La delegada de Urbanismo del Ayto. de Bormujos, Isabel Madera, ha presentado una subvención en Diputación de Sevilla a fin de financiar la construcción de 6 viviendas en régimen de protección especial destinadas a su venta, logrando con ello desde Urbanismo incrementar el parque municipal de vivienda protegida.

En esta actuación, las referidas viviendas, ubicadas sobre solares de titularidad municipal, irán edificadas en la zona entre la Plaza José Moreno Gordillo e Inmaculada Vieira, más concretamente en los inmuebles ubicados en las Calles Gines, Tomares y Almensilla. El importe de la promoción será de 690.000€.

Desde hace más de una década estas viviendas se encuentran okupadas ilegalmente. Para hacer frente a la construcción de estas VPO en régimen social se ha de proceder al desalojo de dichos okupas con el objeto de que la demolición y nueva construcción sea viable. Una lacra la de la okupación por la que “llevo luchando desde que entré en el consistorio” y para lo que ya “he puesto en marcha los mecanismos necesarios”, ha manifestado Madera.

«La inacción de anteriores gobiernos frente a este okupación ilegal ha sido crucial para que muchos bormujeros en estado de necesidad, se vean perjudicados sin poder acceder a una vivienda a la que pueden tener derecho. Son viviendas que deben estar al servicio de familias realmente necesitadas, que por desgracia existen en el municipio. Y no voy a mirar para otro lado con los okupas ilegales que estén dentro”, asegura la delegada.

Madera insiste que no es deber sino obligación el erradicar la okupación ilegal por parte de las instituciones. “Siempre he denunciado la impunidad de la okupación ilegal y he exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada”.

En su municipio, y desde su delegación de Urbanismo, se puso en marcha la maquinaria correspondiente que permite actuar en consecuencia. Se han auditado las viviendas de las zonas, se han solicitado los títulos habilitantes, se han reconocido la identidad de los okupas y, “ya se ha procedido a una desokupación”.

Esta okupación, inicialmente estuvo liderada por algunas familias, pero el efecto llamada de la Ley Sánchez y su negativa a endurecer la ley, ha provocado que se dupliquen las ocupaciones en el municipio sevillano. Según el IEE, las denuncias por este tipo de casos se han multiplicado por más de seis en los últimos 15 años y sólo en el periodo entre 2018 y 2024 han crecido un 34,5%.

“El problema de la okupación ilegal es que últimamente no sólo no se condena, sino que se están alimentando los derechos de los ocupas e inkiocupas por delante del de los propietarios”, concluye Madera.