La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVAPRO) sigue con atención el anuncio realizado por el Gobierno Central sobre la próxima aprobación de un Real Decreto-ley en materia de vivienda que podría incluir una modificación del tratamiento fiscal de las viviendas de uso turístico en el IVA.
AVVAPRO señala que aún se desconoce el texto oficial de la norma, por lo que cualquier valoración definitiva deberá realizarse una vez se publique su contenido articulado. No obstante, la asociación traslada una posición clara y contundente: rechaza cualquier subida indiscriminada del IVA y, en particular, el planteamiento anunciado de elevar al 21% la tributación de las viviendas de uso turístico sin distinguir entre realidades distintas.
El Gobierno ha avanzado públicamente que esta medida formaría parte de un paquete más amplio en materia de vivienda que pretende aprobar en julio. En este contexto, AVVAPRO considera que el alojamiento turístico reglado forma parte del ecosistema turístico, genera actividad económica, empleo y cumplimiento normativo. “Cualquier reforma fiscal debe diferenciar entre oferta irregular y operadores profesionales que actúan dentro del marco legal, evitando soluciones generales que penalicen a quienes cumplen con sus obligaciones”, defienden desde AVVAPRO.
La asociación recuerda que el alojamiento turístico reglado forma parte de la cadena de valor del turismo en Andalucía y contribuye a la generación de actividad económica, empleo y oferta complementaria en el territorio. Por ello, considera que cualquier reforma con incidencia sobre el sector debe abordarse desde los principios de seguridad jurídica, neutralidad fiscal, proporcionalidad y colaboración público-privada. “La solución no debe pasar por penalizar al operador que cumple, sino por mejorar la regulación, reforzar la inspección, combatir la oferta irregular y trabajar con datos fiables”, subraya la patronal de viviendas turísticas.
AVVAPRO defiende que los retos vinculados a la ordenación del mercado deben abordarse mediante instrumentos eficaces de regulación, supervisión e inspección, así como a partir del análisis de datos objetivos que permitan diseñar respuestas ajustadas a la realidad del sector.
En esta línea, la asociación continúa trabajando de forma coordinada con otras entidades territoriales para trasladar una posición común ante las instituciones competentes, manteniendo su compromiso con la defensa de un modelo turístico equilibrado, sostenible y plenamente compatible con el derecho de los ciudadanos a desarrollar una actividad económica dentro de la legalidad y con plena seguridad jurídica.





