Tras conocerse las nuevas medidas de endurecimiento del Estado de Alerta, que incluyen la prohibición de los despidos y la suspensión de los contratos temporales, la Confederación de Empresarios Andaluces ha mostrado su rechazo a las decisiones motu propio y sin consulta previa del Gobierno, calificándolas de “decepcionantes e inoportunas”.

 Para los empresarios,  las medidas tomadas por el Gobierno impedirán sentar las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen ser adoptadas a espaldas de la realidad que viven los empresarios y autónomos en España por culpa de la pandemia.

 Afirman los empresarios que “se trata de unas medidas absolutamente desleales con el mundo empresarial que, desde un primer momento, se ha puesto a disposición del conjunto de la sociedad, con innumerables muestras de solidaridad y compromiso, a pesar de que muchos sectores prácticamente tienen prohibido el ejercicio de su actividad, además de aquellos otros que pueden ejercerla, pero están en mínimos de facturación”.

 Argumentan además que “las empresas que en el ámbito laboral se han visto obligadas a tomar medidas, han optado por la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de jornada. No se trata de despidos, sino de medidas cuyo impulso se acordó trasladar de forma conjunta por las centrales sindicales mayoritarias, CEOE y CEPYME, al inicio de esta crisis y que en parte se incorporó a la normativa elaborada por el Gobierno de España, en concreto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”.

 Añaden que en la exposición de motivos de ese Decreto Ley, expresamente se cita: “es preciso adoptar medidas que proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados”. De la legalidad se desprende para los empresarios que “ es el propio Ejecutivo el que, a instancia de las organizaciones económicas y sociales más representativas, hace una apuesta por la flexibilización, es decir, la suspensión o reducción de jornada, como forma idónea para garantizar el empleo y reforzar la protección de los trabajadores. Sin embargo, en su comparecencia del sábado, y sin consultar con las organizaciones empresariales, ha cambiado radicalmente de criterio”.

 También declaran los empresarios que “el Gobierno plantea ahora que las medidas aprobadas son temporales, cuando lo que estamos viviendo en este momento no es ya una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial”.

 Valoran los empresarios que “dos de esas medidas, la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales, son decepcionantes y hasta cierto punto, perjudiciales para la economía. No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchos casos, no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar”.

 Para los empresarios “el planteamiento no sólo no es realista, es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está provocando el fallecimiento de miles de personas en España, para despedir a trabajadores.

 Es una amenaza más que un aviso, para que la empresa no extinga un contrato temporal cuando la naturaleza de esta relación contractual marca claramente un principio y un fin, con independencia de las circunstancias sobrevenidas. Según se desprende de lo expresado por la ministra de Trabajo, el contrato temporal se deja en suspenso con los perjuicios que ello conlleva para la empresa”.

 La gravedad de las medidas es tal que para el ámbito empresarial  suponen “una restricción para el principio Constitucional de Libertad de Empresa, porque no es cierto que en todos los casos la situación sea necesariamente temporal. Hay pedidos y trabajos que se van a perder desgraciadamente. Aunque todos lo deseáramos, no se trata de un mero paréntesis de la economía como pretenden hacer creer, obligando además a las empresas a mantener empleos durante seis meses, cuando en muchos casos será muy difícil.

 Este no es el camino para seguir, ni mucho menos. Estas decisiones perjudicarán el equilibrio económico y la salud de las cuentas públicas y aumentarán considerablemente el déficit, además de reducir de forma drástica la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país. Más aún cuando miles de empresas y autónomos están luchando para evitar el cierre, en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial.

 El sector empresarial quiere, en una situación de crisis provocada por el COVID-19, sostener la economía y el empleo. No es adecuado plantear más parón de la actividad y no es de recibo que se vuelva a imponer el “Monólogo Social”.

 Por otra parte, se hace necesario recordar que hasta la fecha el Gobierno no ha atendido las peticiones que en su momento le realizaron CEOE-CEPYME y CEA, en el ámbito fundamentalmente fiscal. Por ejemplo, qué va a suceder el próximo 31 de marzo, cuando nuestras empresas tengan que afrontar los pagos de las nóminas o de la Seguridad Social e incluso del IVA y el IRPF en el mes de abril. Se han propuesto por los empresarios medidas para mejorar la financiación y la liquidez, pero con moratorias fiscales imprescindibles”.

 Para concluir en sus declaraciones, “CEA, como también lo hacen sus organizaciones nacionales CEOE-CEPYME, lamenta que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado, cuando se requiere justamente un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras. Los empresarios andaluces volvemos a pedir responsabilidad y, sobre todo, una forma de hacer política a la altura de las circunstancias, porque sin lugar a dudas, habrá un antes y un después de esta crisis”.