Recientemente se ha anunciado que el Gobierno proyecta incluir el concepto de “violencia obstétrica” en una próxima reforma de la ley del aborto. La noticia, como es lógico, ha provocado una notable preocupación en el colectivo de obstetras.

El comunicado enviado por el Sindicato Medico Andaluz de Sevilla es claro y contundente al mostrar su preocupación ante semejante amenaza en la reforma de la ley del aborto. La organización defenderá con todos los medios a su alcance la profesionalidad de los obstetras y se opondrá a cualquier pretensión de criminalizar su práctica profesional.

Hasta aquí es capaz de llegar este «feminismo» que ya no sabe cómo seguir manteniendo sus chiringuitos ante la falta de motivos para seguir, por mucho que intenten comparar España con Afganistán. Por mucho que quieran meter miedo a las mujeres ante un hombre violento solo por nacer varón y ahora a un ginecólogo que hace su trabajo.

Comité Ejecutivo del SMS:

«El concepto de “violencia obstétrica” hace referencia a ciertas prácticas médicas que podrían representar un trato deshumanizado de la mujer embarazada o suponer abusos de medicación o “patologización” del parto. Entre estas prácticas se contarían el abuso de las cesáreas o de las episiotomías, los partos inducidos, la técnica de Kristeller (consistente en presionar sobre el abdomen de la mujer para acelerar el expulsivo) o la imposibilidad de elegir la posición durante el parto. Como se ve, el concepto incluye técnicas diversas que deberían ser analizadas por separado. En cualquier caso, los médicos de ambos sexos estamos comprometidos con la humanización de la asistencia sanitaria, incluyendo la asistencia durante el parto, por lo que cualquier propuesta tendente a mejorar su calidad y fomentar el respeto a la dignidad de la mujer en esta área contará con nuestro apoyo. De hecho, algunas de estas críticas, como la referida al elevado porcentaje de cesáreas en nuestro medio, proceden de foros profesionales ajenos por completo a los grupos feministas.

Pero lo que ha preocupado a nuestro colectivo es la asociación de esta denuncia al concepto de “violencia”. No está claro si el término hace referencia a una posible violencia “social”, entendida como la que ejercería el colectivo sanitario, o la sociedad en su conjunto, sobre las mujeres embarazadas, o bien a la posibilidad de que actos concretos llevados a cabo por profesionales sanitarios en la asistencia al parto pudieran constituir casos de violencia de género. En el primer supuesto, resultaría profundamente injusto tachar de violenta a una sociedad y a un colectivo que tanto ha hecho en los últimos años por mejorar la calidad de la asistencia al parto, con salas de dilatación individuales o generalización de la analgesia epidural, por poner solo dos ejemplos.

Pero aún más injusto y preocupante resultaría la pretensión de considerar un acto violento una cesárea o una episiotomía que, en el peor de los supuestos, podría no estar bien indicada, pero que, en la inmensa mayoría de los casos, nacerá exclusivamente de la preocupación del profesional por garantizar la seguridad de la madre y el feto y por evitar posibles complicaciones. ¿Acaso deben los ginecólogos y, lo que es aún más absurdo, las ginecólogas, mayoritarias por cierto en la especialidad, preocuparse por ser denunciadas en el futuro por violencia de género? No cabe mayor dislate.

El concepto de violencia de género ha despertado la conciencia de la sociedad ante el grave problema que representa la violencia machista sobre las mujeres, pero forzar el concepto hasta incluir en él prácticas susceptibles de mejora en el ámbito obstétrico más parece el resultado de una obstinación ideológica que el producto de una preocupación sincera por la defensa de los derechos de las mujeres. Naturalmente, nuestra organización defenderá con todos los medios a su alcance la profesionalidad de los obstetras y se opondrá a cualquier pretensión de criminalizar su práctica profesional».