Como sucede con todo mecanismo totalitario, el título rimbombante de esta ley significa exactamente lo contrario de lo que es. Porque esta ley del “solo sí es sí”, promovida por la ministra Irene Montero y aprobada en el Congreso, no va del consentimiento sexual, ya regulado en el artículo 181 del Código Penal. Esta ley va de acabar con la presunción de inocencia. Y al fulminar la presunción de inocencia masculina en relación al sexo -criminalizándolo- esta ley acaba con la libertad sexual no solo de los varones -en primer lugar- sino con la de todos. No puede concebirse mayor puritanismo institucional, pero tampoco mayor latrocinio contra los derechos humanos, en pleno siglo XXI. Y todo ello ejecutado desde una impecable legalidad formal, incluso desde una impecable legitimidad democrática. ¿Qué nos está pasando?

Siguiendo a Javier Sánchez-Vera, catedrático de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, La presunción de inocencia no es un principio más del proceso penal: es el proceso mismo. Y continúa diciendo que, si no se preserva la presunción de inocencia, en ese preciso instante habremos dejado de ser un Estado de Derecho. En España, desde comienzos del siglo XXI, nadie ha defendido el Estado de Derecho de la degeneración política, ni del avance totalitario que por definición la acompaña. Por eso asistimos a este ensayo totalitario -en el seno de nuestra democracia- que ya no apela a las diferencias de raza o de clase como hicieron los totalitarismos del siglo XX: ahora la coartada es el sexo; la obsesión patológica por el sexo. Un proceso de demolición de nuestro Estado de Derecho, iniciado abruptamente en 2004 con la primera legislatura de ZP y su ley de violencia de género, que consagró la asimetría penal por cuestión de sexo. Ahora, con esta nueva ley orweliana, aprobada en agosto de 2022, se entierra definitivamente la presunción de inocencia. También por cuestión de sexo.

La presunción de inocencia masculina ya había sido desvirtuada por sentencia del Tribunal Supremo del año 2001, que establecía, en un caso de violencia doméstica, que bastaba el testimonio de la mujer para enervar la presunción de inocencia del marido. Esta sentencia sexista -la mujer es moralmente superior al varón y por eso su palabra prevalece- se hizo jurisprudencia, marcando el criterio judicial en nuestro país, y convirtiendo a la administración de justicia en un universo paralelo al servicio de la ideología -en este caso de género-, y regido por el principio de culpabilidad masculina. La doble perversión semántica utilizada para esta insólita pirueta jurídica no debe pasarnos inadvertida. En primer lugar, se renombró la acusación femenina como “el testimonio de la víctima”; para, en un segundo tiempo, convertir ese “el testimonio de la víctima” en “prueba de cargo”, suficiente por sí sola para la condena. Esta doble legitimación semántica -sin soporte jurídico alguno- supone un insoportable retroceso democrático. Un silogismo falaz que fulmina los fundamentos del Derecho, ejecutado además por un Tribunal Supremo que debería ser su máximo garante, y no un subordinado a los intereses políticos de sus mentores. La única novedad de la actual Ley de Irene Montero es ser rúbrica legal de esa destrucción jurisprudencial de la Inocencia y la Igualdad. La certificación política del derribo del Estado de Derecho para la mitad masculina de la población. Para pedirle el voto a la otra mitad, tal es la perversión del diseño político de este enfrentamiento social a gran escala.

Siguiendo al profesor Sánchez-Vera, en relación a esta Ley, el consentimiento ahora se entiende que no lo hay, salvo prueba en contrario, y la existencia del “sí” la tendrá que probar la defensa, incluso en las relaciones de pareja o ex pareja -para las que se establece una agravante-. Se construye así -desde este texto legal- un relato institucional acerca de que el consentimiento sexual es la excepción, y no la regla; y de que, por tanto, todo acto sexual es una agresión, salvo prueba en contrario. Dándole la razón a la activista francesa Virginie Despentes cuando denuncia que La mística masculina debe construirse como si fuera peligrosa, criminal e incontrolable por naturaleza. Por ello, debe ser rigurosamente vigilada por la ley, gobernada por el grupo. Aparece aquí el objetivo principal de lo político: formar el carácter viril como asocial, pulsional, brutal. Una preformada maldad masculina que el relato oficial contrapone a una virginal bondad femenina, siempre víctima, incapaz de mentir, como proclamaba la incalificable consigna mediática del “hermana yo sí te creo”, ahora convertida en ley orgánica.

Como en todo acto totalitario, las consecuencias de esta ley vendrán a corroborar a posteriori las falacias que la sustentaban. Podrán afirmar, por ejemplo, que aumentan los delitos sexuales -porque esta ley incentiva las denuncias, y promueve graves condenas sin garantías-; o que las denuncias falsas no existen, pues será materialmente imposible demostrar su existencia. Con esta ley el feminismo invisibiliza aún más a sus víctimas, los inocentes condenados, que tampoco existen, aunque los reos de género sean ya la mayoría carcelaria en nuestro país. Como en todo totalitarismo, el ansia de poder absoluto ha pasado por deshumanizar al otro. Lo que el feminismo de género persigue negando la bondad masculina -por simple cuestión anatómica- es despojarlos, a todos ellos sin excepción, de su humanidad; de ese valor intrínseco que se nos suponía por nuestra mera pertenencia a la especie. Lo que justifica el ulterior sacrificio de lo masculino en el altar kafkiano de la injusticia, la barbarie penal y el privilegio femenino a la arbitrariedad, entre otros.

Resulta dantesco que Ciudadanos haya votado a favor de esta ley de Irene Montero y compañía, creyendo quizás que así se salvaba de la autodestrucción. El Partido Popular, por su parte, ha votado por primera vez en contra de una ley de género promovida por la izquierda. La presencia catalizadora de VOX en el Congreso contribuye, qué duda cabe, a este loable y oportuno atrevimiento popular. Tras la aprobación de su ley, la ministra de igualdad ha declarado, en un arrebato de cinismo, que La libertad sexual por fin va a ser un derecho en nuestro país, vamos a cambiar el miedo por el deseo, esta ley va a ser un paso decisivo para construir una cultura sexual lejos del terror y de la culpa. Declaraciones que significan, como buen discurso totalitario, exactamente lo contrario, pero refiriéndose a los varones. Se jacta entre líneas la ministra de aquel desquiciado lema de las pancartas del aquelarre feminista del 8-m “El miedo ha cambiado de bando”, letanía delirante del discurso de la venganza y el odio contra los hombres, atizado sin descanso desde el poder institucional y su brazo mediático.

Ante esta declaración de guerra no declarada quizás lo mejor sería perder toda esperanza. Dejar que la soledad, al cabo, sea la tábula rasa que iguale lo humano -como hace la muerte- por la parte de abajo. Dejarnos deslizar hacia ese triste abismo que habitan las mentes enfermas del poder y del odio, y a dónde con empeño quieren arrastrarnos. Y a punto están de conseguirlo ahora, tras los ecos de tantas palabras que, entre todos, callamos.

Diego de Los Santos

Autor de Género Singular. Manual para gente sin género