Recientemente, los españoles hemos sido asaltados por una noticia que es cuanto menos insólita. Tal es el caso de la acusación lanzada contra Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, una figura políticamente beatificada cuyo nombre ha sido manchado por una presunta víctima que ha presentado una denuncia contra el difunto gobernante por agresión sexual cuando ésta contaba con 17 años.
Es evidente que a efectos penales dicha denuncia no tiene recorrido alguno. La razón más elemental es que los hechos de los que se le acusan habrían sucedido, según su testimonio, hace cuarenta años, y la persona señalada falleció hace más de una década, extinguiéndose toda responsabilidad jurídica. No obstante, también han sido denunciadas dos mujeres que entonces eran sus secretarias, acusadas de encubrir tales hechos, cargo que igualmente habría prescrito cinco años después de los mismos.
Lo descrito en el testimonio de la denunciante anónima, cuyo nombre y rostro han permanecido en el anonimato, son extraordinariamente graves, habiendo sida lanzadas tal retahíla de acusaciones sin prueba alguna. En este sentido, los medios que se han hecho eco de tal noticia aluden a una carta que envió al expresidente en 2003 para recriminarle el daño moral que le había causado tan traumática experiencia. No obstante, si envió esa carta, no dispone de ella a menos que se trate de una copia, cuya fecha de modificación, si fue escrita a ordenador, acreditaría únicamente el momento en el que dijo haberla enviado, no así los hechos que describiría la misma, y que, en cuyo caso, deberían leerse con precisión para conocer su contenido y alcance.
Los mismos que quieren erigirse como defensores de la democracia son los que han destruido el principio de presunción de inocencia, siendo el caso de socialistas y comunistas.
En el colmo del ridículo hemos podido ver a la líder de Podemos, Ione Belarra, exigir que se retiren calles, estatuas y el nombre del Aeropuerto de Barajas a Adolfo Suárez, infringiéndole la damnatio memoriae que los romanos aplicaban a ciertos emperadores. Frente a este delirio y el silencio cobarde del PP, sólo VOX a través de Abascal en un mitin ha salido en defensa del expresidente y de la Constitución.
Una vez más se aprecia la repugnante doble vara de medir y los propósitos de involución democrática de la izquierda radical que dirige los tristes destinos de España. No nos debe extrañar que abominen de Suárez, que trajo la concordia, aquellos que están del lado de Zapatero y Sánchez, que han contribuido corrosivamente a destruir su legado, fomentando la discordia, el odio y el enfrentamiento.
Esa misma izquierda que de manera oportunista hace bandera de la igualdad, niega la presunción de inocencia a un fallecido que ya no puede defenderse, pero luego no dudan en cuestionar la palabra de las víctimas cuando los supuestos agresores son de izquierdas. Se ha visto de manera evidente en el seno de los dos partidos que integran el Ejecutivo social-comunista.
En el caso del PSOE, ante las gravísimas acusaciones lanzadas contra un colaborador tan cercano al propio Sánchez como su asesor Paco Salazar, el órgano interno del partido que tramitó las denuncias consideró que los hechos no estaban acreditados, no contactaron con las denunciantes ni escucharon siquiera su versión, eliminando incluso sus denuncias de la plataforma sin darles explicación alguna.
Al modo de la Mafia, el PSOE trató de encubrir y proteger a “uno de los suyos”, buscándole incluso una salida profesional en una embajada, como desveló un medio nada sospechoso de hostilidad a este gobierno como La Sexta.
Mientras los mismos socialistas han acudido a Fiscalía por unos hechos similares contra el alcalde de Algeciras, del PP, no han hecho lo propio contra Salazar ni han tomado medidas contra él más allá de registrar una “falta muy grave”, que a efectos prácticos sólo supone que no pueda volver a darse de alta en el partido automáticamente. No les debe parecer tan grave cuando la entonces portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se reunía con el acusado en un restaurante, tal y como desveló el diario digital Artículo 14.
Si todo lo anterior no fuera suficiente, Antonio Hernando, acusado de encubrir los comportamientos achacados a Salazar, pese a ya no ocupar cargos en el gobierno, sigue siendo militante del PSOE.
En el caso de sus socios de Sumar, la situación no es mucho mejor, ya que la entonces exdiputada autonómica de Más País, Tania Sánchez, afirmó que no dieron importancia a las acusaciones contra Errejón para no sacrificar a una figura de su importancia en la organización.
Para aquellos que dan credibilidad a una denunciante por unos hechos que supuestamente sucedieron cuarenta años atrás y once años después de la muerte de la persona a la que se acusa, no le dieron ninguna a la palabra de la actriz Elisa Mouliáa, que no sólo no es sospechosa de ser “facha” sino que era abiertamente afín a Podemos.
