El cúmulo de «despropósitos» contemplados en la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, denominada por la izquierda como ley mordaza, ha puesto en pie de guerra a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles anuncian movilizaciones en noviembre por lo que consideran una modificación que agrava aún más su estado de «indefensión» y pérdida de derechos. «Cómo quieres que te defienda si tengo un brazo atado a la espalda», dice nuestro interlocutor.

– A la espera de saber cómo se pondrá en práctica la nueva norma, lo cierto es que en su articulado se recogen algunos puntos bastante polémicos. Por ejemplo, el hecho de que grabar y difundir imágenes de los agentes no constituirá infracción alguna a partir de ahora.

– Consideramos que es un error porque nos pone en riesgo a nosotros y a nuestras familias. Sería un daño irreparable. Me gustaría, salvando las distancias, que cualquier trabajador se pusiera en nuestro lugar. Resulta bastante preocupante que nuestras caras aparezcan en un medio público durante el transcurso de una actuación. Y si nos vamos a territorios más delicados de España, la situación se agrava mucho más.

– Además, los agentes no podrán grabar a los infractores.

– Otro error. Si tomamos imágenes de alguna persona es porque ha cometido algún delito o infracción administrativa, con lo cual es poner más trabas a nuestro trabajo.

– Tampoco será necesario comunicar previamente una manifestación espontánea si «el ejercicio pacífico de tal derecho precisa de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora […]». 

– Es también otro gran error, puesto que puedes poner en riesgo tanto a los agentes, a los manifestantes y a los ciudadanos. Si no se comunica previamente, no podemos establecer un dispositivo de seguridad que organice como es debido el libre derecho de manifestación. Desgraciadamente, tenemos casos graves de compañeros y ciudadanos agredidos por violentos en este tipo de manifestaciones. Sobre todo se trata de una cuestión de seguridad para todos. 

– Y para rizar el rizo, limita la responsabilidad solo a los organizadores. ¿Qué pasará si estos se quitan de en medio?

– Esto es un despropósito. Cuando se comunica una manifestación siempre hay un responsable que da la cara. Si se da el caso de que nadie se haga cargo, calcule cuáles serán los resultados. Alguien se tiene que hacer responsable para que no haya altercados.

– Se reduce el tiempo de detención máxima de seis a dos horas. 

– Es una traba más a nuestra labor. Pongo un ejemplo muy simple. Por ley, una persona tiene que llevar algún tipo de documento o acreditación de identidad. Si una persona no va identificada, o se niega a identificarse, se le traslada a un estamento policial para que se proceda a su correcta identificación. ¿Hay medios? Sí. Pueden ser las huellas dactilares o a través de instrumentos informáticos. Pero, si esta persona se niega a facilitar nuestra labor, este procedimiento se amplía a un tiempo superior a dos horas que no permiten realizar las labores de identificación correspondiente.

– Llama mucho la atención el hecho de que se diga que para que los atestados resulten veraces, han de ser «coherentes, lógicos y razonables». ¿Qué ocurre, que antes no lo eran? Según los sindicatos, es abonar la inseguridad jurídica.

– Correcto. Nos ponen a la misma altura que un delincuente. El testimonio de un agente tiene la misma validez que una persona detenida. Evidentemente, hay que demostrarlo todo y la presunción de inocencia va siempre por delante. Cuando realizamos nuestro trabajo intentamos que se haga bien y que en nuestra credibilidad impere la coherencia y la lógica, porque debemos demostrar que esa persona ha cometido un delito. Lógicamente, no se falsea un atestado, porque cometeríamos un delito también. No sabemos exactamente de qué y por qué viene todo esto. Se entiende que un juez condena en base a unos atestados. Por ejemplo, una agente de tráfico tiene presunción de veracidad en su denuncia, y si un ciudadano dice que no en dicha denuncia, si nos ponemos a la misma altura, un juez no tendrá capacidad de decidir quién dice la verdad. Es una de las cosas que nos llamó bastante la atención. Es también un despropósito mayúsculo.

