En cumplimiento del auto judicial , los condenados por los abusos sexuales contra una joven en Sanfermines han acudido a firmar en los juzgados sin que ninguno de ellos haya hecho declaraciones, más allá de confirmar que «se encuentran bien»
Los cinco miembros de ‘La Manada‘ esperarán en sus respectivos domicilios a que se resuelvan los recursos de apelación contra la sentencia que los condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento. Tanto las defensas de ‘La Manada’ como el Ministerio fiscal y las acusaciones particular y populares presentaron recursos de apelación a la sentencia conocida el pasado mes de abril. Corresponderá decidir sobre estos recursos a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que podría pronunciarse a partir del mes de septiembre. Posteriormente cabría recurso contra el Tribunal Supremo.
El primero en acudir a los juzgados ha sido el militar Antonio Jesús Cabezuelo, que ha llegado minutos antes de las 9,30 horas de este lunes a la sede de los Juzgados de Sevilla para cumplir con su obligación de firmar semanalmente una vez que fueron puestos en libertad provisional.
Un segundo miembro de los cinco integrantes del grupo de WhatsApp ‘La Manada’, José Ángel Prenda, ha entrado sólo en los juzgados a las 10,45 horas, saliendo cinco minutos después y marchándose de las instalaciones en una moto cuyo conductor le esperaba. La salida se producía rodeado por el tumulto de los medios de comunicación apostados a las puertas del juzgado, quienes le preguntaban si se encontraba tranquilo y bien, a lo que Prenda ha respondido afirmativamente.
Los cinco condenados están obligados a comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono. Cabe recordar que, además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares para los cinco acusados.
En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria. También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro. De la misma manera, les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y la prohibición de comunicación con la víctima.
