El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla reclamará en la comisión de fiscalización y control del próximo viernes 15 de noviembre la derogación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), su inmediata suspensión y la anulación de las más de 20 mil sanciones impuestas desde su entrada en vigor en julio de 2024.

En su exposición de motivos, VOX explica que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son el resultado directo de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo y que en España se aplica contra los intereses de los españoles. La Unión Europea, bajo el pretexto de la lucha contra la contaminación, ha convertido sus políticas climáticas en un instrumento de control que impone uniformidad normativa e invade competencias nacionales y locales, imponiendo desde hace años un modelo único y rígido. La Directiva 2008/50/CE, presentada como una simple medida técnica para garantizar la calidad del aire, fue en realidad el primer paso de una agenda climática cada vez más coercitiva, cuyo desarrollo ha derivado en restricciones masivas a la movilidad en toda Europa.

VOX argumenta que, en algunos países como Francia, han empezado a dar marcha atrás, cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento. En España, el gobierno de Pedro Sánchez trasladó fielmente esas exigencias europeas al ordenamiento jurídico, sin matices. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, aprobada por el Gobierno socialista con la abstención del PP, transformó esa orientación europea en una obligación legal y sancionable para todos los municipios de más de 50.000 habitantes —y para aquellos de más de 20.000 que superen ciertos valores de contaminación—. El Real Decreto 1052/2022 culminó este entramado normativo, obligando a los ayuntamientos a implantar Zonas de Bajas Emisiones siguiendo las directrices impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin ningún margen para adaptar las medidas a la realidad de sus vecinos.

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, prosigue que, en lugar de permitir que cada municipio diseñase soluciones adaptadas a su realidad urbana, social y económica, el gobierno impuso un modelo basado en la exclusión de vehículos, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. De este modo el coste político, económico y social de una agenda europea mal concebida y peor aplicada ha recaído sobre los vecinos, que sufren las consecuencias de unas normas ideológicas, uniformes y de dudosa eficacia ambiental. El consenso climático de todas las fuerzas políticas salvo VOX, es el origen directo de las Zonas de Bajas Emisiones y de las restricciones que hoy padecen las familias, los trabajadores y los pequeños autónomos. 

Para VOX, las ZBE encarecen la vida cotidiana de las familias, dificultan el acceso al trabajo, al colegio o a los servicios sanitarios y castigan de forma desproporcionada a los autónomos y pequeños transportistas que dependen del vehículo privado. La renovación forzosa del parque móvil se ha convertido en un impuesto encubierto, que recae precisamente, sobre quienes menos recursos tienen. Las ZBE se han convertido en un instrumento derivado del fanatismo climático que, lejos de mejorar la calidad del aire, han roto la movilidad urbana y multiplicado la desigualdad entre municipios.

Los efectos más gravosos de las Zonas de Bajas Emisiones son los sancionadores, que han transformado una medida supuestamente ambiental en una máquina de recaudar. Miles de vecinos reciben multas automáticas por circular con vehículos que hasta hace poco podían hacerlo sin problema. Se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quien puede permitirse un vehículo nuevo con etiqueta “verde”. Esta política ha fracturado el tejido social urbano, generando una brecha entre quienes pueden pagar por moverse y quienes quedan confinados en sus barrios. Las ZBE no han mejorado el aire, pero sí han agravado la desigualdad y la sensación de abandono de los sectores más humildes, que son multados por necesidad mientras se toleran fuentes mucho más contaminantes.

En la propuesta a debatir en el Ayuntamiento de Sevilla, VOX esgrime que las Zonas de Bajas Emisiones simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad. No reducen la contaminación, pero sí limitan la libertad de movimiento y aumentan los costes para quienes menos tienen. Corresponde ahora a los ayuntamientos defender a sus vecinos frente a estas imposiciones que perjudican su vida y su entorno, y reclamar al Estado y a la Unión Europea un modelo conservacionista basado en la libertad, la proporcionalidad y el interés real de las familias y los trabajadores.