El objetivo de Soros no es tal vez manipular los resultados, sino lograr el derrumbe del modelo, un virus letal para la democracia (cap. V)
España al borde del fracaso por la irresponsable dejación en sus funciones de las juntas electorales. Si falla Trump en sus denuncias, todo el sistema estará en el precipicio

A la derecha de la imagen, George Soros, acompañado de Lord Mark Malloch-Brown, ex presidente de Smartmatic y ex vicesecretario de la ONU con Kofi Annan, nombrado el pasado 5 de Diciembre nuevo presidente de la Fundación Open Society, del propio Soros. Sustituye al frente de la organización a Patrick Gaspard, ex asesor de Obama y ex presidente del Consejo Nacional del Partido Democráta

 

Un fantasma recorre el mundo: se llama recuento electrónico de votos. O se llama Soros, como prefieran, pero en todo caso llevan más de 20 años acaparando la decisión final sobre quiénes gobiernan en las democracias y la mejor manera de hacerlo.

No cabe descartar del todo que, si después de tantos años sólo han logrado perfeccionar el modelo de fraude hasta donde vemos, quizá es que alguien pueda estar más interesado en la trifulca misma que se genera cuando se detectan los indicios que en imponer a uno u otro candidato a su capricho.

Quiero decir con ello que puede que detrás de lo que vemos haya más interés en la desestabilización, en la generación de desconfianza de las masas y en el derrumbe mismo de las democracias y del sistema que en la mera imposición de un político de una tendencia u otra.

También ocurre, por supuesto, en las dictaduras, al menos en aquellas que se parapetan en el simulacro de celebrar unas elecciones amañadas. Hay dictaduras en las que no precisan aparentar nada, por ejemplo en Cuba, donde ni siquiera acuden observadores para denunciar el fraude; tampoco en Arabia Saudí o en Corea del Norte, donde ni se molestan en hacer el paripé de convocar elecciones.

En este sentido estricto, carece de lógica alguna que Venezuela se someta a un proceso electoral ni ningún país envíe observadores de control donde ya se sabe de antemano que se trata de una farsa, hasta el punto de convocar elecciones para una nueva Asamblea Nacional donde existe una vigente.

No obstante, hete aquí que el chavismo, como ocurrió en su día en Cuba, quiso disfrazarse en sus inicios y pretendió negar sus intenciones, de modo que mientras le duró el teatro se convirtió en un banco de pruebas inmejorable para ensayar toda clase de subterfugios que permitieran poner en práctica la mejor manera de perfeccionar fraudes masivos que después pudieran aplicarse en democracias intachables a priori.

Para eso se creó Smartmatic, para explorar las maneras más adecuadas de practicar un pucherazo tras otro y pronto detectarían que se trataba de una tecnología exportable bajo la apariencia de modernidad, eficacia, rapidez, transparencia y otros veinte términos elogiosos, siempre que se ocultara la fragilidad de la seguridad y nadie cuestionara la trazabilidad del voto y, sobre todo, la capacidad de intervenir sobre los mismos por parte de las propias empresas encargadas de la recopilación y recuento.

Pero tal vez, como ya he dicho, en algún momento descubrieron que el uso de la tecnología podría tener una utilidad mucho mayor, consistente en someter a prueba la capacidad desestabilizadora apenas con hacer ver y dejar correr los indicios evidentes de fraude. Mostrar los flecos de una farsa servirían de este modo para multiplicar por mucho la influencia siniestra capaz de derribar el sistema entero, no sólo de un país, sino de manera global. Y, la verdad sea dicha, no se conoce interés alguno explícito de Soros a lo largo de toda su vida a favor de la democracia.

Al fin y al cabo, como un día descubrió el general Charles de Gaulle en Francia, “la política es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los políticos” y las grandes compañías del poder global pudieran haberse cansado ya de ver sus intereses sometidos a los cambios decididamente volubles de los votantes cada cuatro años, suponiendo, además, que el político elegido cumplirá con las expectativas depositadas.

Demasiada incertidumbre, deben haber pensado todo estos años, y ahora no están dispuestos a soportarla por mucho más tiempo. Tal vez están muy hartos y no desean más guardar las formas ni el respeto a un sistema que les deja repetidamente en el alero, a expensas de la decisión más o menos variable de millones de personas y puede que a menudo en contra de sus intereses.

