En Sevilla, como en el resto de España, la hostelería ya no puede aguantar más. Le ha tocado soportar la peor parte de la pandemia sin una demostración efectiva de que la apertura de sus locales sea la mayor causa de los contagios. Los profesionales del sector han vuelto a manifestarse cruzando el centro de la ciudad y lanzando un nuevo SOS a las administraciones central y autonómica.

Están a la expectativa de las decisiones que el denominado comité de expertos pueda tomar hoy miércoles, sobre todo las que vayan a afectar a la próxima Semana Santa.

Se alberga la esperanza de que se suprima el cierre perimetral entre las provincias andaluzas y sea más tarde al toque de queda, medidas que de llevarse a cabo posibilitarían más tiempo para la apertura de los establecimientos.

Pero mientras tanto la hostelería camina, a punto de reventar y agotarse, tras el último lema y proclama de su manifestación de ayer: “Un año de pandemia, 12 meses de abandono, 365 días de penurias”. El colectivo se siente criminalizado y señalado como especialmente responsable a la hora de extender los contagios, pero lo cierto es que no hay pruebas evidentes ni criterios unánimes de los expertos para dar por seguro que los bares y restaurantes causen notablemente los contagios. Al contrario, si ha podido obtenerse datos de que el porcentaje es mínimo.

Sevilla, junto a las siete restantes provincias andaluzas, clamó ayer en el desierto de las administraciones -sobre todo la estatal- y a cuyos hosteleros no les llegan verdaderamente las ayudas directas. Desde La Campana hasta la Plaza de España, donde se ubica la Delegación del Gobierno de España, los aproximadamente 1.000 participantes en la convocatoria reivindicaron otra vez -y van…- el derecho a defenderse económicamente abriendo libremente sus negocios. Antonio Luque, vicepresidente de la Federación Andaluza de Hostelería, lo dejó muy claro : “Tienen que entender que para sobrevivir nos hacen falta nuestros negocios abiertos, que llega un tiempo que no podemos seguir cerrados sin dar cenas”. Y añadió con tono desesperado: “No podemos más, realmente estamos al límite”.

Reclamaron el derecho no sólo a abrir bares y restaurantes, sino además todo lo que conlleva el ocio nocturno: discotecas, salas de fiesta y eventos de diferente naturaleza.

Aportaron los datos generales de toda España, indiscutiblemente dramáticos: con cerca de 85.000 negocios ya cerrados, 10.000 de los cuales han tenido que hacerlo en Andalucía, donde se ha perdido el 20% del total del empleo nacional.

Respecto a las cuentas con la Junta y a la veracidad de las ayudas concedidas, indicaron que sólo han recibido hasta la fecha un único pago de 1.000 euros por trabajador autónomo. Y concluyeron: “No sólo necesitamos que nos oigan, necesitamos trabajar”.