Cuarenta años de estado de las autonomías solo han servido para consagrar las gravísimas desigualdades socioeconómicas que persisten entre los distintos territorios de España, unas desigualdades que siguen fielmente el mapa diseñado por el propio estado autonómico. Esta injusta, e inconstitucional, consagración de la desigualdad territorial, ha sido posible gracias a una grave anomalía democrática, que también se ha consagrado en nuestro país: el hecho de que algunos territorios tengan lobby político para chantajear al gobierno central -que es quién parte y reparte-, y que otros territorios hayan carecido históricamente de ellos. No estoy descubriendo la pólvora, pero quiero poner el acento en cómo se ha llegado a normalizar la desigualdad territorial, hasta el punto de que la reclamación de la igualdad entre españoles ha dejado de formar parte del discurso de casi todos los actores políticos. Unos actores distraídos -o distrayéndonos- con otras reivindicaciones igualitarias tan preformadas como falsas -como la de género- para que el humo oculte la escandalosa realidad social.

La desaparición del único partido nacionalista andaluz que llegó al Congreso -y allí arrancó una autonomía nominal idéntica a la de las nacionalidades “históricas”- implicó la desaparición de la reivindicación de la igualdad desde Andalucía. Con el partido andalucista se esfumó la denuncia del agravio comparativo, muy vigente hoy, y constatable cualquiera que sea el indicador socioeconómico que escojamos. La denuncia política de este agravio, sobre todo respecto a Cataluña y el País Vasco, fue reemplazada por una vacua agitación de la bandera andaluza en la mano impostora del centralismo, a izquierda y derecha. La “Andalucía en marcha” de Moreno Bonilla tiene preocupantes resonancias al huero “Andalucía imparable” de Manuel Chaves, con la agravante de querer apropiarse “de nuevo” nada menos que del himno andalucista de Blas Infante. Ambos eslóganes, desprovistos de la imprescindible reivindicación contra la España asimétrica, son tan inútiles para Andalucía como no decir nada. Porque el problema estructural andaluz es, sobre todo, un problema político, y un problema español.

El bipartidismo centralista asumió muy pronto la simbología del andalucismo político, pero lo hizo para desactivar cualquier molesta reivindicación territorial desde Andalucía. Y es que necesitaban imperiosamente privilegiar a aquellos otros nacionalismos chantajistas que les otorgaban sus mayorías parlamentarias en el Congreso de los diputados. Y en esas seguimos. Por eso Andalucía, testigo del fracaso de un estado autonómico estructuralmente corrupto y clientelar, y políticamente inoperante, ha sido la cuna de VOX. Un partido que se ha erigido, quizás sin saberlo, en la representación territorial de todos aquellos que no tienen lobby en Madrid. Y en su única esperanza de salir del vagón de cola.

El supuesto “cambio” de régimen en Andalucía no es tal, sencillamente no puede serlo con las actuales anomalías políticas a nivel nacional. Es solo la confirmación del pacto tácito entre PP y PSOE para repartirse los feudos autonómicos o baronías, y luego pactar con el independentismo chantajista en Madrid. No fue el PP andaluz quién destapó los escándalos del régimen socialista andaluz, sino la jueza Alaya; las misma que por acuerdo entre ambos partidos en el CGPJ perdió la instrucción de las macro causas de corrupción andaluza que ella misma había destapado. Aquí paz y después gloria. Nunca pretendió el bipartidismo erradicar la corrupción autonómica que comparten, ni revertir el desequilibrio territorial heredado del franquismo. Por eso este bipartidismo es enemigo natural de los territorios aún leales a la Constitución. Ni siquiera la actual autodestrucción de Cataluña en su estéril empeño independentista podrá cambiar esto. De nuevo la España leal pagará los platos rotos, siendo discriminada gravemente en el reparto de fondos europeos per cápita, como ya ha anunciado sin pudor, y sin réplica política, el inverosímil gobierno catalanista de Pedro Sánchez. 

En este contexto, la postulación de Macarena Olona como candidata de Vox a la Junta puede ser una buena noticia para Andalucía. Porque, a falta de un verdadero nacionalismo andaluz, la igualdad territorial solo puede venir de la mano de descafeinar el estado autonómico. Si no hay café para todos, les daremos un descafeinado. El desembarco de Olona supondría -por fin- asumir por parte de Vox la importancia del tablero autonómico, por más que ellos no crean en las autonomías. Desde el punto de vista estratégico también es un acierto combatir tanto al PSOE en su feudo tradicional, como al PP en su nueva y flamante baronía, con aspiraciones de taifas, emulando al gallego Feijoó.

No, el bipartidismo no ha sido bueno para Andalucía. Y el bipartidismo es lo que hoy se está restaurando a marchas forzadas. Ya se ha iniciado el reparto de las instituciones cruciales del Estado, mientras un Cs irrelevante desaparece del tablero y Unidos Podemas continúa en caída libre. Hoy por hoy, solo Vox podría quebrar el bucle de la marginación política, económica y social de una Andalucía que nunca pidió privilegios, pero sí igualdad. Ardua tarea. Porque ahora hay que desactivar una profunda red clientelar, que vampiriza los recursos que deberían ir destinados a los cambios estructurales, si es que queremos incorporarnos algún día al primer mundo europeo. No, ya no podemos seguir con esta letanía de Andalucías “imparables” mientras seguimos clavados en el mismo sitio. Ahora necesitamos una mano de hierro que ponga a Andalucía, libre de cargas, en la casilla de salida. Muchos lo firmaríamos, sí: que pudiera Andalucía, tal vez, partir de cero.