Unidos Podemos ha pedido que el Congreso de los Diputados denuncie a Antonio Pulido ante la Fiscalía por haber negado estar imputado o investigado en esta causa durante su comparecencia del pasado 27 de febrero ante la comisión que investiga la crisis financiera de la entidad

El expresidente de Cajasol y de Banca Cívica Antonio Pulido ha defendido este lunes que «en ningún momento ningún juez ni órgano jurisdiccional» le ha comunicado que figure como imputado o investigado en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre esta entidad financiera.

En un comunicado, el actual presidente de la Fundación Cajasol ha asegurado no haber recibido «resolución judicial alguna» en la que se establezca que se haya «en situación de investigado o imputado, en los términos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal» en relación a las actuaciones judiciales abiertas por el proceso de fusión de Banca Cívica.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados estudia llevar a Antonio Pulido a la Fiscalía por mentir ante la comisión de investigación parlamentaria sobre la quiebra de Banca Cívica, de la que Pulido fue vicepresidente. El exbanquero negó estar imputado por la Audiencia Nacional por la fusión de cajas que dio lugar a Banca Cívica y la salida a bolsa de esta entidad en el 2011. El artículo 502.3 del Código Penal establece que faltar a la verdad ante una de estas comisiones “será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Pulido ha anunciado que «con carácter inmediato» se pondrá a disposición de la comisión de investigación sobre la crisis financiera para «aclarar» y «facilitar» la documentación que le sea requerida sobre este asunto. «En ningún momento he sido llamado a declarar ni he sido objeto de requerimiento judicial alguno relativo a dichas actuaciones, que tienen su origen en una denuncia de 2012, cuyo archivo provisional ha sido decretado ya en dos ocasiones por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional», ha defendido al respecto.

En la misma línea, ha explicado que a raíz de dicha denuncia y «por voluntad propia», su representación procesal ejerció el derecho a personarse en las actuaciones a efecto de tener conocimiento de las mismas y, en su caso, de ejercer su derecho a la defensa. «Dicha mera personación no puede, en mi opinión, interpretarse en el sentido de estar siendo sometido a imputación alguna de hechos delictivos, extremo que fue el que expresé en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados en la convicción de estar contestando la verdad de los hechos, lo cual ha sido siempre mi intención, en cumplimiento de la ley y del debido respeto y consideración a la Cámara que representa la soberanía de los españoles», ha concretado.