¿Para qué someter el sistema de ganancias financieras a esas cíclicas tensiones electorales cuando para ellos está muy claro quiénes deben gobernar en cada caso? ¿Qué necesidad tienen ellos de sujetarse a la voluble decisión de un pueblo que de todos modos puede equivocarse en su elección? ¿Para qué gastar tanto dinero cada cuatro años en manipular las tendencias electorales si igualmente serán los ricos y poderosos quienes gobiernen nuestras vidas y, en última instancia, comprarán también la voluntad de quienes resulten elegidos?

Pues alguien parece decidido a aplanarlo todo y a convertir en tabla rasa el modelo democrático que conocemos. No sabemos aún si en el futuro piensan mantener alguna clase de votación que les legitime en apariencia, al estilo, como digo, de lo que sucede en Venezuela u ocurría en el franquismo, o si definitivamente optarán por imponer un nuevo paradigma al estilo chino que confronte los conceptos de “eficacia” versus “democracia” y permita prescindir del todo de la parafernalia de votaciones y lo que comporta.

“¿Libertad, para qué?”, enunciaba Lenin, que hoy bien podría ser traspuesto como ¿Democracia, para qué… si de todos modos haremos luego lo que nos parezca aunque conlleve multiplicar esfuerzos innecesarios y perfectamente prescindibles y nos ahorraría grandes costes y enormes dolores de cabeza imprevisibles en forma de incertidumbre?

Son muchas las maneras de generar un fraude a gran escala si le otorgas el papel necesario a un tercero que puedes considerar a tu servicio en la medida que son empresas privadas sujetas por contratos multimillonarios que ni siquiera figuran en ninguna ley de manera expresa ni están sometidas a ninguna regulación específica dirigida a ellos.

En todo caso, las regulaciones hacen referencia a delitos electorales más o menos concretos o genéricos, pero ha de entenderse bien que tales normas están pensadas para los agentes que intervienen de manera oficial en cada proceso de elecciones (partidos, administraciones, personal adscrito, etc.), siendo en tales casos las empresas encargadas del recuento meras herramientas que a menudo ni aparecen mencionadas en las leyes electorales, del mismo modo que no aparecen en las normas al respecto los bolígrafos que se utilizan ni los fabricante del papel que se emplea para las papeletas o en las actas.

Llevo ya demasiados años intentando explicar a tipos verdaderamente indocumentados pero henchidos de ignorancia y de soberbia dónde están las flagrantes fallas del modelo electoral español, que me parece de los más garantistas que conozco en cuanto a su regulación legal y que posee, sobre todo, un noble cerrojo que debiera servir de disuasión y es en todo caso decisivo para resolver las dudas y eliminar toda sospecha. Me refiero con ello a la exigencia legal de celebrar tres días después de las elecciones el llamado “escrutinio general”, única validación posible con carácter oficial de los resultados.

El problema es que la dicha Ley electoral española (la LOREG) ha dejado de cumplirse por completo por parte de las juntas electorales provinciales al menos desde el año 2000 y hasta el momento no hay manera de que se reponga su exhaustivo cumplimiento a pesar de los severos, tajantes y reiterados pronunciamientos realizados por la Junta Electoral Central al menos desde 2015, cuando la Junta Electoral de Sevilla reconoció sin ninguna clase de tapujos que no efectuaba lo que la ley prevé al menos desde el año 2000, desde que la informática empezó a penetrarlo todo a través de la empresa Indra, y pregonaba en una resolución que “suponemos [que sucede eso mismo] en todas las demás, al menos de circunscripciones de gran tamaño”.

 

 

Nunca antes se había producido tan abierto reconocimiento de la dejación irresponsable que se venía y se sigue practicando, todo ello en un ambiente de creciente tecnificación del recuento de los votos.

La Junta Electoral Central, a raíz de aquello, no ha cesado (por ahora) de emitir un oportuno comunicado en el que recuerda para cada cita electoral cómo ha de celebrarse dicho escrutinio general, en el que dice taxativamente: “Los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la Administración convocante del proceso electoral carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración Electoral, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas Mesas electorales”. Y ahí termina todo.

La Ley española, por tanto, que es la de 1985, cuando aún los ordenadores no habían penetrado en nuestras vidas, descarta toda posibilidad de apoyarse para el recuento en la supervisión de ningún otro mecanismo que no sea el de contar acta por acta de las de papel todos los datos y ninguna misión le otorga sobre vigilar el sistema informático de recuento, que a efectos legales no pasa de ser un show televisivo, un mero entretenimiento para consumo de masas en la misma noche electoral y al servicio del Gobierno de turno.

