Tras la declaración prestada en su momento por Castro, el fiscal entiende que los hechos investigados no son constitutivos de delito de apropiación indebida y falsedad documental

La Fiscalía  ha solicitado el archivo de la causa contra el presidente del Sevilla FC, José Castro, investigado por administración desleal y falsedad documental, al no ver «debidamente acreditada la comisión de infracción penal» en su uso de la cuenta del club ni en la transacción de unas acciones.

En un escrito el Ministerio Público se pronuncia sobre la petición hecha por la defensa de Castro para el sobreseimiento de esta causa que investiga el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla a raíz de una denuncia presentada por el accionista minoritario Agustín Martínez.

Inicialmente, la Fiscalía vio indicios de delito por cargos en la cuenta del club de más de 118.000 euros en gastos personales como viajes particulares, aunque consta su reposición posterior.

Castro declaró como investigado en el juzgado el pasado 26 de febrero y previamente lo hicieron como testigos el director del Sevilla FC, José María Cruz, y el responsable de Administración Javier Cano.

Tanto de estas declaraciones como de la documentación aportada por la defensa, la Fiscalía concluye que se trata de un tipo de cuenta creada en 1998 en un momento de dificultad económica del club para hacer aportaciones y que tienen a su disposición «todos los miembros del Consejo de Administración».

Esta cuenta, prosigue el Ministerio Público, se encuentra «regulada legalmente, conocida y controlada por la sociedad» y que el Sevilla mantuvo como deferencia a sus socios con mayor dedicación en la que pueden cargar gastos que luego reponen.

El fiscal admite que resultan «llamativas o ajenas a la actividad deportiva del club» algunas de las disposiciones hechas por Castro en la cuenta -entre ellas extracciones para una de sus sociedades o viajes personales-, si bien considera que «no parece lógico que cuando aquél ha aportado al Sevilla importantes cantidades de dinero, esta cuenta no genere ningún tipo de problemas y que, cuando el saldo es favorable a la sociedad, se cuestione su uso».

Añade que «la cantidad total de la que dispuso el investigado ha sido reintegrada, no sufriendo por tanto la sociedad ningún perjuicio».

Se trata de una «cuenta con socios y administradores prevista en el Plan General Contable, que no hace más que reflejar los saldos acreedores o deudores de la sociedad para con sus titulares» y para la que hasta septiembre de 2017 el club «nunca» fijo ni «el límite máximo de crédito que podían tener los socios titulares ni el plazo de devolución de los saldos de los que era acreedora la sociedad, ni los conceptos que aquellos podían cargar en la misma».

«Es una cuenta incluida dentro de las cuentas generales que formula anualmente el Consejo de Administración y se aprueban por la Junta General de socios, por tanto sometida al control de la sociedad y de las personas que la componen», continúa el escrito de la Fiscalía, por lo que no ve indicios de delito de administración desleal.

En cuanto a la supuesta falsedad documental en la compraventa de dos paquetes de acciones por parte de Castro -una a los herederos de un socio fallecido y otras de un mismo vendedor al que compró unas acciones pero que durante unos días aparecieron registradas a su nombre más de las que le había adquirido-, la Fiscalía considera acreditado que se trató de «errores» en la anotación de ambas compraventas que quedaron subsanados en el libro de registro