Nadie dentro de Sumar se tomó siquiera la molestia de preguntar a Errejón si eran ciertos los abusos sexuales de los que le acusaban, y cuando iba precisamente a terapia y ya había sido acusado de tocamientos no consentidos a una mujer en un concierto en Castellón, fue nombrado portavoz del partido en el Congreso. No abrieron una investigación interna ni tuvieron la decencia de hablar con la víctima, siendo nombrado, además en abril de 2024 secretario de Análisis Político y Discurso de Sumar, abandonando los cargos en octubre.
En enero de 2025, la propia Yolanda Díaz apeló a la presunción de inocencia de Errejón. ¿Dónde queda el tan manoseado lema “¿Hermana, yo sí te creo”? ¿Está cuestionando el testimonio de una víctima? ¿No decían que las denuncias falsas no existían?
Adolfo Suárez está siendo utilizado como en su día lo fue Luis Rubiales. Con independencia de que los hechos sean ciertos o no, resulta más que sospechoso que salgan a la luz en un momento en el que proliferan acusaciones de esa índole contra dirigentes del PSOE, desviando el foco de atención igual que el caso Rubiales, que sirvió para hacer lo propio con una amnistía abiertamente inconstitucional, que Sánchez y su gobierno en campaña negaban por activa y por pasiva.
La izquierda actual está socavando seriamente los pilares del Estado de Derecho. En su día crearon una polémica artificial para que el foco mediático se posara sobre el beso no consentido de Rubiales, pese a que después del mismo, la propia Jenni Hermoso bromeaba en el autobús con sus compañeras comparándolo con el beso de Íker Casillas y Sara Carbonero. No obstante, en estas fechas hemos podido ver en La Revuelta al actor Eduardo Casanova tocando sus partes a Broncano e intentando darle un beso en la boca contra su voluntad. Todo ello nos devuelve a lo mismo: para la izquierda no importan los hechos, sino quién los hace, tratando de implementar una especie de Derecho Penal de autor propio de la Alemania Nazi, donde las penas eran mayores si la persona que cometía el delito era judía.
Otro ejemplo pasado fue la polémica que se originó en Canal Sur cuando el presentador Juan y Medio cortó con unas tijeras la falda de una colaboradora, pidiendo Podemos su despido por sus “actitudes machistas”. No obstante, no mereció reproche alguno que Paz Padilla intentase bajar de manera forzada los pantalones a un colaborador de Sálvame. ¿No son ambas actitudes sexistas que contribuyen a cosificar a la persona? ¿Si lo son, no son ambas dignas de reproche? ¿Acaso tenemos derechos por ser de un sexo u otro en lugar de por ser personas? Eso es lo que pretende el colectivismo de la izquierda, que por medio de la ideología de género trata a los hombres como asesinos y violadores potenciales, criminalizando y creando opresores y oprimidos en su versión actualizada de la lucha de clases de Marx.
El caso de Suárez ha sido ampliamente difundido por la TVE más sectaria y politizada de la democracia, una televisión pública que el gobierno de Sánchez ha convertido en una réplica de sus adláteres mediáticos Cuatro y La Sexta, llegando a extremos ridículos al manchar gravemente sin pruebas el nombre de un expresidente, utilizando políticamente unos hechos imposibles de contrastar ante las cada vez mayores evidencias de corrupción de Zapatero en sus estrechos vínculos con dictaduras como China y Venezuela.
Condenar post mortem a Suárez es equiparable a la condena del Papa Formoso, cuyo cadáver fue desenterrado, juzgado y condenado, e incluso, por citar un ejemplo más reciente, cuando en 2008, el juez inhabilitado por prevaricación Baltasar Garzón, solicitó el certificado de defunción de Franco para, en el colmo del ridículo, comprobar si había fallecido y poder juzgarle de seguir con vida.
Esa España ideal que anhela la izquierda patria pasa por que se retiren todo tipo de honores y distinciones a Adolfo Suárez y Juan Carlos I, que, con sus luces y sombras, contribuyeron a traer la democracia y construir un país en el que todos tuviésemos cabida, mientras se siguen haciendo impunemente homenajes a asesinos etarras y se glorifica a genocidas y golpistas como Carrillo, Largo Caballero y la Pasionaria. No nos debe extrañar que un partido que contribuyó a hacer la Transición como el PSOE, hoy, de la mano de Sánchez, haya superado incluso el umbral de su propia ruindad al atacar a un difunto, pues es un paso necesario para su objetivo final: dinamitar el sistema de 1978 e implantar una república bolivariana.