De nada sirve que las JEP de España pretendan, en el mejor de los casos, reducir su tarea al cotejo de los datos de las actas de papel con los que figuran en el ordenador de una empresa contratada por muchos millones por la Administración que convoca y organiza las elecciones. Esto es una farsa y una dejación irresponsable que, una vez conscientes de ello y de lo expresado por la JEC, debiera ser motivo para ser considerado por las fiscalías respectivas como comisión de un ilícito penal de consecuencias devastadoras para sus protagonistas.

Los soberbios y los ignorantes alegan que los partidos no permitirían que un pucherazo sucediera, pero lo cierto es que durante 20 años llevan asistiendo y asintiendo a la violación de lo que la JEC ha dicho que es la tarea que han de cumplir escrupulosamente… y aquí no pasa nada. (Para saber más, pulsar aquí: España en el ojo del huracán del “fraude electoral más atroz de la era moderna”, según Rudolph Giuliani. La tecnología española se esconde detrás de los recuentos (I) )

No seré yo quien tenga que demostrar los motivos por los que todos los partidos callan, sino que debiera ser suficiente con acreditar, como ya se ha hecho por activa y por pasiva, que las JEP incumplen la Ley Electoral de manera grave y fraudulenta con el silencio cómplice de todos los partidos. Y, por lo demás, cualquiera puede comprobar que, según se desarrollan los actos de escrutinio general, ni siquiera cumpliendo con los requisitos de la Ley, los representantes de los partidos tienen a su alcance el estar presentes en el conteo una por una de las actas y sólo deambulan durante toda la jornada por la sala, a varios metros de distancia, sin posibilidad de certificar o garantizar lo que se recuenta.

No me detengo ahora más en los detalles de todo esto, salvo para deslindar ante los incautos, los confiados, los ingenuos o los ignorantes que lo que queda en zona oscura no es, en todo caso, el recuento que se realiza en cada mesa de la noche electoral, sino a partir del momento en el que un, llamado gratuitamente, “representante de la Administración”, que no representa a nadie, salvo a la empresa informática que le paga, reenvía los datos de las actas de cada mesa a través de una tablet o de un teléfono móvil y los introduce en una base de datos que sólo está controlada por la citada empresa privada, ajena a las leyes y a toda transparencia, la cual ofrece en apenas dos horas el resultado casi completo de esas elecciones sin que nadie, más tarde, vuelva a comprobar si se ha actuado sobre esos datos de forma torticera, cosa que un simple algoritmo sería capaz de generar en cuestión de milisegundos, como así se viene demostrando desde el pucherazo mexicano de 1988 a favor del candidato Salinas de Gortari y ahora queda expuesto y a la luz en una veintena de estados de las presidenciales norteamericanas.

Desde aquel año 88, como ya vimos en el Capítulo IV de esta serie de reportajes (Pulsar aquí: La batalla de Trump: Del pucherazo electoral de JFK al de Biden, pasando por el PRI y España (IV) ), los sistemas informáticos se han venido incorporando de manera creciente a los procesos de recuento y lo han hecho de varias formas, todas ellas sospechosas, que alcanzan desde la posibilidad de emitir el voto individual pulsando un botón en alguna máquina y cuyo destino es absolutamente incierto por más que la máquina pueda emitir eventualmente un boleto acreditativo que quizás no coincida con el partido al que se le computa ese voto, hasta la posibilidad de que sean las máquinas mediante lectura óptica las que identifiquen cada papeleta emitida en una urna y luego lo computen donde le parezca al administrador de la propia máquina o donde lo desee el algoritmo programado a tal efecto. O, item más, que la máquina proceda al recuento de un mismo voto varias veces hasta alcanzar la cifra deseada sin que te salten las alarmas…, a menos, como también se ha certificado, que seas tan burdo y obsceno, que superas con el número de votos el de personas censadas para votar o incluyas hasta votos de fallecidos hace más de 80 o de 100 años. Todo vale.

Igual sucede con la manera pedestre de conducirse que se ha demostrado masiva en el caso de los votos por correo o en la simple incorporación al recuento de maletas enteras llenas de votos falsificados que salían de debajo de las mesas aprovechando la ausencia de los observadores republicanos, a los que no se les ha dejado en muchos casos ni acceder a las salas de recuento con la excusa del covid19 o se les tapaban con cartones las cristaleras para supervisar lo que se hacía o se les mantenía muchos metros de distancia.

