Entre las muchas dejaciones que el PP ha realizado durante años para no reivindicar aspectos de la vida cotidiana que puedan causarle enfrentamiento o desgaste con las izquierdas obsoletas, una no menor es la patraña de «la brecha salarial», referida, claro está, a hombres y mujeres, concepto que debidamente prostituido y manipulado de antemano ellos convierten en indiscutible, a pesar de su absoluta falsedad.

No es cierto que una mujer en España cobre menos salario por realizar idéntico trabajo y en las mismas circunstancias que un hombre. Es algo que no sólo lo prohíben la Constitución y las leyes laborales de forma teórica, sino que cualquier denuncia en dicho sentido goza de inmediata y efectiva protección en los juzgados correspondientes y además en plazos de tiempo perentorios y hasta tasados. Hasta existe un cuantioso Premio que nadie ha conseguido después de una década para quien presente un sólo caso real.

Pues ahí siguen y no es del todo raro escuchar de cuando en vez a una sabina o a un profeta del PP manoseando semejante falaz argumento en coincidencia casi total con una Yolanda cualquiera o con una Susana Díaz predilecta de Triana (¡ahí es nada, magnánimo alcalde!).

Con su pan se lo coman, aunque esas desgracias las terminamos pagando siempre los ciudadanos, pero la verdadera brecha salarial, incontestable, que aqueja cada vez más a los españoles, es la que se abisma a grandes zancadas entre el ciudadano común y el colectivo de funcionarios, en el que han de incluirse necesariamente a los políticos, los cuales se apañan generosamente lo suyo del presupuesto.

Y además con episodios épicos como el de la pandemia, donde millones de personas mantuvieron durante dos o tres años, según el caso, sus sueldos intocados o incluso adaptados al alza mientras que la inmensa mayoría de ciudadanos tuvieron suspendida por decreto la actividad que les permitía sobrevivir, sometidos a una incertidumbre absoluta e incapaces de planificar una actividad a medio plazo o proyectar nada en colaboración con otros agentes económicos o sociales. La brecha en ese período se hizo colosal y es ya irrecuperable.

Durante todos esos meses, aunque no se haya querido subrayar lo suficiente, las familias vieron limitado su consumo por las circunstancias, pero los funcionarios seguían ingresando sus emolumentos (a menudo sin doblarla o bajo el eufemismo del «tele-trabajo»), así que éstos terminaron por acomodar algunos gastos propios en asuntos tales como los muebles de jardín, las reformas de sus casas, etc, pues al fin y al cabo estaban logrando retener aquella parte de sus sueldos que antes se gastaban en salidas de ocio, viajes, etc. Empresas como Leroy-Merlin y otras de ese mismo sector corroboraron con sus cifras cuanto digo en ese tiempo con la obtención de unos beneficios verdaderamente extraordinarios.

Mientras tanto, el resto de ciudadanos no sólo vieron congelados sus ingresos en el mejor de los casos o sus posibles expectativas de crecimiento, lo mismo como empleados que en general como autónomos (salvo algún sector concreto), sino que muchos se vieron derrumbados, abocados al cierre o a la trampa mortal del paro o de ERTES inciertos, sin término o sin salida.

Esta brecha salarial va a seguir creciendo, aumentada por el efecto multiplicador de aquel período de pandemia y de expansión de la inflación, y está construyendo de facto una España de dos velocidades artificiosas y falseadas, a la vez que son tiroteados con subidas de impuestos inasumibles en millones de casos y que sólo están al alcance de los funcionarios y políticos que alimentan sus nóminas del dinero que el Estado saquea a los trabajadores y a los autónomos. Como alguien dijo: «…hasta que se acaba el dinero de los demás». O sea, socialismo.

Así las cosas, el Estado acaba de anunciar una oferta de empleo público casi infinita de 40.000 funcionarios más, incapaces de generar riqueza pero que habrán de ser sostenidos por los empleados por cuenta ajena, por los autónomos y por las empresas; es decir, las clases medias y trabajadoras pagando con sus vidas y su esfuerzo el alimento del dragón que les somete.

Entre los funcionarios es sabido que los menos formados ganan más que sus pares del sector privado, así como los más formados ganan menos que sus iguales de la empresa. Pero, ojo, porque esto no es así cuando se trata de políticos, asesores o personal de libre designación, entre los cuales también los funcionarios alcanzan a ser candidatos.

Los funcionarios son ya un 16,5% del empleo total y en España tienen un coste de producción del Estado de casi 9 puntos superior a la media de la OCDE. No es extraño, claro, que los jóvenes en España no quieran jugársela a emprender (cada vez son menos), sino que prefieren quedarse mamando de la teta del Estado, como si fuesen MENAS recién aterrizados en el paraíso pero con sueldos asegurados (mientras la realidad no demuestre lo contrario) y con subidas por encima del 2,5% anual. Sólo queda elegir bien en qué región de España acomodarse, porque esa es otra brecha demencial e insoportable…

Y a nada de esto, a menudo con el amparo silencioso del PP, el social-comunismo 2030 lo llama desigualdad.

He dicho.