Se habla con toda naturalidad en los medios informativos de «jueces progresistas» y «jueces conservadores» y se da así, también con toda naturalidad, un primer paso hacia la demolición del Estado de Derecho. Son expresiones que recuerdan demasiado a la «justicia revolucionaria» de la china de Mao, a la «justicia divina» de la teocracia de Irán, a la «justicia popular» de regímenes como el de la Alemania nacionalsocialista o el de la Unión Soviética en tiempos de Lenin y de Stalin. Porque solo hay una justicia, la justicia a secas a la que no cabe añadir adjetivos calificativos.

Por supuesto, puede haber jueces conservadores y jueces progresistas que como cualquier ciudadano votan a la derecha o a la izquierda cuando llegan las elecciones; lo que no resulta admisible es que la justicia actúe al servicio de un gobierno, de una ideología o de un partido político. En ese caso no existiría justicia de ninguna clase, y se llegaría al disparate de que un ciudadano marxista pudiese exigir ser juzgado por un juez comunista, maoísta y con reflejos trotskistas.

Se está haciendo un flaco favor a la democracia cuando cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos de un talante democrático sin tacha continúan, por mera ignorancia, distinguiendo en las instituciones judiciales entre jueces al servicio de un gobierno conservador o de un gobierno autoproclamado «progresista». Ese es el camino que hunde el prestigio (quizás para siempre) de las altas instancias que sostienen y garantizan la libertad y la seguridad en el Estado de Derecho.