Más justicia que privilegio
Keka Alcaide
La abogacía sigue reclamando por una pensión justa, que no privilegiada. Se estima que 2.500 abogados en activo están en riesgo de recibir pensiones por debajo de 400 euros, y otros 15.000 podrían cobrar entre 500 y 700 euros mensuales, tras más de 35 años de ejercicio.
Durante años, los abogados autónomos en España —especialmente aquellos integrados en la Mutualidad de la Abogacía— han sido víctimas de un sistema de pensiones profundamente injusto. A diferencia del régimen general de la Seguridad Social, las prestaciones que perciben estos profesionales al llegar a la jubilación son, en muchos casos, indignas y muy por debajo del umbral de la suficiencia económica.
Hoy, su reclamación por unas pensiones justas no solo es legítima, sino urgente. No se trata de un privilegio corporativo, sino de una demanda esencial de justicia social, amparada por el principio constitucional de igualdad.
Miles de abogados ejercientes fueron “obligados” durante décadas a cotizar exclusivamente en la Mutualidad de la Abogacía, sin alternativa real ni información clara. Muchos de ellos descubrieron demasiado tarde que, al alcanzar la edad de jubilación, recibirían pensiones muy inferiores a las que hubieran percibido si hubieran cotizado al régimen general de la Seguridad Social.
Un problema económico, político e institucional
El Estado permitió que miles de profesionales quedaran fuera del sistema público sin garantizar una mínima equiparación o cobertura futura. Cabe preguntarse, pues, dónde quedó el principio de protección del Estado a quienes contribuyen activamente al funcionamiento de la justicia.
En los últimos años, miles de abogados —muchos de ellos jubilados— han iniciado acciones judiciales y administrativas, con el respaldo de plataformas como Movimiento #J2.
Reclaman como base las mejoras fiscales en fase de Jubilación, establecer una ventana para que exista la posibilidad, puntual y voluntaria, de que los Mutualistas que lo deseen puedan recuperar sus aportaciones con destino al RETA y canjear su capital acumulado por años de cotización y mejorar la posibilidad de compatibilizar jubilación a efectos de cobro de pensión con el mantenimiento del ejercicio profesional.
Pero pese a las múltiples reclamaciones individuales y colectivas —algunas ya con recorrido en tribunales nacionales y europeos—, la respuesta del Gobierno ha sido, y sigue siendo, ambigua y lenta. Aunque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha reconocido la necesidad de revisar el encaje legal de las mutualidades, aún no ha promovido una solución estructural.
Mientras tanto no se ha establecido un mecanismo claro de integración voluntaria o transitoria al régimen general para quienes cotizan en mutualidades. No hay compensación para quienes han sido perjudicados económicamente durante décadas. Y no se ha revisado a fondo el modelo de previsión social alternativa.
La Unión Europea, nuevo actor en juego
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una solicitud presentada por la Abogacía Española para investigar la situación de miles de abogados. La investigación se abre mientras la proposición de ley del PSOE, que permitiría a los mutualistas integrarse en el régimen público de cotización (RETA), continúa paralizada. Ante la falta de avances legislativos, la Abogacía Española elevó el caso a Bruselas el pasado noviembre.
El presidente del Parlamento Europeo ha confirmado que la petición entra dentro del ámbito de la UE y se llevará a cabo una investigación preliminar. El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha expresado su satisfacción y ha recordado que una pensión digna no es solo un derecho constitucional, sino un pilar fundamental del modelo social europeo.
Mutualidad renueva naming y estrategia
La Mutualidad de la Abogacía, durante años, se presentó como una alternativa equiparable a la Seguridad Social. Pero el diseño del sistema —basado en capitalización individual — ha demostrado ser insuficiente para garantizar pensiones dignas en un entorno económico cambiante, con inflación creciente y esperanza de vida al alza.
Recientemente la Mutualidad ha eliminado de su nombre la referencia a Abogacía, y llevado a cabo un ambicioso plan de medios con el anuncio del rebranding. La intención es clara, desvincularse de la campaña de descrédito a la que puede verse sometida y tratar de blindarse ante posibles intervenciones o noticias que le impliquen.
Esta reclamación va más allá del interés gremial. Nos interpela como sociedad. No se debe seguir avalando un sistema que castiga a quienes han cotizado y trabajado con esfuerzo, solo por haberlo hecho desde una mutualidad. Las pensiones dignas para los abogados no son un capricho corporativo. Son un espejo de nuestra coherencia democrática. O quizá, de la falta de ella.
