Uno de los rasgos más característicos del Antiguo Régimen era la distinción de los súbditos en diferentes castas, estamentos y particularidades. Había nobles y gentes del común; individuos privilegiados, que no pagaban impuestos, y otros “pecheros”. Había personas sometidas a la jurisdicción nobiliaria y otras a la eclesiástica o a la universitaria. Había derechos especiales y fueros para colectivos determinados, territorios y organismos variopintos. En fin, que no existía la igualdad jurídica y la sociedad estaba regida por una maraña de normas de origen ancestral que consagraban el particularismo jurídico.
Frente a este estado de cosas se alzó el estado liberal, proponiendo como un ideal el de la igualdad de todos ante la Ley. El objetivo era crear un estado formado por ciudadanos libres e iguales, responsables y también solidarios entre sí. En ese contexto se inscribe el conocidísimo artículo 14 de la Constitución Española, que reza: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Evidentemente, cuando este precepto se redactó en 1978, el ideal de la igualdad ante la Ley ya no era ninguna novedad, como sí lo fue en 1812. Pero, aunque no se lo crean, el artículo transcrito que a priori suena tan bien y parece tan acertado, tuvo y sigue teniendo aún muchísimos detractores, que lo ven como un disparate. Gran parte de estos detractores los podríamos situar a la derecha, pero también los hay a la izquierda, incluso en eso tan ambiguo que se llama el “centro político”.
Los más derechistas adujeron que ese igualitarismo no era justo, pues lo que hace es homogeneizar realidades que son naturalmente desiguales, y por eso sostuvieron durante mucho tiempo que los ciudadanos más cultos o más adinerados debían tener más derechos. Así lo afirmaban en tiempos los partidarios del sufragio capacitario o censitario. También dijeron que los hombres debían tener más derechos políticos y sociales que las mujeres, porque estas “no entendían de los asuntos públicos” (Casualmente, en España la izquierda votó masivamente contra el voto femenino por razones oportunistas, en 1931). O que los creyentes de religiones minoritarias no podían tener los mismos derechos que los de la religión mayoritaria. Todavía hoy, hay quien ve como algo justo que los habitantes de ciertas regiones dotadas de derechos históricos (forales) paguen menos impuestos que los de las regiones del común. La única razón para este trato inicuo es que “siempre ha sido así” y la Constitución lo permite. Pues bien, debe notarse que este prejuicio derivado directamente del feudalismo medieval es sostenido por todos los partidos del establishment político actual, con la única excepción de VOX. A ver quién es aquí el “ultraderechista”.
Sin embargo, en la práctica, los mayores enemigos del artículo 14 se encuentran a la izquierda política. La razón que aducen estos es que existen en nuestro país múltiples colectivos-víctima, que por razones históricas no pueden ser tratados con igualdad, ya que son grupos constitutivamente más débiles que supuestamente requieren de determinados privilegios (suponemos que transitorios, aunque esto nunca lo dicen) para conseguir la igualdad real. Por eso, es propio de la izquierda y de la ultraizquierda la consideración de que, siendo la mujer un colectivo que tradicionalmente ha estado en inferioridad civil, debe gozar de ciertos privilegios legales que equilibren la situación. Por eso han creado leyes que invierten la carga de la prueba si la denunciante es mujer y el acusado es varón; por eso ponen castigos más severos a ellos que a ellas por conductas similares. Y si eso le parece a usted mal, le acusarán de ser un machista que disfruta cuando matan a las mujeres: ese es el nivelito.
Desde mi modesto punto de vista, una mirada a nuestras esposas, madres e hijas no justifica ninguna inferioridad estructural. En un país donde hay ministras, catedráticas, ingenieras y bomberas en cantidades industriales; en un país en el que las tasas de feminicidio son de las más bajas del mundo (y ojalá bajaran aún más), ya me dirán ustedes la necesidad que hay de quebrar ese artículo 14 que tan bien suena en teoría. Francamente, yo no veo que hayan tenido ninguna traba especial personajes como Ana Botín, Mª Dolores Dancausa, Paloma Escudero o Encarnación Roca.
Lo mismo decimos de otros múltiples colectivos que pretenden hoy obtener derechos especiales sobre la base de agravios pasados. A los millonarios negros norteamericanos, como Andrew Young, David Dinkins o E. Thomas Williams, no les perjudicó el haber tenido antepasados esclavos, porque ya han vivido y crecido en un régimen de libertades en la tierra de las oportunidades. Parece de sentido común.
Pues bien, en este contexto se enmarca la “lucha” de los homosexuales por sus derechos, que no es otra cosa que decir la lucha de los colectivos homosexualistas (que no es lo mismo) por obtener un trato de favor sobre la base de su orientación sexual. Si lo que dice el artículo 14, es que todas las condiciones accidentales del ser humano (su raza, sexo o religión) no pueden servir de excusa para tener privilegios, ellos aducen lo perseguidos que estaban en el pasado para exigir algunos extras. Llegados a este punto, alguno dirá que los homosexuales que se han manifestado en las últimas semanas no piden ningún tipo de derecho especial, sino solo visibilizar el “orgullo” que les produce su orientación sexual. Pero ya me dirán ustedes si forma parte de sus derechos elementales el que el contribuyente español tenga que abonar, por ejemplo, 14.900 euros en preservativos anales con motivo de estos fastos. Cualquier chiste que se les ocurra sobre esta triste cuestión, que se me ocurren a montones, puede ser acusado de homófobo y, por supuesto, me lo voy a ahorrar. Y como ese gasto, a montones. ¿Sería mucho pedir que el dinero público se dedicara a finalidades, digamos, más nobles?
Todos los partidos políticos, con la excepción de VOX, están arrodillados ante este tiránico colectivo que exige cada día más y más prerrogativas. Algunos, como C’s, suplican casi con lágrimas el ser admitidos en una fiesta en la que los anfitriones (con dinero público) deciden quién puede y quién no puede ir. Y para colmo, el Ministro del Interior justifica, sin ambages, la violencia y el linchamiento de los disidentes. Y a todo eso le llaman democracia.
Y ahora la cuestión es determinar quiénes son aquí los moderados y quiénes los ultras. El amable lector puede discernir quiénes son los que se toman en serio el artículo 14 de la Constitución y quiénes son los que opinan que los españoles son iguales ante la ley, pero como decía Orwell, “unos son más iguales que otros”.
