El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que indaga las presuntas comisiones ilegales del tres por ciento en contratos adjudicados por la Generalitat de Cataluña, ha ordenado nuevos registros en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla por un presunto amaño de concursos públicos mediante pactos entre algunas empresas y la Administración catalana en los precios de licitación. Agentes de la Guardia Civil han registrado esta mañana la sede de la empresa de ingeniería y consultoría Ayesa, radicada en el complejo de La Cartuja en Sevilla

En concreto, investigando la presunta trama de comisiones ilegales del tres por ciento en las contrataciones de la Generalitat de Cataluña, el juez De la Mata habría detectado indicios que apuntarían a nueve empresas privadas de ingeniería que se presentaban a los concursos públicos de entidades de la Administración autonómica catalana, pactando entre sí para hacerse con los contratos.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados fechados entre 2008 y 2011 y de los que se desprendería que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Mediante dicho pacto, las empresas privadas que participaban de esta práctica acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al citado pacto, abarcando los hechos investigados numerosas empresas públicas de la Generalitat.

Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del ‘caso tres por ciento’ sobre la financiación irregular de Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC).

En el caso de Sevilla, los agentes de la Guardia Civil han registrado la sede de la empresa de ingeniería y consultoría Ayesa, ubicada en el parque científico y tecnológico de la Cartuja. Ante dicha situación, el director general corporativo de la empresa, Germán del Real Urbano, ha remitido a la plantilla un correo electrónico, en el que asegura que «no se está llevando a cabo ninguna investigación sobre Ayesa ni sobre ninguno de sus empleados».

«Por el contrario, Ayesa está colaborando con la Guardia Civil, a petición del juzgado correspondiente (de la Audiencia Nacional), en proporcionar información sobre terceros que haya podido llegar a Ayesa». Al respecto, fuentes de Ayesa han afirmado que la empresa tiene una oficina en Cataluña, que cuenta con una línea de negocio orientada a la ingeniería civil y que entre 2008 y 2010 habría obtenido apenas dos o tres contratos procedentes de la Administración autonómica catalana.

Los agentes, en ese sentido, estarían recabando información con relación a tales contratos, toda vez que pasadas las dos de la tarde la Guardia Civil continuaba con su registro en la sede central de Ayesa.