En el marco del conflicto que enfrenta a los taxistas con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Cabify o Uber, –esta última recién desembarcada en Sevilla–, el último recuento de autorizaciones para transporte de viajeros del Ministerio de Fomento refleja que en octubre, la provincia de Sevilla contabiliza 2.272 licencias de auto taxi frente a 210 de vehículos de transporte concertado
Estas cifras, contenidas en un documento oficial del Ministerio de Fomento, reflejan que entre septiembre y octubre, Sevilla sumó cuatro nuevas licencias de taxi y 13 autorizaciones más de VTC, un sector este último que supera así el número de 200 autorizaciones en la provincia, hasta un total de 210.
A colación, cabe recordar que recientemente, el Tribunal Supremo (TS) avalaba las limitaciones impuestas en 2015 por el anterior Gobierno central del PP para restringir la concesión de autorizaciones de VTC a una por cada 30 licencias de auto taxi.
En su sentencia, el Supremo ratificaba así esta proporción dictada por el anterior Gobierno central del PP y desestimaba las pretensiones de las empresas de alquiler de coches con chófer Uber y Cabify, la Unión Nacional de Autoturismos (Unauto) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), al considerar que tal limitación es una medida «idónea y proporcionada» para asegurar «el mantenimiento del taxi como un servicio de interés general».
En cualquier caso, la provincia de Sevilla sigue sumando autorizaciones tanto para la actividad de taxi como para servicios de VTC, en un contexto en el que pervive el enfrentamiento entre ambos sectores.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de «intrusismo», pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas, por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con relación al devenir de la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.
Las asociaciones del taxi, de su lado, se desligan de los altercados investigados en insisten en acusar a los conductores de VTC de incurrir constantemente en situaciones de «intrusismo» o competencia desleal.
La situación, recordémoslo, tocó techo la madrugada del martes de la edición 2017 de la Feria de Abril. Aquella noche resultaron incendiados nueve turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa Cabify con motivo de la Feria, en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.
A cuenta de tal extremo fue finalmente detenido un taxista natural de dicho municipio y socio tanto de la Unión Sevillana del Taxi, como de Solidaridad Hispalense del Taxi.
