del 29 de noviembre: quiénes podrán ejercer el derecho al voto desde el extranjero y qué garantías ofrece el voto por correo.

Ambos asuntos los tratamos en su variante jurídica. Restaba hoy analizar la incidencia numérica del voto de nuestros compatriotas del otro lado del charco; los que, ante nuestra ignorancia, van a intentar reconducir los destinos de nuestra patria.

Sin embargo, las consideraciones previstas para esta segunda entrega se han visto afectadas por nuevos matices, al haberse conocido entremedias el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictado el mismísimo Día de la Hispanidad, que confirma las medidas cautelares del 10 de septiembre, al tiempo que enreda los argumentos primarios, por lo que vamos a intentar poner orden entre tanto desconcierto.

Hagamos memoria: Iustitia Europa (después vinieron otras) fue la primera organización civil en reclamar ante los tribunales lo que debía ser elemental en una democracia: conocer los integrantes del censo, cómo llegaron a formar parte de él y examinar jurídicamente cómo se produjo cada inscripción. Y es que las citadas medidas cautelares fueron recurridas por la Abogacía del Estado, es decir, por el gobierno, y no ha sido hasta anteayer cuando el máximo órgano judicial las ha confirmado íntegramente de cara al 29 de noviembre.

Conviene no olvidar que aquellas medidas cautelares se acordaron cuando todavía no se habían convocado las elecciones generales. Y ahora, con el proceso electoral en marcha, el Supremo ha decidido mantener de forma expresa la suspensión de los efectos electorales respecto de las inscripciones comprendidas en la cautelar, con la excepción a la que nos referiremos más adelante.

Además, el Tribunal Supremo no desaprovecha la ocasión de “tirar de las orejas” al Ejecutivo al afirmar, en relación al Auto del 10 de septiembre, por el que le ponía ciertos deberes, que “el nivel de cumplimiento [… ha sido] inexistente o, al menos, desconocido”. Resulta que ni la Administración General del Estado ni el Instituto Nacional de Estadística han aportado en este tiempo información que permita conocer cuántos expedientes han sido efectivamente desglosados o cuál es el grado real de cumplimiento de lo ordenado por la Sala.

En resumen, desde hace un mes existía una resolución del Tribunal Supremo, concurría una obligación de ejecución por parte del gobierno y, ahora, la propia Sala afirma desconocer cuál es el grado de cumplimiento, sencillamente porque no se le han facilitado los datos.

El Auto afirma con rotundidad que la limpieza y pulcritud del censo constituye un valor esencial y advierte que “la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad”. Por si fuera poco, para dejar clara la inacción gubernamental, recalca: “No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla”.

Pero dejando al margen las valoraciones jurídicas, ¿qué es lo que de mollar dice la resolución judicial? Pues sencillamente que el gobierno no ha acreditado hasta ahora la legitimación de 163.020 electores inscritos en el CERA a fecha de cierre censal del 1 de agosto. Electores para los que, de forma genérica, suspende los efectos electorales salvo los de aquellos que los Registros Consulares acrediten el cumplimiento de los dos requisitos establecidos por la Sala, a saber: ser descendientes de españoles que emigraron entre 1936 y 1959 y que el motivo de ello fueran razones políticas (exiliados).

Pero, ¿de dónde sale esa cifra tan exacta de 163.020?

Desglosemos la maraña de números en la que, desde el punto de vista legal, nos movemos en relación a los hermanos gachupines que -interesados en obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ley de nietos– nos van a enseñar a votar correctamente:

– Han solicitado cita o iniciado el procedimiento: 2.500.000 aprox.

Sobre esta cifra, no olvidemos las dotes previsoras del ministro Ángel Víctor Torres, en declaraciones a El País del 13 de julio de 2026: “serán alrededor de 500.000 los nuevos nacionalizados para el verano de 2027”, curiosamente el momento de las elecciones que parecía hasta ahora irrenunciable para el sanchismo.

– Expedientes aprobados a 31/05/26: 571.761.

– Expedientes aprobados a 31/08/26: 600.684.

– Inscritos en el Registro Civil Consular a 31/05/26: 333.696

– Inscritos en el Registro Civil Consular a 31/08/26: 369.017

– Inscritos con efectos suspendidos para el 29/11/26: 163.020.

Paralelamente, los datos que al día de hoy ofrece el INE muestran que, de cara a las inminentes elecciones del 29N, el censo de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en 444.335 personas con respecto a las últimas generales de 2023, tal y como se muestra en la siguiente tabla de provincias, ordenadas de mayor a menor variación en lo que al número de españoles en el extranjero se refiere:

Cada cual hará su análisis, si bien de un simple vistazo resalta:

• Mientras TODAS las provincias, más Ceuta y Melilla, han visto incrementado el número de electores residentes en el extranjero, CATORCE provincias han perdido electores residentes en España.
• Los nuevos electores del extranjero suponen en Madrid casi un 33,00 % más que en 2023; en Baleares casi un 28,50 %; en Álava casi un 27,00 %; en Gerona casi un 26,00 %; en Soria más de un 24,00 %, cifra similar a Tarragona. Entre un 20,00 y un 24,00 % más aparecen en Castellón, La Rioja, Guadalajara, Guipúzcoa, Valladolid, Cantabria, Málaga, Barcelona, Alicante y Navarra. Veinticuatro provincias, entre ellas Sevilla con un 13,34 %, aparecen con un crecimiento de entre el 13,00 y el 20,00 %.
• Curiosamente, las provincias gallegas, por antonomasia las más generadoras de emigración a Hispanoamérica, aparece en los postreros lugares en cuanto a crecimiento del voto en el extranjero se refiere: Lugo el 11,34 %; Pontevedra el 9,85 %; La Coruña el 9,29 % y Orense, que resulta ser la última de las provincias españolas, con un 7,96 % y que, además de perder 3.716 orensanos sobre el terruño, recibe 8.197 de América.
• Zamora es la provincia que más voto autóctono pierde en estos años (justo 4.000) que se ven enriquecidos con 3.273 nuevos votantes de allende los mares.
• Asturias pierde 158 votantes en la tierrina mientras recibe 20.233 descendientes de antiguos indianos; los que, por otra parte, emigraron mucho antes del conflicto bélico.
• En Málaga, mientras la cifra de residentes ha ascendido un 3,38 %, nuestros hermanos en América han aumentado en un 21,85 %, alcanzando la cifra de 74.033 (13.277 más que en 2023).
• En Sevilla, mientras la cifra de crecimiento de la población residente ha ascendido un 2,48 %, los nuevos miarmas de Las Indias han aumentado en un 13,34 %, alcanzando la cifra de 43.565 (5.128 más que en 2023).

Sean cuantos sean los nuevos invitados a la fiesta de la democracia en España, abrochémonos los cinturones que vienen curvas…