Lo ha hecho en dos escritos dirigidos al juez en los que a través del abogado Jordi Pina pide que se lo ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno.

El expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lo deje en libertad para poder ser investido en un pleno del Parlament el 12 de marzo. Argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.

Por ello, solicita al juez la «inmediata puesta en libertad provisional» y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días. En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen «permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12 de marzo».

Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. «Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al ‘caso Yoldi’ y no desautorizará aquella decisión», arguye Pina.

Pina también pone énfasis en «la muestra evidente de la voluntad, no sólo personal (Jordi Sànchez), sino de todo su grupo parlamentario (JxCat), de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido» y recuerda que la candidatura de Sànchez se presenta «una vez que se ha decidido retirar la previa candidatura de Carles Puigdemont tras el correspondiente pronunciamiento cautelar del Tribunal Constitucional».

«Se estaría lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su autonomía», añade Pina, que considera que sería una grave alteración de voluntad de los ciudadanos catalanes manifestada en las elecciones del 21 de diciembre y que supondría un grave daño para la credibilidad nacional e internacional de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo.