La recuperación económica y la alegría en el gasto en estas fechas prenavideñas, con las calles y centros comerciales repletos de público, no refleja la situación real de la sociedad andaluza donde los efectos de la crisis y el desempleo, lejos de mejorar, empeoran. Así al menos se desprende de los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial en relación a los desahucios, que se han incrementado en Andalucía, pasando de 26,2 diarios de media en 2016 a 30,6 en el primer semestre de 2017.

Estos desahucios, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) han sido promovidos por bancos y financieras, pero también por la Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y por muchos ayuntamientos con parque propio de viviendas. La ONG, ha afeado la conducta de las administraciones públicas que «no deberían desahuciar en ningún caso a familias de una vivienda pública sin agotar la vía del diálogo y la negociación, sin ofrecer alternativas reales y recurriendo a la vía penal».

La falta de alternativas habitacionales está abocando a miles de familias, provenientes mayoritariamente de la clase media y obrera empobrecida, «a la ocupación de una vivienda como única solución» reconocen desde la Apdh, donde plantean «la paralización de los desahucios de primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos  y, urgentemente, ecursos eficaces y suficientes para las personas sin hogar que de manera vergonzante para la Junta de Andalucía, viven y duermen en la calle».