En el caso de España, la trazabilidad del voto por correo y la fiabilidad de su custodia está también bajo sospecha y cada día más, sobre todo después de que el Gobierno colocase de inmediato como presidente de dicho organismo a un amigo del primer ministro del que se desconoce ninguna preparación objetiva para dicho cargo y después de saber que en demasiadas circunscripciones provinciales españolas el voto por correo le es muy favorable a la candidatura de Podemos, a pesar de que cuenta apenas con el 13% de los votos en el Parlamento. Nadie, sin embargo, ofrece los datos separados del voto por correo para conocer el comportamiento objetivo del mismo a lo largo de los años.

Dominion y Smartmatic, empresas en las que han invertido grandes fondos de inversiones de Soros y hasta de Bill Gates, han sido esta vez en EE.UU. los ‘artistas’ de este burdo negocio opaco plagado de fantasmagorías y fullerías en el que ha participado también de forma secundaria la empresa catalano-americana Scytl a través de sus servidores, conectados con las máquinas de recuento en diversos Estados a través de Internet, algo prohibido por la normativa norteamericana.

Scytl, a su vez, ha participado en varios procesos electorales autonómicos, municipales, europeos y generales de España, sobre todo a raíz de que el Gobierno de Rajoy apretase y castigase a Indra para lograr el cese de su presidente, Javier Monzón, cosa que consiguió en 2014 y tras ese hecho los contratos recayeron de nuevo en exclusiva en manos de Indra, la multinacional participada por el Estado (y por Soros) y en la que en noviembre pasado ha entrado también el Banco Santander. (Para saber más, pulsar aquí: El “nudo español”: La lucha por el control de un “caballo de Troya” y de una empresa en quiebra asfixia a la democracia más avanzada del mundo desde España. El Santander entra ahora en el capital de Indra (II))

Curiosamente, el pasado día 5 de Diciembre de 2020, coincidiendo con una serie de cambios inexplicados introducidos en los algoritmos de Google y de Facebook (ni se sabe el motivo de esos cambios ni sus efectos pretendidos), la Fundación Open Society de George Soros procedió a nombrar a un nuevo presidente de la misma, un ex vicesecretario general de la ONU con Kofi Annan, Mark Malloch Brown, que hasta ahora ocupaba el cargo de chairman de… ¡Smartmatic!, la empresa de origen venezolano encargada del recuento de votos en muchos Estados de las pasadas presidenciales y acusada de fraude masivo tanto ahora como durante 13 años en la Venezuela de Chávez y Maduro, como la propia empresa confirmó en 2017 (Pulsar aquí: Atraco en el gran banco de votos de EE.UU. La confesión de un directivo de Smartmatic convierte a los venezolanos en los principales sospechosos (III))

 

 

Los cambios en la presidencia de dicha sospechosa Fundación suelen producirse siempre en diciembre. De hecho, el hasta ahora presidente, Patrick Gaspard, fue nombrado un 14 de Diciembre de 2017 y, a su vez, el antecesor de éste, Cristopher Stone, fue nombrado un 6 de Diciembre de 2011.

El nuevo presidente de Open Society, patrocinadora de una agenda mundialista que incluye el aborto, la inmigración irregular, la promoción de violentos movimientos izquierdistas radicales y del feminismo o de la lucha obsesiva que derrapa en todas partes contra el cambio climático, viene de ser, como ya digo, chairman/presidente de la empresa Smartmatic, matriz a su vez de Dominion, ambas en el ojo del huracán del fraude electoral. Malloch-Brown era ya miembro del consejo global de la Open Society y ahora sustituye a Gaspard, quien entró a presidir la Fundación de Soros un año después de que Trump ganase las elecciones.

Malloch-Brown, y este es el final de esta historia por ahora, ejerció nada menos que de vicesecretario general de la ONU con Kofi Annan en la etapa más contumaz de promoción de todos esos mismos temas que auspicia la agenda de Soros, y sustituye al frente de la Fundación a Patrick Gaspard, que fue asesor y director de la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca con Obama y director de Política Nacional para América del mismo presidente, así como director ejecutivo nada menos que del Comité Nacional del Partido Demócrata.

Con tales antecedentes no es nada arriesgado concluir cuáles son las intenciones ni cuáles los métodos de actuación de Soros y sus secuaces.

La pregunta, pues, es muy sencilla: ¿quién ha ganado las elecciones en EE.UU.? La respuesta es más sencilla aún: ni Biden ni Trump, sino George Soros…, a menos que las denuncias de Trump y su equipo de abogados produzcan los efectos deseados.

¿Y quién cree usted que las va a ganar en España si nadie remedia este desconsuelo con la connivencia ciega y estúpida de los presidentes de todas las JEP de España? Pues eso.

(Continuará)




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