Este sevillano solicitó dos créditos para que su pareja abriera un bar y solo cuatro meses después se vieron obligados a cerrar por el Estado de Alarma declarado a causa de la Covid-19. Además, el afectado, trabajador por cuenta ajena en otra empresa, sufrió un ERTE que le hizo imposible pagar las deudas contraídas.

El caso ha sido llevado íntegramente por los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro especializada en procedimientos de insolvencia.

Solución legal a la insolvencia: Ley de la Segunda Oportunidad

La situación vivida por este deudor de Sevilla no es fácil de sobrellevar. A finales de 2019, aprovechando su estabilidad laboral, solicitó algunos préstamos para montar un bar junto a su pareja. Estas previsiones fueron frenadas en pocos meses, ya que en marzo de 2020 se declaraba el Estado de Alarma en todo el país a causa de la pandemia de la COVID-19.

Este contratiempo supuso un duro golpe para ellos, tanto en su economía como en la salud. Esto no se quedaba aquí, sino que el deudor fue afectado por un ERTE y perdió una parte considerable de sus ingresos. Tras ello, le fue imposible devolver la cuota total de las deudas y decidió buscar una salida legal.

Consultó las posibilidades que tenía con los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Tras ser asesorados por estos letrados decidió declararse insolvente y acogerse a la comúnmente denominada “Ley de la Segunda Oportunidad”.

Primera ventaja de declararse insolvente: suspensión de pagos de los créditos 

Tal y como expone Pepe Domínguez, abogado responsable de este caso, “la presentación del preconcurso de acreedores en el Juzgado proporciona una sensación de alivio al deudor. Con este instrumento, se concede una suspensión de pagos y embargos por un plazo provisional de tres meses, lo que permite al interesado un respiro económico”.

Aprovechando esta protección, se procedió a tramitar un intento de acuerdo de pagos con las entidades acreedoras (Banco Cetelem y BBVA) en notaría. Con esta continuación de los trámites se extiende la misma protección frente a reclamaciones de pago y ejecuciones judiciales. 

A pesar de la buena intención del deudor, no se llegó a convenio en esta fase. Domínguez asegura que la mayoría de estos acuerdos no se aceptan, pero que esto no es una mala noticia. “Es muy común que los acreedores ni siquiera respondan al plan de pagos propuesto cuando ven que se propone una quita de más del 60%. No obstante, siempre hay que tramitar este paso antes de pedir el perdón del 100% de la deuda, así nos aseguramos que el cliente tenga la consideración de deudor de buena fe”, aclara el letrado.

Finalizada la segunda fase, se procedió a solicitar la declaración de concurso de acreedores y, habida cuenta de la buena fe del deudor, se dio el resultado esperado: el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Sevilla la exoneración del pago de todos los créditos pendientes.

Requisitos que marca la Ley de la Segunda Oportunidad

Para acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos. Estos son: la insolvencia del interesado, que la cuantía global de la deuda no supere los cinco millones de euros, el intento de un acuerdo de pagos y, por supuesto, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos. Todo esto se resume en que el solicitante sea un deudor “de buena fe”.

Una vez comprobadas estas condiciones, el juez encargado del presente caso no ha tenido dudas y ha perdonado a este funcionario la totalidad de las obligaciones pendientes de abonar hasta la fecha.

Esta resolución dictada el pasado 27 de julio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 24.022,59 euros. Desde entonces, los acreedores del asociado no podrán reclamar ningún pago más al ya ex-deudor ni incluirlo en ficheros de morosos.

No es el primer caso en el que la Asociación de Ayuda al Endeudamiento consigue ante la facilidad de financiación. El más reciente fue el 17 de noviembre en Sevilla liberando a un matrimonio, siendo ambos empleados públicos, más de 125.000 euros de deuda. Todas las sentencias son de acceso gratuito en la web de la entidad.