– También se habla de que las cuantías de las multas irán en función de la capacidad económica de cada persona. 

– Nosotros ahí no debemos entrar. Es el Poder Legislativo el que lo hace y nosotros ejecutamos.

– Y qué me dice de «evitar cacheos denigrantes y desnudos».  

– Todo esto viene regulado y nos llama la atención que se reduzca aún más. En los años que llevo trabajando no he visto ningún caso de abuso por parte de ningún compañero. Todo cacheo en dependencias policiales queda registrado.  No se cachea a todo el mundo por sistema. Se hace cuando hay sospechas. Un alto porcentaje de los cacheos que se hacen terminan dando positivo.

– La tenencia de drogas pasa a ser leve.

– Somos meros cumplidores de la ley y lo que nos digan es lo que vamos a hacer. En esta cuestión, es la propia sociedad la que nos empuja a actuar de un modo u otro. Es el Gobierno el que tiene que decidir sobre la regulación de esas sustancias ilegales. También es una cuestión llamativa. Todos sabemos la problemática que conllevan las drogas. 

– ¿A qué cree que responde esta norma?

– Lo ignoro. Lo que es muy llamativo es que estamos viviendo últimamente bastantes agresiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ante esta situación, enviamos un escrito conjunto con el sindicato unificado de la policía solicitando al Ministerio del Interior, al señor Marlaska, una demanda de endurecimiento de las penas del Código Penal en este sentido. Posteriormente, el PP hizo una pregunta parlamentaria a la cual respondió el Ministerio de Justicia diciendo que no tenía previsto modificar nada. Nos llama mucho la atención que cuando aumentan las agresiones a policías sea cuando se promueva esta ley. Queremos transmitirles a los ciudadanos que somos como ellos y también tenemos derecho a nuestra defensa. Consideramos que vulnerar nuestra intimidad con la difusión de imágenes es una actuación bastante grave contra un colectivo de la ciudadanía, en este caso los policías.

– Da la sensación de que se está preparando el terreno ante una hipotética pérdida de elecciones. 

– Nosotros somos meros cumplidores de la ley esté el Gobierno que esté. La vamos a cumplir a rajatabla. Lo que queremos es poder defendernos. Queremos transmitirle a la ciudadanía que nosotros actuamos según las órdenes que recibimos de nuestros superiores, de la subdelegación o delegación de Gobierno, con lo cual si no nos dan herramientas para defendernos, difícilmente los defenderemos. Y pongo el ejemplo de los compañeros mossos d’esquadra, que desgraciadamente están en una situación de absoluta indefensión por parte del Gobierno autonómico. 

– ¿Y cómo piensan hacer su trabajo a partir de ahora?

– Como esto está empezando a rodar, no sabemos cómo vamos a actuar. Viendo lo que se nos viene encima, la cosa va a estar complicada. Por el momento, conocemos solo unas pinceladas de lo que va a ser la ley y poco más. También tenemos previsto organizar concentraciones junto al sindicato de la policía en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España para protestar por esta nueva norma. Aprovecho y hago un llamamiento a todos los compañeros a participar.

– Esto parece el mundo al revés.

– Somos el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Esto es como si te atan un brazo. Cómo quieres que te defienda en una pelea. O cómo defender la ley si te restringen las herramientas. Tenemos un problema. Lo peor para el Poder Ejecutivo es que la mayor parte de la ciudadanía opina igual que nosotros. Son muy pocos los que apoyan esta norma. No obstante, somos demócratas y obedeceremos lo que nos manden desde el Gobierno. Una cosa hay que dejar clara: sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado debe haber siempre un control exhaustivo y, en relación con la Guardia Civil, que cualquier mala actuación de nuestros agentes los pone directamente de patitas en la calle o en prisión. Desde siempre se ha andado con mucho cuidado en las actuaciones o en cuestiones que tengan que ver con coartar las libertades de cualquier ciudadano.